Observador político - Por una CDHM al servicio del pueblo y no del poder

El pasado 19 de junio concluyó la gestión de Raúl Israel Hernández Cruz como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), un ciclo más que se cierra entre silencios incómodos, omisiones notables y una sombra alargada: la de los intereses políticos que han domesticado a este órgano autónomo, convirtiéndolo muchas veces en un apéndice decorativo del poder en turno.

BUSCAN 28 ASPIRANTES SER OMBUDSPERSON.- No es menor que quien presidió este organismo durante seis años haya sido un viejo conocido del exgobernador Graco Ramírez, por lo que la cercanía política y personal entre Hernández Cruz y el grupo que saqueó y desmanteló Morelos durante sexenios no es un detalle anecdótico: es síntoma del problema estructural que enfrenta la CDHM.

Porque cuando los derechos humanos se subordinan a la lógica de los pactos políticos, pierden su capacidad de confrontar al poder, de incomodar a los gobiernos y de proteger a los más vulnerables.

Hoy, hay 28 aspirantes —16 mujeres y 12 hombres— quienes se disputan el cargo. Entre ellas y ellos hay perfiles valiosos, sin duda, pero el verdadero reto no está en los currículums o en la retórica de la pasarela legislativa, no, el verdadero desafío está en romper con la vieja costumbre de imponer figuras cómodas, funcionales, grises.

Morelos necesita una CDHM independiente, crítica y combativa, no una oficina de relaciones públicas que maquille los abusos del Estado, por lo qué, la Comisión debe ser mucho más que una instancia que emita recomendaciones no vinculantes, es decir, debe convertirse en un verdadero contrapeso. Un refugio para las mujeres víctimas de violencia institucional. Un altavoz para la comunidad LGBTQ+ que sigue enfrentando discriminación sistémica. Un aliado para las personas indígenas, los migrantes, los niños y niñas, y todas aquellas personas a quienes el Estado ha abandonado.

Y sobre todo, debe ser una piedra en el zapato para quienes usan el poder para pisotear derechos, lo que implica incomodar, señalar, denunciar porque no hay defensa de los derechos humanos sin una actitud crítica y frontal ante el abuso; por lo tanto, no habrá una verdadera transformación si seguimos reciclando a los mismos personajes del pasado.

Más aún, la ciudadanía no puede seguir tolerando que las instituciones supuestamente autónomas sean botín de reparto entre partidos, ni que los organismos defensores de derechos humanos funcionen con la lógica del amiguismo o la lealtad política, de ahí que este proceso de elección debe ser una oportunidad para cambiar el rumbo, no para repetir la fórmula del silencio y la complicidad.

EL SIMULACRO DE LA PARTICIPACIÓN.- Una nueva ronda de comparecencias se inició ayer miércoles en el Congreso del estado para elegir a la próxima presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, con una lista de aspirantes larga y variada: exfiscales, excomisionados, catedráticos, académicas con trayectoria, exconsejeros electorales, exdiputados, y algunas figuras como Lucero Ivonne Benítez Villaseñor que cuentan con antecedentes favorables al frente de la Comisión; otras, como Nadxieeliii Carranco Lechuga, llegan con la posibilidad de alcanzar el cargo aunque se mantiene el estigma de la cercanía al exgobernador Graco Ramírez, lo que en Morelos no es un detalle menor. Y también está Eva Penélope Picazo, cuya labor con las madres buscadoras y víctimas de feminicidio la convierte en una de las pocas voces auténticamente comprometidas con el dolor social.

Pero eso no basta. El problema no es quiénes comparecen, sino cómo se construye la legitimidad del proceso, porque una cosa es hablar durante 15 minutos ante la Junta Política y de Gobierno, y otra es tener la fuerza, independencia y sensibilidad para enfrentar a los poderes que violan sistemáticamente los derechos humanos: gobiernos municipales, cuerpos policiacos, fiscalías omisas, grupos criminales coludidos con funcionarios.

Mientras tanto, las cifras de feminicidios no bajan; las desapariciones siguen impunes; las cárceles están llenas de pobres, mientras los verdaderos criminales pactan con la clase política. ¿Y la Comisión de Derechos Humanos? En el mejor de los casos, ha sido tibia e incluso, en el peor, funcional al poder.

Lo que necesitamos no es una buena presentación en PowerPoint o un currículo académico abultado, en realidad lo que necesitamos es una presidencia valiente, autónoma, feminista, popular, comprometida con los de abajo y una Comisión que no tema denunciar a los responsables del Ejecutivo, que acompañe a las víctimas más allá del protocolo y deje de firmar comunicados vacíos y se vuelva un instrumento de defensa real.

¿Quién de los aspirantes podrá estar a la altura? ¿Quién podrá actuar con independencia si su nombramiento depende de quienes han abandonado a las víctimas? De lo que se trata es que la Comisión ya no siga siendo un cascarón institucional, útil solo para discursos oficiales… e inútil para quienes más necesitan justicia.

MÁS ASPIRANTES.- La renovación de la CDHM no debería tratarse de una repartición de cuotas, ni de un concurso de popularidad: debería ser una elección con sentido ético y compromiso social, sobre todo si entre las y los aspirantes hay nombres valiosos, aunque también hay perfiles preocupantes.

Está Clara Soto Castor, catedrática universitaria con un historial importante en el estudio y difusión de los derechos humanos, su trabajo editorial y académico le da solidez técnica, que en estos tiempos el conocimiento debe acompañarse de acción decidida.

Así como Raúl Alberto Olivares Brito, quien se ha especializado en el tema desde hace más de una década cuando fungió como reportero del área y después con el finado maestro y exgobernador Jorge Arturo García Rubí y quien hoy es el procurador de los derechos académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Cierto es que la sociedad civil morelense, sobre todo los colectivos de víctimas, las organizaciones feministas, indígenas y populares, deben estar atentos. La designación de la próxima o próximo ombudsperson no puede ser una decisión cupular. Es hora de que el cargo sea ocupado por alguien con legitimidad desde abajo.

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