Vera Jiménez cometió peculado, insiste Fiscalía Anticorrupción
La dependencia informó que le fue negada la protección federal al exrector
Se le formulará, de nueva cuenta, una imputación, por el delito de enriquecimiento ilícito
Juan Lagunas 
La Fiscalía Especializa de Combate a la Corrupción informó que le fue negada la protección federal al exrector Jesús Alejandro Vera Jiménez. (Esto, para “el sobreseimiento de las indagatorias en su contra”). Por tanto, se le formulará, de nueva cuenta, una imputación, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Asimismo, la instancia expone que de conformidad con lo anterior, las investigaciones continuarán hacia quien fungió como rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), una vez que el Juzgado 4º de Distrito le ha negado el amparo y ha dejado a salvo los derechos y facultades de la Fiscalía para continuar con la indagación.
Este 11 de julio de 2019, se dio a conocer la sentencia relacionada con el amparo 672/2019 iniciado por la defensa del ex titular de la UAEM, la cual refiere que “…, en ningún momento se afirmó que los impetrantes estuvieran exentos de responsabilidad… Por lo cual, de conformidad con el artículo 319 del propio Código, no impide que el Ministerio Público continúe la investigación y posteriormente formule nueva imputación aportando nuevos datos de prueba”.
Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción continuará la pesquisa correspondiente, con el fin de obtener más datos de prueba que fortalezcan la teoría del caso, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia; trabajando siempre en estricto apego a derecho con transparencia y rendición de cuentas.
En enero del año pasado, como se divisa en un video que circuló en redes sociales, Vera Jiménez fue detenido, por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Se encontraba, entonces, en un restorán (en Cuernavaca; al norte). Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía Anticorrupción.
En su momento, activistas y algunos integrantes de la clase política local, consideraron que la orden de aprehensión fue una “venganza” de parte del mandatario estatal en funciones, Graco Ramírez Garrido Abreu.
Se le responsabilizó por la situación económica de quiebra de la máxima casa de estudios del estado, por el presunto desvío de alrededor de 600 millones de pesos. También su consorte fue acusada por enriquecimiento ilícito.
