Serpientes y escaleras - Transportistas

El Gayo les prometió 11 mil concesiones si ganaba la elección. Perdió.

Transportistas

Una vez más la vialidad en Cuernavaca fue estrangulada; otra vez fueron los transportistas que exigen que se les regularicen alrededor de 11 mil permisos que les otorgó el gobierno de Graco Ramírez a cambio de apoyar la candidatura de su hijastro Rodrigo Gayosso. La oferta a los permisionarios fue una: apoyan la campaña y cuando ganemos la elección les cambiamos los permisos por concesiones. Pero perdieron.

El caso de los transportistas no es nuevo ni sorpresivo para nadie, el acuerdo entre algunos líderes del sector y el gobierno perredista viene de mucho tiempo antes de que iniciaran formalmente las campañas; todo el sexenio caminaron de la mano del gobernador e hicieron negocios en su gobierno.

En la administración pasada algunos transportistas fueron el brazo operador del gobierno estatal; taxistas, ruteros, camioneros y hasta mototaxistas fueron los movilizadores de los eventos del gobernador y de su partido, ganaron muchísimo dinero y estuvieron abiertamente con Graco Ramírez y el candidato del Sol Azteca.

A pesar de las innumerables exigencias ciudadanas, a esos transportistas nunca los tocaron; durante seis años recibieron todo el apoyo del estado, les permitieron aumentar la tarifa varias veces, pasaron por alto las revisiones mecánicas y nunca se les exigió la prometida modernización de unidades. Los líderes de ese sector que estuvieron con Graco Ramírez nunca tuvieron problemas con la autoridad, sin importar que violaran la ley o perjudicaran a los usuarios.

Se cuentan muchas leyendas urbanas sobre lo que pasaba en las oficinas del titular de la SMyT; hay historias que relatan la entrega de vehículos (Jettas) de color gris cuyas cajuelas llegaban abarrotadas de billetes; se entregaban en la oficina del secretario y luego este se los llevaba a su casa. Jorge Messeguer Guillen, afirman, se volvió multimillonario tras su paso por la secretaría de Transporte.

Pero más allá de historias sin comprobar lo que está a la vista es la manera como se manejó la política del transporte en los últimos años; durante el sexenio de Graco Ramírez se multiplicó el pirataje, se dio manga ancha a los grupos de transportistas y se pasó por alto la ley. Las consecuencias ahí están: el servicio de transporte público en Morelos es de mala calidad, la mayoría de las unidades son chatarra, los choferes no están capacitados y toda esa impunidad permitió el ingreso al sector de grupos criminales que utilizan las unidades del servicio público como medio para cometer delitos.

Ayer vimos a cientos de unidades pirata tomando por asalto la capital del estado; como medida de presión estrangularon la circulación en varios puntos de la ciudad y exigieron a los diputados que actuaran a su favor. El caos provocado por los transportistas fue mayúsculo y generó enormes pérdidas económicas al comercio.

El reclamo de los manifestantes fue uno: regularizar sus unidades; la amenaza también fue clara: o las regularizan o vuelven a cerrar la ciudad.

El problema para los involucrados (transportistas y autoridades) es que la ley es muy clara y no hay forma de evitarla, a menos de que como en el sexenio pasado, se actúe al margen de la misma, con las consecuencias que hoy vemos. Si las autoridades acceden a la petición de regularizar las unidades pirata, el problema no se resolverá, por el contrario, daría pie a nuevas inconformidades de quienes verían afectado su trabajo con la entrada de esta competencia desleal.

Peor: si la administración de Cuauhtémoc Blanco cede al chantaje de los transportistas, otros grupos utilizarán el mismo camino para obtener la misma respuesta y esto sería un cuento de nunca acabar. Un gobierno que tolera el chantaje se convierte en presa de todos los que utilicen ese método para lograr sus objetivos.

La presión de los transportistas es fuerte, el bloqueo de arterias viales genera caos y molestia popular, pero sobre todo representa un acto ilegal porque afecta el derecho al libre tránsito de los demás. Y a propósito de ello hay sanciones contenidas en el artículo 77 (Fracción VIII) de la Ley del Transporte Público en el estado que se refieren las causales para revocar las concesiones:

1. Alterar el orden público o la vialidad en forma tal que se deje de prestar el servicio de transporte público.

Lo mismo que el reemplacamiento, que es una obligación que la federación mandata a los estados para que se realice cada tres años con el objetivo de actualizar el padrón vehicular de cada entidad, la supervisión permanente al transporte es una obligación del gobierno que no puede ser soslayada por presiones políticas.

El reordenamiento del transporte público es una lucha histórica que se ha buscado en varias administraciones y se desestimó en el gobierno pasado. Para Graco Ramírez algunos transportistas fueron aliados en su lucha de poder, sirvieron como instrumento político y representaron una fuente inagotable de dinero.

Al final del sexenio le dieron el último zarpazo al sector: vendieron permisos con la promesa de canjearlos por concesiones una vez que ganaran la elección; con la venta de permisos obtuvieron mucho dinero para la campaña y con la promesa de entregarles placas sumaron a un sector que les ayudó a acarrear gente y a dar la impresión de que podían ganar.

