Escala de Grises - Madres Buscadoras

María Herrera Magdaleno

Debido a su labor, la activista de 73 años fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Tras la desaparición de cuatro de sus hijos, “Doña Mary”, como le dicen de cariño, ayudó a fundar una red nacional de colectivos locales que enseñan a las personas cómo investigar la desaparición de un ser querido.

Además de la red “Familiares en Búsqueda”, María optó por presentar una demanda en contra del gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC, con la intención de visibilizar violencia de la que su familia ha sido víctima y exigir justicia.

De acuerdo con sus declaraciones, Herrera espera que este reconocimiento de carácter internacional sirva para “hacer llegar el grito de dolor que estamos viviendo en México”, un país que suma más de 110 mil personas desaparecidas y un 98% de impunidad en las denuncias.

Cecilia Flores

Hace algunas semanas, en este mismo espacio se abordó la presunta desaparición de Cecilia Flores. La activista y líder de las Madres Buscadoras de Sonora se encontraba en una jornada de búsqueda con policías estatales cuando dejó de contestar el celular por varias horas.

A sabiendas de las denuncias de Ceci, quien ya había recibido múltiples amenazas de muerte relacionadas con su labor, sus compañeras decidieron alertar a la población a través de plataformas digitales. Afortunadamente, el mismo presidente de la República informó que Cecilia había sido localizada con vida y en buen estado de salud.

Durante los primeros días de mayo, la madre buscadora volvió a aparecer en los titulares de medios nacionales, pues compartió el posible hallazgo del cuerpo de su hijo, en un predio de Hermosillo Sonora. Sin embargo, luego de los análisis correspondientes, se dio a conocer que no se trataba de Marco Antonio.

Teresa Magueyal

La madre de José Luis Apaseo, desaparecido desde el 6 de abril de 2020, fue asesinada el martes 2 de mayo en San Miguel Octopan, un municipio ubicado en Celaya, Guanajuato. Mientras Teresa paseaba en su bicicleta, poco antes del mediodía, personas armadas dispararon a bordo de una motocicleta.

La lamentable noticia fue compartida por el colectivo “Una promesa por cumplir”, al que pertenecía la madre buscadora. A través de plataformas digitales, las activistas condenaron el asesinato de su compañera y exigieron justicia a las autoridades correspondientes. Del mismo modo, solicitaron medidas de reparación para la familia y mecanismos de no repetición.

Mientras la Fiscalía de Guanajuato permanecía en silencio, la información fue retomada por Andrés Manuel López Obrador. El mandatario se limitó a decir que la violencia que se experimenta en dicho estado “es muy triste”, como si no se tratara de un territorio que pertenece al mismo país que gobierna. Esta semana, Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del estado, comunicó que el asesinato de Teresa Magueyal sería investigado como feminicidio.

¿Y el Estado?

La labor de las madres buscadoras se ha reconocido a nivel internacional, pues son estos colectivos quienes realizan las actividades que le corresponden al Estado y nadie está dispuesto a enfrentar. Las familias de personas desaparecidas han desarrollado habilidades y han adquirido conocimientos propios de especialistas con las múltiples experiencias que han enfrentado en campo.

Sin embargo, más allá de la “nobleza” o cualquier otro calificativo que busque describir mínimamente esta ocupación, el trabajo de las madres buscadoras  es una muestra de la infinita negligencia que se reproduce en nuestro sistema de justicia. Las autoridades en México están rebasadas por una ola de violencia que no disminuye.

Como si enfrentarse a la impunidad no fuera suficiente, las madres buscadoras también se encuentran con el peligro de frente. Desde amenazas de muerte, intimidación, atentados o un asesinato mismo, estos colectivos se han convertido en un blanco de ataques por parte de los grupos criminales e, incluso, de autoridades.

Los casos de violencia en contra de las madres buscadoras no son aislados. Tan solo en 2022 fueron asesinadas cuatro mujeres que buscaban a sus familiares desaparecidos, lo que indica una crisis de derechos humanos aún más intensa que la contemplada a nivel institucional.

Los colectivos de familias buscadoras realizan su labor a pesar del desamparo estructural del Estado. Para empezar, urge que los tres niveles de gobierno empiecen a notar sus omisiones y asumir las responsabilidades que les corresponden. Es indispensable que se generen protocolos efectivos para prevenir, atender e investigar las denuncias por desaparición desde el primer momento.

Por otro lado, si el Estado no está dispuesto a hacerse cargo de lo que le corresponde, lo mínimo que puede hacer es implementar mecanismos de protección que garanticen la seguridad e integridad de las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en todo el territorio nacional. Porque, como usted recordará, la violencia no se reduce a aquellos estados gobernados por la oposición.

Hasta encontrarles:

arendy.avalos@gmail.com

@Arendy_Avalos en Twitter