Un «fracaso», el sistema de Reinserción Social: CDHEM
Éste sigue una ruta anticonstitucional, lo que derivó en la reciente “masacre”, en Atlacholoaya
Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, informó que el Sistema de Reinserción Social “ha fracasado”; éste sigue una ruta anticonstitucional, lo que derivó en la reciente “masacre”, en Atlacholoaya.
Ante eso, dijo que se adoptaron medidas cautelares en torno al conflicto, que se tradujo, hasta el momento, en seis víctimas mortales. Acotó que “no hay pérdida de control”; es decir, ningún custodio está secuestrado por grupos antagónicos.
Tras salir de una reunión, dijo que, derivado de la escalada de violencia al interior de ese centro penitenciario (que data desde el martes 29 de octubre), las autoridades deben resguardar la “seguridad y la vida de las personas privadas de su libertad; no sólo aquí, sino en todos los demás…”.
Asimismo, expuso que se tiene que asegurar la “vida del personal administrativo y los custodios que prestan sus servicios”. Luego del reporte que emitió el visitador de centros penitenciarios, Raúl Díaz, dijo que se tuvo conocimiento de un operativo en las inmediaciones del penal. “Preocupado por la gravedad de lo que ya pasó, tomé la determinación de apersonarme, para ver cuál era la situación que prevalecía”.
En los pormenores que vertió a los representantes de los artefactos tecnológicos audiovisuales, el ombudsman asentó que se entrevistó con el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, quien le informó sobre las acciones que se estaban ejecutando en la periferia.
Así, se supo que aquél montó una estrategia para “encontrar todos los artefactos que están prohibidos; en concreto, armas blancas o de cualquier otra índole”, así como celulares y otros adminículos que son utilizados para “producir un daño”. Incluso, se buscó qué utensilios pudieron causar la muerte de seis reos. Durante el operativo, se dio una reacción de custodios, quienes comunicaron las deficiencias con las que trabajan. “Una serie de exigencias. Le externaron un pliego petitorio…”. Acto seguido, Ortiz Guarneros dio curso a las demandas ante la Secretaría de Administración.
Admitió que no se percató de que hubiera un grupo sometido de elementos de seguridad: “la responsabilidad que tengo es que todas las acciones de seguridad pública se inscriban en un marco de respeto a los derechos humanos”. La queja correspondiente se está integrando; “la iniciamos de oficio; tiene por objeto dar cuenta y señalar a los responsables de los hechos…”. Y reiteró: “la integridad de las personas es responsabilidad exclusiva de las autoridades del sistema de reinserción social”, el cual “ha fracasado”, a consecuencia de que no se reivindican los cinco ejes fundamentales: 1. Capacitación. 2. Educación. 3. Deporte. 4 Salud. “… se demuestra que estos mandatos constitucionales no han sido cumplidos u obedecidos”.