Escala de Grises - Lealtad
En opinión de Arendy Ávalos
En ocasiones anteriores, dentro de este mismo espacio, he hablado de los conflictos e irregularidades dentro de la nueva administración. Los principales errores han sido de comunicación (tanto interna como externa) y de organización. Sin embargo, estos conflictos se han visto reflejados en situaciones particulares, en este caso las cinco renuncias que acumula el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de que el fenómeno comenzó en abril, no fue hasta la renuncia de Germán Martínez Cázares que comenzó a tomar relevancia mediática. La primera renuncia fue de Simón Levy, quien fuera subsecretario de Turismo; seguido por poco más de un mes por Patricia Bugarin, subsecretaria de Seguridad.
En mayo, Martínez Cázares renunció como director general del IMSS y, después de cuatro días, Josefa González Blanco como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El viernes pasado, Tonatiuh Guillén, titular del Instituto Nacional de Migración, también presentó su renuncia.
Cada una de estas secretarías ha enfrentado crisis a diferentes escalas; empero, resulta curioso que la única solución viable para la titular y los titulares fuera dejar el cargo. Las pocas o nulas explicaciones respecto al tema han provocado el surgimiento de una serie de teorías, una tan probable como las otras.
Sobre la renuncia de Tonatiuh Guillén se ha especulado que fue una decisión derivada de malos manejos en los recursos, que fue un acto de completa congruencia ante la presión de Estados Unidos y que es una confirmación de la política que asumirá López Obrador para frenar la migración.
El tema tiene muchas aristas. Las renuncias, independientemente de los motivos, son una muestra clara de la poca congruencia que existe entre el discurso de campaña, las promesas de los primeros días y la situación bajo la que se encuentra el país últimamente.
Bajo este contexto, la secretaría de Gobernación dijo que quienes obtuvieron algún cargo dentro de la nueva administración le deben al presidente una lealtad obligada, debido a que él fue una pieza fundamental para la llegada de La cuarta transformación al poder.
Las declaraciones se dieron en el marco de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena: “Debe ser norma cotidiana de nuestra conducta (…) es una lealtad para garantizar la unidad de propósitos que requiere esta cuarta transformación (…) se basa en la razón y no en la fuerza”, argumentó Olga Sánchez Cordero.
Esta última parte suena un tanto confusa. Dejemos de lado la fuerza, por un momento. ¿La lealtad es cosa de razón o nada más de moral? Esta administración ha basado gran parte de su planes en el deber ser, en los ideales, en las utopías. También ha usado la bandera de lo moral para justificar lo que hacen mal o lo que no saben hacer. Ejemplos hay varios, como cuando AMLO aseguró que no se puede ir a la iglesia los domingos si se es deshonesto o cuando dijo que “la justicia es amor”.
La lealtad es una virtud asociada con el respeto, es cierto; pero ¿de qué le sirve al gobierno actual una fe ciega que no critique ni cuestione sus decisiones? ¿La lealtad se basará en seguir al líder, a pesar de saber que el camino no es el mejor… o siquiera el correcto? Resultan sorprendentes las peticiones de Sánchez Cordero. “Pónganse una venda en los ojos y digan que sí a todo lo que Andrés Manuel quiera” hubiera sonado igual de mal.
López Obrador es la imagen de un movimiento sin precedentes, pero eso no quiere decir que todas sus decisiones sean aclamadas por unanimidad ni que todas las personas de la administración estarán de acuerdo con ellas, como sucede en todos los gobiernos. Habrá dudas y críticas al respecto, porque —según lo que ha dicho él mismo— esto es una democracia.
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