Autonomía e independencia como garantías judiciales
En opinión de Hertino Avilés
En México se han presentado una serie de reformas, como lo son la reforma del 2008 en materia penal, posteriormente la de 2011 en materia de derechos humanos y por último la reforma política en 2014, las cuales van encaminadas a un sistema más garantista que permita la protección a los derechos humanos, permeando en el principio de igualdad.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General número 3, en la cual reconoce que la protección a los derechos humanos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, que suelen ser por sí mismas insuficientes, sino que los Estados deben garantizar la creación de medidas que generen resultados efectivos. Es por lo anterior que asegurar la independencia de los procuradores de justicia constituye, por si misma, un resultado efectivo a la hora de dictar resoluciones, respetando en todo momento los derechos humanos.
Las garantías de autonomía e independencia judicial son instrumentales respecto del derecho humano de acceso a la justicia, conforme al cual deben ser "establecidas" y "garantizadas", lo que se traduce en un doble mandato constitucional: el de establecer condiciones de independencia y autonomía, que exige una acción positiva y primigenia del legislador local para incluirlas en la ley; y el de garantizar esos contenidos, lo que significa para el legislador ordinario un principio general que presume la necesaria permanencia de los elementos y previsiones existentes, bajo una exigencia razonable de no regresividad, para evitar que se merme o disminuya indebidamente el grado de autonomía e independencia judicial existente en un momento determinado.
Es por ello, que los Juzgadores tanto Federales como Locales, cuentan con una autonomía e independencia que permite que éstos conserven íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, y no a capricho de las partes.
Sin embargo, en la actualidad en México diversos actores políticos han criticado fuertemente las resoluciones de diversos Juzgadores, lo que ha traído como consecuencia que varios juristas estén en contra de la violación a la autonomía e independencia con la que cuentan en la actualidad los jueces tanto federales como locales.
Puesto que es de explorado derecho, que ante la inconformidad de las resoluciones dictadas las partes cuentan con diversos medios de defensa para poder combatir las mismas, respetando en todo momento la libre determinación de los juzgadores