FGE promueve en Tlaltizapán el uso de la justicia alternativa
Con la finalidad de contar con un mayor conocimiento de los que son los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC), y de esta manera lograr una capacitación hacia servidores públicos municipales y ciudadanía de la zona sur de la entidad, se realizó una reunión de trabajo entre el Centro de Justicia Alternativa (CJA) de la Fiscalía General del Estado y autoridades de Tlaltizapán y organizaciones civiles.
La directora del Centro de Justicia alternativa, Yazmin Aguayo Baheza, sostuvo reunión de trabajo con Francisco González Nava, Regidor del Municipio de Tlaltizapán y con la presidenta de la Fundación Mujeres Educando en Familia (MEFAC), Sugeily Cabrera Flores, con quienes se acordó establecer acciones de colaboración institucional a fin de ampliar el conocimiento entre la población de los que son los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Se estableció la importancia de la capacitación dirigida a servidores públicos y ciudadanía en general de la región, a efecto de socializar las ventajas que ofrece la justicia alternativa para solucionar conflictos entre particulares sin llegar a procesos jurídicos que impliquen costos adicionales para las partes y se pueda llegar a arreglos entre las personas.
Yazmín Aguayo Baheza, directora del CJA, informó que se concretó una amplia agenda de trabajo con las autoridades del Municipio de Tlaltizapán y la Fundación MEFAC, que incluye la capacitación y la colaboración para la difusión de los trabajos de medicación, en la región sur del estado y con ello, la población tenga la posibilidad de solucionar de manera rápida los conflictos que enfrente con otros particulares.
Destacó que parte importante de las acciones, es elevar la cultura de la denuncia, pues a través de la misma, se pueden activar los procesos de atención que deriven en soluciones mediante la aplicación de métodos alternos como la mediación, la conciliación y la junta restaurativa.
Refirió que el Centro de Justicia Alternativa puede intervenir en delitos como homicidio, lesiones, amenazas, allanamiento de morada, robo, despojo, abuso de confianza, fraude genérico y específico, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, daño, incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, sustracción o retención de menores e incapaces, discriminación, despojo, abigeato y hostigamiento sexual.