Corrupción y derechos humanos
En opinión de Hertino Avilés Albavera
Hertino Avilés Albavera 
Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los actos de corrupción han creado la movilización de la comunidad internacional, ya que comprometen a la economía, la sociedad y la política de un Estado.
Es de subrayarse que la corrupción se ha expandido paulatinamente a niveles internacionales, por lo cual los Estados que forman parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción se han obligado a adoptar medidas internas para evitar los actos de corrupción.
Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres (3) elementos: 1) El mal uso del poder. 2) Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado. 3) Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a integrantes de su familia o amigos.
De la propia definición se desprenden las posibles violaciones a los derechos humanos, que la práctica de actos de corrupción, puede traer consigo; en primer lugar, se ve violentado el principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el art. 1.1 de la CADH. Como se establece en el caso Átala Rifo en contra del estado chileno, la igualdad se desprende del concepto de unidad humana, y por ende con el concepto de dignidad, por lo que establecer un trato diferenciador por parte de los funcionarios públicos que actúan en representación del Estado, tal como acontece en la falta de imparcialidad, no solo es un acto ilegitimo, discriminatorio, sino que también violenta la dignidad en sí misma.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/18 consideró que la corrupción es un fenómeno complejo que, afecta a los derechos humanos en su integralidad -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilitando la gobernabilidad y a las instituciones democráticas, fomentando la impunidad, socavando al Estado de Derecho y exacerbando la desigualdad.
En conclusión, es evidente que la corrupción en todas sus manifestaciones afecta el goce de los derechos humanos, permite la impunidad, asimismo coloca a los sujetos en estado de vulnerabilidad, crea distinciones que excluyen, restringen o prefieren a ciertos individuos, impidiendo un ejercicio igualitario.
El dotar a la lucha contra la corrupción con una perspectiva de derechos humanos traería consigo beneficios en la erradicación de malas prácticas, ya que establecer la responsabilidad internacional de los Estados por casos derivados de actos de corrupción asegura la reparación integral del daño, logrando así que los hechos no queden impunes.
