Breves de Abogados y Políticos - Negro historial de GCG

La próxima administración de Margarita González Sarabia, presagia ser muy exitosa, a partir de los nombramientos que ha hecho hasta ahora -y los que están pendientes-, de la gente que la acompañará en el sexenio venidero, que comienza a partir del primer segundo del mes de octubre próximo.

Sin embargo, una vez que se confirmó que Alejandra Pani Barragán, será la nueva titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, trascendió que ésta tendría como mano derecha al impresentable Gerardo Casamata Gómez, ex auditor general del Congreso del Estado, de muy negro historial.

Esto sería un grave error que arrancará críticas para la ex diputada federal Pani Barragán, a partir de considerar lo siguiente: si usted revisa el Registro de Servidores Públicos, Particulares, Personas Físicas o Morales, Sancionados a Través del Procedimiento Resarcitorio, por resolución definitiva firme de la Auditoría Superior de la Federación, encontrará en los lugares 704, 706 y 708 (de forma repetida), el nombre de Gerardo Casamata Gómez, quien se encuentra allí por diversas irregularidades que cometió como Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, por lo que enfrentó los respectivos procedimientos sancionatorios DGRRFEM/D/06/2013/09/074; DGRRFEM/D/06/2013/09/075; y DGRRFEM/D/06/2013/09/076, siendo hallado responsable de todos ellos, por eso su inscripción el referido registro.

Asimismo, no se puede olvidar que, por el hecho de mentir en un informe justificado dirigido a un juez federal, la entonces Procuraduría General de la República procedió penalmente contra el referido personaje en el ámbito federal, a lo que se agregó otro procedimiento penal (este del fuero común), por la pérdida de un expediente de la Auditoría Superior de Fiscalización, mismo que correspondía a la primera gestión como alcalde de Puente de Ixtla, del entonces priísta Julio Espín Navarrete. Así, en el expediente penal 10/2010, del Juzgado Primero de Distrito, fue hallado culpable y sancionado. En razón de ello, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), notificó a la otrora Auditoría Superior de Fiscalización que “… de conformidad a los informes proporcionados por la Vocalía del Registro Federal de Electores de Instituto Federal Electoral, en el Estado de Morelos, con fecha 20 de mayo de 2010 y de conformidad a lo ordenado por la Autoridad Judicial, se encuentra suspendido (GCG) de sus derechos político electorales y dado de baja de la lista nominal de electores…”  Esto se encuentra visible en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4987 de fecha 20 de junio de 2012, donde se transcribe el contenido del mencionado oficio.

En el mismo órgano de difusión del gobierno del estado, pero de fecha 12 de febrero de 2024 (numero de ejemplar 5162), consta la sentencia por la que fue inhabilitado como servidor público, misma que en su resolutivo Primero dice:  Se decreta la inhabilitación del C. GERARDO CASAMATA GÓMEZ, por un período de ocho años contados a partir de la notificación de la presente resolución, tiempo en el que no podrá ejercer el servicio público, por las razones expuestas en el considerando SEXTO de la presente resolución.”

Las acciones emprendidas por GCG para defenderse, no fructificaron, pues aunque promovió el juicio de amparo 1235/2021, del que conoció el juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos, al momento de resolver el mismo, el juzgador federal consideró lo siguiente: “… la sanción de inhabilitación por ocho años… es cosa juzgada… no fue impugnada en su momento procesal, a pesar de que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento…”

Es preciso mencionar que de manera absurda el ex auditor pretendió eludir la notificación de su inhabilitación, por lo que se requirió de la intervención de un notario para hacerle de su conocimiento el fallo, mismo que fue firmado por quien le relevó en el cargo de Auditor Superior, el licenciado Luis Manuel González Velázquez y el entonces director jurídico de la hoy se conoce como Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), José Vicente Loredo Méndez, quien a la postre también sería Auditor General.

Sin embargo, pese a la inhabilitación de ocho años (y de que se pensionó por parte del Congreso del Estado), GCG estuvo laborando en la propia legislatura local con el ex diputado Joaquín Carpintero Salazar. Lo mismo ocurrió en el ayuntamiento de Huitzilac y en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, siempre utilizando prestanombres.

Sería ilógico que quien será la nueva Contralora, Alejandra Pani Barragán, desconozca todo lo anterior. Y si es así, bastara con que revise los archivos de la dependencia que estará bajo su encargo y verifique en la Dirección de Responsabilidades, el oficio S:C:/D.G.R./W0776931/2021, de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, informó al propio GCG, de la existencia del impedimento que éste tenía para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, Estatal o Municipal, por un periodo de ocho años, con fecha de inicio a partir del veintiséis de noviembre de dos mil trece, al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, de acuerdo con el Registro de Inhabilitación. Todo esto consta en el juicio de amparo número 1235/2021, del que conoció el referido Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos, esto en caso de que llegara Casamata Gómez a la Contraloría y pretendiera desaparecer el expediente que contiene su negro historial, tal y como sucedió con la “perdida” del expediente de Julio Espín Navarrete.