CIDH confía en respeto a DDHH de S. de Seguridad
Edmundo Salgado 
La Comisión Independiente de Derechos Humanos avaló los cambios que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará en los penales de Morelos, sin embargo, aseguró que deben de realizarse respetando los derechos humanos de los internos.
Así lo declaró el vocero de dicha organización, José Martínez Cruz, quien precisó que los penales no solo de Morelos sino también los federales, siempre han registrado casos de abusos en contra de las personas privadas de la libertad, a quienes las autoridades les cobran dinero para tener un colchón, tener visitas por parte de sus familiares, entre otras cosas más.
“Desafortunadamente en las cárceles de Morelos y también las federales hay abusos que se cometen en contra de las personas que son privadas de la libertad, abusos que cometen desde los propios custodios hasta las autoridades, quienes aprovechando la situación de los internos les piden dinero para poder tener un colchón, para recibir visitas, para tener ciertas comodidades y eso implica una extorsión”, explicó.
Ante tal situación, el activista dijo que los cambios que se pretenden realizar en el actual gobierno son viables siempre y cuando se termine con las prácticas que viola los derechos humanos de los internos, lo cual se debe de vigilar para que no haya abusos.
“Sí a los cambios, sí a tener orden en los centros penitenciarios de Morelos, es necesario acabar con estas prácticas pero todos los cambios se deben de dar con un respeto de los derechos humanos de los internos, respetando sus garantías individuales y que no haya ningún tipo de abuso por parte de las autoridades”, concluyó Martínez Cruz.
Y es que cabe recordar, que el encargado de la seguridad en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que con el fin de garantizar la paz y tranquilidad en las cárceles de la entidad, se llevarán a cabo algunas acciones como lo son la implementación de un programa para que personas que cometieron delitos considerados como no graves puedan enfrentar sus condenas en sus domicilios con un brazalete, realizar un traslado a otros penales, así como cambiar a la empresa que se encarga de la elaboración de los alimentos.
