Escala de Grises - Una parte del problema

Una pareja se trasladaba a bordo de una camioneta (presuntamente sin placas y a exceso de velocidad) por la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara. Las condiciones bajo las que circulaba el vehículo fueron advertidas por tres elementos de la Guardia Nacional, mismos que les marcaron el alto con comandos luminosos.

A partir de ese momento, inició una persecución que culminó cuando los elementos de seguridad activaron sus armas de fuego. Mientras realizaban la detención, se dieron cuenta de que una de las personas había perdido la vida a causa de los disparos; se trataba de una joven de 16 años con dos meses de embarazo.

Tras recapitular lo ocurrido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado dirigido a la Guardia Nacional (GN) y a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por violaciones graves a los derechos humanos.

Los tres elementos federales aseguraron que dispararon a los neumáticos de la camioneta y que, además, fueron amenazados por el conductor, mismo que les apuntó con un arma. Sin embargo, el hombre ha asegurado que en ningún momento amenazó a los guardias. Por otro lado, la titular de la SSCP no se había posicionado al respecto.

La Recomendación 70VG/2022 fue publicada el 10 de octubre bajo la premisa de que los elementos en cuestión no cumplieron con lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza ni con los estándares internacionales establecidos para el uso de armas de fuego. Principios como el de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, eficiencia y profesionalismo fueron incumplidos.

En resumen, el uso de la fuerza  por los elementos de la GN no intentó reducir al mínimo los daños, lo que “vulneró el derecho humano a la vida, la integridad, la seguridad y legalidad de las dos víctimas de la agresión”. Por ello, la CNDH solicitó que se inscribiera a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que proceda la “inmediata reparación del daño ocasionado”.

Del mismo modo, la CNDH solicitó a la SSCP colaborar con la autoridad ministerial, colaborar con el seguimiento de la denuncia administrativa y remitir el caso al Juzgado de Distrito Correspondiente. Finalmente, exigió el diseño e impartición de un curso sobre el Manual del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza dirigido a elementos de la Guardia Nacional.

El objetivo principal es que hechos similares a los ocurridos en Jalisco ocurran una vez más, por lo que es imperativo que aquellas personas adscritas a la Guardia Nacional reciban una formación no solo en el uso legítimo de las armas de fuego, sino también en derechos humanos.

Además de la exigencia de atención tanatológica y psicológica por parte de personal especializado y una compensación justa para las víctimas, hay cuestiones que no podemos dejar de exigir a las autoridades mexicanas. La formación recomendada por la CNDH es importante, pero el primer paso es que la Guardia Nacional y el mismo estado acepten su responsabilidad.

Solo a partir de lo anterior se podrá iniciar el proceso legal correspondiente, eso considerando que el abuso de poder, la corrupción o la aparente inmunidad por parte de funcionarios no interfieran en el proceso. La falta de capacitación y el uso indebido de la fuerza son nada más una parte del problema.

Los derechos humanos no están a discusión, no hay negociaciones que puedan reemplazar la palabra “inherente” de sus características y tampoco hay argumentos suficientes para convencer o justificar su vulneración. Por lo tanto, el proceso a seguir tampoco debería cuestionarse o ponerse a consideración.

Gracias a las filtraciones del grupo Guacamaya, retomadas en la Escala de Grises anterior, ha sido posible evidenciar las múltiples fallas sistemáticas que continúan reproduciéndose en todas las instituciones responsables de nuestra seguridad. La situación parece cada vez más preocupante y desesperanzadora; especialmente para quienes continúan creyendo en el discurso enunciado por Andrés Manuel López Obrador.

Lo ocurrido en Jalisco es una muestra más de la negligencia por parte de las autoridades y de la ausencia de consideración en lo que respecta a derechos humanos, situación que se ha normalizado a nivel nacional. No bastará con estar pendientes de la respuesta que se realice a partir de la recomendación emitida de la CNDH, también habrá que considerar si es suficiente.

Condenar enérgicamente los hechos, lamentar el fallecimiento de una persona y seguir operando con la tranquilidad de siempre no bastará para reparar los daños. Pretender dar una “compensación” a la familia de la joven asesinada tampoco alcanzará. Tal vez, habría que recordarle al presidente, a su gabinete, a sus seguidores, al Legislativo y al poder Judicial que la seguridad y la justicia caminan siempre tomadas de la mano. El silogismo es claro, ¿no le parece?

Sin justicia no hay seguridad:

arendy.avalos@gmail.com

@Arendy_Avalos en Twitter