El Tercer Ojo - Sobre las Personas con Discapacidad (PCD).

“Nada de nosotros, sin nosotros”

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al inicio de la tercera década del siglo XXI, el año 2020, más de 1,000 millones de personas viven, en todo el mundo, con algún tipo de discapacidad; es decir, aproximadamente el 15 % de la población mundial. De ellas, casi 190 millones presentan dificultades para su desempeño autónomo e independiente y, por ello requieren con frecuencia servicios de asistencia o apoyo (sea éste institucional o familiar). Asimismo, estima la OMS, el número de Personas con Discapacidad (PCD) incrementa debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónico/degenerativas.

Para el caso de nuestro país, las PCD somos, según el último Censo General de Población y Vivienda (2020) del INEGI, una cantidad de 7 168 178 (el 5.7%), ello sin considerar en nuestro análisis que los criterios metodológicos de inclusión de clase y las definiciones de cada una de las discapacidades contempladas en esta herramienta adolecen de deficiencias conceptuales y operacionales. También importa destacar que de este gran total el 51% son mujeres, mientras que el 49% somos hombres.

Esta cifra de PCD se distribuye, según rangos de edad, así: el 40.9% se concentra en el grupo de mayores de 60 años, luego están los de 30 a 59 años, con el 29.8%, enseguida los de 18 a 29, 9.8%, y al final los menores de 17 años, 9,1%; ello significa que las formas, causas y consecuencias de la discapacidad afectan de una manera muy importante a personas en edades productivas y aún creativas, en primera instancia y, enseguida, a los adultos mayores, quedando en tercer lugar los menores a tales rangos de edad, es decir, en edad escolar básica, media superior y superior.

Si, además, tomamos en cuenta que cada una de las personas con discapacidad es integrante de un núcleo familiar compuesto en nuestro país, por lo menos, por cuatro integrantes, podremos darnos una somera idea de la cantidad de personas que en nuestra nación tienen que vérselas con el asunto de la discapacidad; sin un esfuerzo intelectual considerable podríamos representar una friolera de 35 millones de personas, del total de habitantes que hay en México. Ahora bien, agregando datos hechos públicos por el CONAPRED, “se estima que, de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones de ellos vive, al menos, una persona con discapacidad. En 78% de estos hogares hay una persona con discapacidad, en 18% dos personas y en 3% tres o más”. (INEGI 2012).

Adicionando condiciones de vida, en términos de calidad y bienestar, la mitad (49.4%) de las PCD vive en situación de pobreza: de ese total el 39.4% vive en pobreza moderada, mientras que 10% está en condiciones de pobreza extrema (CONEVAL 2017); de la misma manera, la mayoría de hogares que tienen personas con discapacidad está en los deciles de ingreso más bajos. Hasta 45% de los ingresos de esos hogares proviene de transferencias oficiales 54.7% del total, (INEGI 2012); asimismo, los hogares que tienen personas con discapacidad gastan más en alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto, dicho gasto puede ser hasta tres veces más alto que en hogares sin personas con discapacidad (INEGI 2012); por otro lado, una de cada cinco personas (21%) con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir, mientras que la tasa a nivel nacional es siete veces menor, 3%. (Conapred 2018); destaca el hecho de que mientras que la asistencia a la escuela es casi universal en los niveles básicos (97%), entre las PCD el porcentaje cae a 80%, conforme pasa el tiempo, sólo el 28% de este sector se incorpora a la educación media superior y superior (Conapred 2018); en tratándose del trabajo, mientras más de seis de cada diez personas sin discapacidad se ocupan en alguna actividad económica, formal o informal, sólo alrededor de una de cada diez PCD cognitiva o mental está ocupada; considérese tambien que sólo el 25% de las PCD, con una ocupación económica, tiene contrato y únicamente el 27% de ellos cuenta con prestaciones médicas. A nivel nacional, las cifras son 40% y 43%, respectivamente (Conapred 2018); finalmente, y no porque terminen los espantosos datos estadísticos sobre esta condición y sus formas de vida y existencia, las personas sin discapacidad pueden llegar a ganar hasta 151% más que las personas con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad del que se trate.

Ahora bien, en las familias con uno o más integrantes que adolecen de alguna discapacidad, las personas dedican en promedio 26.17 horas por semana al cuidado de estas personas sin recibir alguna remuneración. La desventaja es muy clara en el caso de las mujeres, las cuales dedican 19.9 horas frente a 7,8 de los hombres (INEGI 2015).

Ante este panorama no sería imposible imaginar las consecuencias de naturaleza económica, social y psicológica que este fenómeno representa para poco más del 15% de la población total del país.

Por tradición política, en nuestro país, pero no únicamente en él, la cuestión de la discapacidad ha sido considerada bajo una óptica del ámbito de la salud y de políticas asistenciales y altruistas, desconsiderando que debiera inevitablemente ser asumido como una cuestión de carácter social –que naturalmente contempla las acciones dentro del campo sanitario— pero que trasciende hacia los terrenos de las políticas públicas en educación, seguridad social, empleo, movilidad y transporte, accesibilidad arquitectónica, lingüística y comunicacional, a la información y, también ello es fundamental, al ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas de las entidades federativas, la Leyes Generales aplicables a este terreno, así como a los Acuerdos Internacionales que nuestro Gobierno Federal ha firmado y ratificado.

Bajo estas circunstancias, más allá de la numeralia hecha pública por los organismos encargados de contabilizar, bajo estos parámetros de inclusión de clase, omitieron una cuestión que es fundamental en tratándose del diseño e instrumentación de políticas públicas dirigidas hacia estos sectores de la población; identificar el conjunto de barreras u obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y su participación plena en la dinámica sociocultural de su entorno. Podemos referir aquí, 1) Barreras arquitectónicas y de desarrollo urbano que aseguren la movilidad, accesibilidad, seguridad y transporte que responda a sus condiciones y necesidades; 2) Barreras jurídicas y administrativas que dificultan, cuando no impiden, el ejercicio pleno de los derechos y capacidad jurídica de las personas con discapacidad; 3) Barreras de acceso a la información (Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, Lengua de señas, intérpretes en Lengua de Señas); 4) Barreras actitudinales e ideológicas con respecto a la discapacidad de modo que el estigma es el destino; 5) Barreras psicopedagógicas que dificultan el acceso a la educación escolar.