Al final ninguno de los dos se puede decir engañado: Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso obtuvieron ayuda de ese sector, llenaron sus bolsas de dinero y tuvieron a su lado a un aliado muy poderoso que actuó siempre que se lo pidieron. Los transportistas tampoco perdieron: cada movilización que hacían les representaba dinero en efectivo, su alianza con el gobierno perredista les evitó cumplir con la ley, operaron al margen de los reglamentos y por más de un año le sacaron jugo a los permisos que recibieron.

Cuauhtémoc Blanco y Víctor Mercado deben mantener su posición en este tema, tienen que actuar apegados a la ley y no deben ceder a la presión de un grupo que hoy les pide la regularización de concesiones, pero mañana les volverá a exigir más cosas.

La salida a este problema no es sencilla, pero es obvia: que se aplique la ley.

• posdata

Es condenable desde cualquier ángulo la agresión cometida en contra de la diputada del PT Erika García y las autoridades correspondientes deben actuar en consecuencia, investigar y castigar al o los responsables.

Pero en independencia de ello hay una pregunta que salta ¿Por qué fue la agresión a la legisladora?

Las mantas que aparecieron unas horas después del atentado abren más dudas sobre lo que ocurre en un congreso donde varios de sus integrantes han sido reiteradamente señalados por tener relaciones peligrosas y vínculos con grupos criminales.

En el caso específico del PT hay señalamientos muy fuertes en contra de la dirigente del partido y su coordinador de asesores, se recuerdan historias pasadas y se cuentan otras recientes, se hace una recapitulación de lo que ha sido la vida pública de Tania Valentina y la forma como opera su partido. Por supuesto que entre lo que se señala aparece el caso del alcalde encarcelado que inaugura obras por teléfono.

Insisto: la agresión que sufrió la diputada no puede ser aplaudida de ninguna manera y el hecho tiene que investigarse, como también se debe hacer en todos los casos de violencia que se han presentado en la entidad. Lo ocurrido a la legisladora es llamativo, pero no por ello es más importante que la violencia que padecen todos los días cientos de familias morelenses o avecindadas en la entidad.

Pero insisto: ¿Por qué la agresión contra la legisladora? ¿Por qué los mensajes en mantas y porqué el llamado del diputado Marcos Zapotitla para que los integrantes del Congreso de Morelos se sometan a exámenes de control y confianza?

Las hipótesis que ha dado el fiscal sobre el hecho no aclaran nada: por un lado dice que puede tratarse de un asunto personal y por otro señala que quizá la confundieron. Ambos casos dejan muchas dudas, sobre todo porque es difícil creer que a una persona le disparen en 19 ocasiones por error.

¿A quién le interesa atentar contra la vida de la diputada? ¿Por qué razón lo haría?

Lo ocurrido a la representante del PT Morelos no es cosa menor, ni algo que le ocurra a cualquier persona. Desde cualquier ángulo es lamentable, pero también es una mancha más a la imagen de un congreso que ha resultado igual de pillo que el anterior, pero con muchísimo menos materia gris.

• nota

¿Se acuerdan del odiadísimo Manuel Martínez Garrigós?

¿Recuerdan las críticas que le hicimos porque solicitó un crédito de 600 millones de pesos para obra pública?

¿Se acuerdan cuando le cuestionábamos que usó el dinero para un distribuidor vial en Buena Vista, colocó concreto hidráulico a la Avenida Morelos Sur y construyó dos parques públicos (en Tlaltenango y en los ejidos de Acapantzingo)?

¿Recuerdan las múltiples mentadas de madre que le lanzamos porque puso fuentes por todos lados e hizo jardineras por doquier?

¿Se acuerdan que el muy pillo recibió el municipio con una deuda de 400 millones y luego de que pidió dinero prestado para hacer obras en las colonias heredó pasivos por casi mil millones de pesos?

¡Pinche Manuel!

Por cierto…

Hoy la deuda del municipio de Cuernavaca ronda los 2 mil 500 millones de pesos.

• post it

El alcalde Antonio Villalobos anuncia que habrá mano dura contra todos los negocios que expenden alcohol, particularmente los conocidos como giros rojos y negros; después del anuncio vino la primera acción y con el acompañamiento de elementos del ejército clausuraron 5 negocios que operaban de manera irregular en la periferia de la universidad; en uno de ellos se vio con vida por última vez a Mariana, la joven universitaria que fue asesinada por dos estudiantes de la UAEM.

La medida planteada por el alcalde es loable y sin duda puede ayudar a reducir los niveles delictivos de la capital; los bares, antros y chelerías (que al final son lo mismo) se han caracterizado por operar al margen de la ley, por permitir el consumo de alcohol a menores de edad y porque en algunos de ellos se trafican y consumen diferentes drogas.

Si el municipio mantiene la política de cero tolerancia, regulariza y vigila a ese tipo de comercios, se dará un paso muy importante en la batalla por la paz. La operación irregular de esos lugares viene desde hace tiempo, es con la complicidad de autoridades y han sido escenario de hechos violentos.

Es una buena decisión de Antonio Villalobos meter al aro a esos negocios. Este tipo de acciones sí reflejan el correcto actuar de una autoridad.

• redes sociales

La ventaja de no haber pactado con nadie para ganar la elección es que se puede aplicar la ley sin remordimiento ni consecuencias. Cuauhtémoc Blanco no pacto y por eso puede actuar. Ojalá actúe.

Comentarios para una columna optimista:

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