Impunidad administrativa

El martes 3 de agosto la asociación Impunidad Cero presentó el estudio “La Impunidad administrativa en México” el cual da un diagnóstico de la impunidad en las instituciones estatales derivado de la falta de sanciones administrativas de los servidores públicos. Durante dos años solicitaron y revisaron información a instituciones locales como Auditorías, contralorías y fiscalías estatales, así como el Poder Judicial en los 32 estados.

La evaluación consistió en identificar el número de denuncias, quejas, informes de auditoría o procesos administrativos que tienen que ver con la aplicación de responsabilidades administrativas, para detectar en cuántas se aplicaron sanciones o absoluciones, considerando incluso impugnaciones y resoluciones posterior a ellas. Para hacerse de información, la asociación realizó 72 solicitudes de información en cada estado. En el caso de Morelos, las instituciones mencionadas no respondieron a 13 solicitudes (18%), 36 solicitudes se respondieron de forma incompleta (50%) y solo 23 solicitudes se respondieron de forma correcta.

Con las respuestas obtenidas, solo se pudo generar información de la Fiscalía General de Morelos, la cual se identificó con un 83.83% de impunidad, es decir, que solo el 17% de las denuncias contra servidores públicos concluyeron con sanciones. En el caso de la auditoría (ESAF), Contraloría y Poder Judicial no se pudo obtener un índice porque no proporcionaron información o las respuestas fueron deficiente.

Los resultados del índice de impunidad administrativa no están apartados de la realidad. En Morelos padecemos de corrupción e impunidad, sobran los escándalos e ineficiencias en las administraciones gubernamentales a nivel estatal y municipal.

La Plataforma Nacional de Transparencia del año 2020 nos arroja datos en el rubro “Servidores Públicos Sancionados”. En el caso del Tribunal Superior de Justicia publica 7 servidores públicos sancionados, cinco con destitución del cargo, entre ellos cuatro jueces, un funcionario más con inhabilitación temporal y otro con suspensión del cargo. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización reporta un servidor público sancionado que corresponde a Alfredo Reyes Benítez, presidente municipal de Atlatlahucan con resarcimiento de recursos y una suspensión por 75 días por inadecuado manejo de recursos en 2011. La Fiscalía General no reporta sanciones.

La Contraloría de Morelos reporta solo 12 servidores públicos sancionados, una estructura de más de 5,000 empleados. De los 12 sancionados, 8 son suspensiones de uno a tres meses, 3 son destituciones e inhabilitaciones y uno con amonestación y suspensión de tres días. De estos 12 servidores públicos, los cargos de más alto nivel son 2 subdirectores, 3 con nivel de jefatura de departamento y 7 de rangos menores o de base. Los 12 sancionados de 2020, 10 son de procesos iniciados en 2017 y dos de 2018. Efectivamente, no hay directores generales, subsecretarios y mucho menos secretarios o gobernadores sancionados, las administraciones han sido tan pulcras que no hay funcionarios de alto nivel sancionados.

Entre la ESAF, Fiscalía, Contraloría estatal y el Tribunal Superior de Justicia suman 19 servidores públicos sancionados en 2020 de un universo de casi 10 mil funcionarios, sin considerar los otros más de 5 mil funcionarios municipales que la ESAF está facultado para sancionar. Así tenemos que los servidores públicos sancionados en Morelos durante 2020 representan el 0.2% en el ámbito estatal y de ellos, ninguno tiene cargo de director o superior, salvo los cuatro jueces sancionados.

De ese nivel es la impunidad administrativa en Morelos, por ello, es necesario que las instituciones mencionadas transparenten datos de los procesos de denuncias, estatus y conclusión. No es necesario proporcionar datos personales, pero sí el estatus de procesos administrativos, de lo contrario el combate a la corrupción seguirá siendo una simulación en Morelos y el deterioro de las condiciones de vida de los morelenses se irá incrementando.

De parte de los ciudadanos, no podemos dejar solo en manos de los funcionarios la persecución de la corrupción, debemos dar seguimiento a las acciones de estas instituciones en el combate a la corrupción.