Vinculados a proceso, 2 exdirectores generales y 1 subsecretario de la S.O.
El 30 de diciembre del 2015, dieron de forma indebida una adjudicación directa
Contravinieron y violentaron disposiciones aplicables a la Ley de Obras Públicas
Edmundo Salgado 
Por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, fueron vinculados a proceso dos exdirectores generales y un subsecretario de la Secretaría de Obras Públicas durante el sexenio de Graco Ramírez.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, se trata de Sergio "N", ex subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra; Alejandra "N", ex directora general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública; y José "N" ex director General de Caminos y Puentes.
La audiencia, se llevó a cabo en días pasados en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en donde los tres ex funcionarios, así como la ex secretaria de Obras, Patricia Izquierdo, fueron imputados por avalar una obra de adjudicación directa por un monto total de 42 millones 591 mil 188 pesos, para la "Modernización del Circuito del Lago de Tequesquitengo", lo cual violó lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados que menciona que el tope máximo por adjudicación directa era de un millón 278 mil pesos.
Sin embargo, a pesar de la restricción, el 30 de diciembre del 2015 avalaron de manera indebida el fallo emitido en favor de la empresa Asfaltos PRISMA S.A. de C.V., mediante el cual se adjudicó de manera directa, el contrato de obra pública número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-082/2015.
La Fiscalía precisó, que de acuerdo a los antecedentes presentados, los imputados contravinieron y violentaron las disposiciones aplicables a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, ya que presuntamente tenían conocimiento en razón de su cargo, que podría resultar afectado el patrimonio de la Federación y los intereses del Estado.
En el caso de Sergio "N", Alejandra "N" y José "N", renunciaron al plazo constitucional y decidieron que su situación jurídica fuera definida el mismo día que fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que el juez determinó vincularlos a proceso, mientras que en el caso de Patricia Izquierdo, se le otorgaron 144 horas para definir su situación jurídica.
