Escala de Grises - Temporada electoral
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos
El 20 de febrero, a través de plataformas digitales, la organización Data Cívica compartió el reporte “Votar entre balas: Entendiendo la violencia criminal-electoral en México” correspondiente al mes de enero. De acuerdo con los datos expuestos, tan sólo durante el primer mes de este año, se registraron 36 eventos que corresponden a la categoría de violencia electoral.
A pesar de que los estados de Morelos, Guerrero y Guanajuato son los más afectados, este fenómeno ha significado daños para todos los partidos que participan en la contienda. Según la investigación, los ataques no se dan en contra de una organización particular, sino en contra de cualquier persona que pueda poner en riesgo los intereses de los grupos criminales; tales como acuerdos con las autoridades.
Morelos fue el sitio que registró más ataques en contra de precandidatos y funcionarios estatales. Entre estos eventos se encuentra el asesinato de Giovanni Lezama, dos ataques armados en contra de personas cercanas a funcionarios, un atentado en el establecimiento de Morena y dos amenazas de muerte, una para Lucía Meza y otra para Ángel García.
El panorama, aunque con menos casos, se repite en entidades como la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Puebla, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Baja California y el Estado de México. En lo que respecta al género, del total de 36 ataques, 23 fueron dirigidos a hombres y siete a mujeres.
Sin embargo, la situación es igual de alarmante. A lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han registrado mil 657 ataques en contra de personas relacionadas con la política o pertenecientes al ámbito gubernamental. Desde amenazas, atentados y asesinatos, la lista de violencias se ha convertido en un problema constante y gravísimo.
“Estos eventos nos muestran que la violencia política va más allá de los asesinatos”, asegura el informe. Estos ataques constantes no sólo van en contra de las personas que ocupan (o pretenden ocupar) los cargos disponibles, sino que también atenta en contra del proceso democrático que se pretende en este país.
Como gran parte de los sistemas, el electoral también está corrompido por el miedo y por la influencia de los grupos criminales, lo que no sólo termina por permear el proceso, sino también la configuración del entorno en sí mismo. Si los ataques buscan eliminar los “obstáculos” para los acuerdos con grupos criminales, entonces ¿en quiénes recae realmente la responsabilidad de tomar decisiones actualmente?
¿Los intereses de quiénes se busca representar? ¿A quiénes se busca complacer? ¿Quiénes gobiernan? ¿Cómo se gobierna en un país con miedo? ¿Cómo se encuentra la justicia en un país lleno de impunidad? ¿Cómo se transforma un sistema que lleva décadas con la oscuridad de lo ilícito a plena luz del día?
Mientras las campañas se llevan de manera estruendosa a gran escala, la violencia en los procesos locales se vuelve más evidente y, a pesar de ello, no hay medidas ni estrategias o propuestas que parezcan enfocarse en brindar soluciones efectivas para enfrentar esta situación.
Mantener la mirada en las profundidades puede resultar desolador, pero es indispensable contemplar los hallazgos para tomar decisiones. ¿Qué nos queda por hacer? Votar de manera responsable en este y en todos los procesos, seguir exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo de manera correcta y optar por una mejor alternativa. Siempre.
El voto es libre y secreto:
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