Escala de Grises - Go home

El viernes 4 de julio, en la Ciudad de México, se realizó la primera marcha en contra de la gentrificación que se ha registrado durante los últimos años en la capital del país. La convocatoria vecinal invitaba a habitantes de las colonias Roma y Condesa a manifestarse en contra del aumento de precios, derivado de la ola de turistas.

Sin embargo, lo que había iniciado como una protesta pacífica se transformó en una serie de daños a quince comercios, el saqueo a tiendas y agresiones en contra de vehículos; por lo que el hecho fue condenado por las autoridades y un sector particular de la opinión pública, misma que no tardó en compartir su punto de vista en plataformas digitales.

Respecto al tema, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, aseguró que su gobierno no está de acuerdo con la gentrificación ni las consecuencias que conlleva, pero tampoco con la discriminación o “cualquier expresión xenófoba en contra de personas migrantes”. Según sus declaraciones, su administración continúa realizando esfuerzos para reforzar la vivienda asequible.

Lamentablemente, la gentrificación (entendida como un proceso de transformación urbana que implica cambios económicos, sociales y culturales) en la Ciudad de México no es un problema reciente, lo que la vuelve más difícil de abordar, ni hablar de “solucionar”, como pretende la funcionaria.

Igual que ha ocurrido en países como Italia y España, el problema en la ciudad es mucho más amplio de lo que parece. La llegada de turistas o nómadas digitales no es el origen de la crisis, sino un catalizador dentro de un ecosistema urbano precarizado: la falta de políticas públicas efectivas para regular el mercado inmobiliario, la escasa oferta de vivienda asequible y la ausencia de incentivos para preservar el tejido social de los barrios.

En ciudades como Barcelona o Lisboa, por ejemplo, la gentrificación se volvió un punto de quiebre político que obligó a los gobiernos a intervenir con medidas más severas. Se implementaron moratorias a nuevas licencias de Airbnb, se establecieron límites al incremento de rentas y se promovieron políticas de vivienda social para evitar la expulsión de las y los habitantes locales.

Aunque con resultados mixtos, lo cierto es que hubo una reacción institucional mucho más decidida que la que hemos visto en la capital mexicana, donde el discurso va por un lado y la acción, por otro. En México, en cambio, la narrativa pública se ha quedado en una falsa disyuntiva.

A menudo, las discusiones sobre la gentrificación se reducen a un falso dilema entre progreso y resistencia al cambio, como si quienes alzan la voz estuvieran en contra del desarrollo. Pero esa es una lectura simplista y, francamente, cómoda. Algunas posturas a favor de la gentrificación parecen partir de una desconexión total con la realidad o de una comodidad que no admite incomodarse.

Es fácil celebrar la “revitalización” de un barrio cuando no eres tú quien debe dejar su casa, su comunidad y su historia porque los precios se dispararon y ya no puedes acceder a muchos de los servicios básicos. Como si exigir una ciudad vivible fuera un gesto egoísta. Como si el crecimiento económico no pudiera —o no debiera— ir de la mano con la equidad.

Lo que está en juego no es el dinamismo económico de la ciudad, sino el derecho de sus habitantes a permanecer en ella. Hay que tener nuestros pensamientos claros (y decisivos, ya que andamos). Protestar en contra de la gentrificación no es lo mismo que discriminar a las personas migrantes, ojo.

Se trata de una forma de defender el derecho a habitar la ciudad sin ser víctimas de un desplazamiento que se basa en dinámicas económicas donde no importa el bienestar colectivo, sino el beneficio privado. Resulta contradictorio que el gobierno local afirme promover la vivienda asequible, pero al mismo tiempo impulse una visión de ciudad orientada al turismo y la inversión privada.

Si el objetivo es que la ciudad sea incluyente, se necesitan reformas que vayan más allá de lo superficial: establecer límites de renta, regular plataformas de alquiler temporal y enfocarse en promover una vivienda realmente asequible, un acceso equitativo a los recursos urbanos.

El problema no son las personas que llegan, sino las personas a las que estamos dejando afuera. Y una ciudad (o un país, porque la ciudad no es el único territorio con este problema) que deja afuera a su gente no está en transformación…

Está en un proceso de pérdida constante:
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