Serpientes y escaleras - Robar es fácil

Una actividad muy lucrativa en Morelos es el robo, sobre todo si es desde el gobierno

Robar es fácil

Hacer negocios en la administración pública se ha vuelto común, sencillo y casi siempre sin consecuencias; desde hace varios años la búsqueda de cargos públicos ha estado más ligada al beneficio personal que a la vocación de servicio. Sin importar las siglas del partido, la dinámica de los funcionarios de los tres niveles de gobierno ha sido la misma: saquear. Robar es fácil en Morelos, porque rara vez hay castigo.

Combatir la corrupción es un discurso que se enarbola cada tres y seis años en las campañas y nunca se cumple; una y otra vez los candidatos de todos los partidos dicen que acabarán con esta mala práctica, que pondrán un alto al saqueo institucional y terminarán con la impunidad, pero nunca ocurre.

Las razones para que el mal no termine son diversas y tienen que ver con las redes de complicidad que hay en todas las áreas; muchos de quienes tienen a su disposición recursos públicos o acceso al presupuesto sacan provecho de la situación, benefician a sus amigos y ganan al hacerlo.

Dependiendo del caso es el porcentaje: antes se hablaba del diez por ciento de retorno, pero en las últimas dos administraciones estatales la tarifa se elevó considerablemente al punto que en algunos momentos se comentaba que era el 35 por ciento pagado por adelantado.

En esa circunstancia están todos: funcionarios estatales y de las administraciones municipales, miembros del congreso local, de organismos descentralizados, jueces, magistrados y policías. La cadena de corrupción es larga y crece constantemente porque en lugar de que se le ponga un alto, el robo se ha institucionalizado.

Para entender el tamaño del problema basta ver la manera como entran y como salen los funcionarios: hay personajes que llegan a los cargos en la medianía económica y terminan su función con cuentas abultadas, múltiples propiedades y negocios dentro y fuera del estado.

El robo es constante y comienza desde abajo, pidiendo mordida para realizar algún trámite, para evadir una multa u obtener un permiso; de ahí va escalando proporcionalmente el monto, al grado que los desvíos que pueden superar los 700 millones de pesos, como el caso reciente del extitular de Ceagua Jaime Juárez.

El problema es que la memoria ciudadana es muy corta y la situación se ha normalizado: cada vez que termina un gobierno se denuncia el robo cometido por la administración saliente y se olvida que en la anterior también hubo daño patrimonial, pero no castigo a los culpables.

Veamos el momento actual: el discurso contra la corrupción del gobierno de Margarita González Saravia se enfoca en las faltas cometidas por Cuauhtémoc Blanco, se identifica como el centro de los negocios a su hermano Ulises Bravo y se detallan irregularidades en distintas áreas del gobierno estatal, como Obras Públicas, Desarrollo Económico, Salud, Seguridad, Agricultura, DGPAC…

Pero el discurso es más mediático que de fondo y aunque se pone énfasis en lo ocurrido en el pasado reciente, se pasan por alto asuntos tanto o más graves que siguen en la impunidad y que seguramente, como cada seis años, se volverán letra muerta, crímenes sin castigo. Si se repite la historia de cada sexenio, en unos años veremos a la siguiente administración hablar de las fechorías cometidas en el régimen de González Saravia y se olvidará el robo de los cuauhtemistas.

Los escándalos de corrupción son muchos, constantes y en todos lados, pero a pesar de ello pocas veces las cosas van más allá del discurso. Veamos: Cuando tomó protesta como gobernador, Graco Ramírez habló de los actos de corrupción cometidos en la administración de Marco Adame y prometió que habría castigo; el tabasqueño declaró lo mismo por varios años, pero nunca hubo nada más que palabras. A la vuelta del tiempo su gobierno terminó y los casos de corrupción cometidos por su administración superaron los de su antecesor.

Después llegó Cuauhtémoc Blanco y se repitió la historia: el futbolista prometió meter a la cárcel a Graco y durante mucho tiempo hizo referencia a hechos deleznables como el robo de los recursos destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 2017. La corrupción graquista fue burda, ocurrió en todos lados y bajo todos los conceptos, empezando por áreas como salud, obras y el fondo de reconstrucción. Y a pesar de ello nunca pasó nada.

Ahora se retoman asuntos escandalosos del gobierno anterior, los malos manejos que hubo en la comisión de agua, obras públicas, la dirección de contratos, los servicios de salud, agricultura, desarrollo económico… como siempre se presentan denuncias y se habla de llamar a cuentas a los responsables, pero hasta ahora no hay nada tangible. ¿Pasará algo esta vez? Muy probablemente no.

Tengamos en cuenta que la corrupción se nutre de complicidad y ello da pie a la impunidad; así ha sucedido en asuntos escandalosos como los del gobierno de Antonio Villalobos, el de Manuel Martínez, el de Jorge Morales, el de Manuel Agüero, el de Sergio Valdespín , el de Tadeo Nava, el de Rodrigo Arredondo, el de Julio Espín y muchos más, incluidas las últimas cinco legislaturas locales.  

Escuchar a un gobernante hablar de honestidad y combate a la corrupción ha dejado de ser alentador, porque no importa de quien se trate, al final la historia siempre es la misma. Incluso en el gobierno actual en donde se han presentado algunas denuncias, la narrativa es la misma porque presentar una denuncia y vincular a proceso a un exfuncionario no es algo que no se haya hecho en el pasado y al final los acusados siempre burlan el brazo de la justicia.

A unos meses de iniciada la nueva administración hay señales preocupantes de que el discurso de honestidad de Margarita González Saravia podría ser únicamente retórica; lo que sucede en la secretaría de desarrollo sustentable, específicamente en la procuraduría ambiental es sintomático y muestra que, aunque institucionalmente la gobernadora hable de cambio y honestidad, las viejas prácticas se mantienen y hay funcionarios que “caen en la tentación”.

Ahí están también la secretaría de salud y los servicios de salud, cuyos titulares replican un modelo de arrendamiento poco claro, con pagos trimestrales multimillonarios que hace dudar de la honestidad de un gobierno que dice ser diferente, pero en los hechos replica las prácticas del pasado.

Los gobernantes son parte del problema y por eso todo se facilita: Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco estuvieron conscientes de que sus familiares (Rodrigo Gayosso, Elena Cepeda y Ulises Bravo) eran quienes comandaban el ejército de ladrones y nunca hicieron nada. Todo lo que pasó en ambas administraciones fue del conocimiento de los titulares del ejecutivo, ellos se beneficiaron de la corrupción y como ellos propiciaban el saqueo, todos robaron, porque no había calidad moral para decirles que no lo hicieran.

Con Margarita González Saravia la historia no es igual: la gobernadora no tiene los hábitos cleptómanos de sus antecesores ni tampoco familiares depredadores, el problema es que su agenda está concentrada en actividades públicas, muchas de ellas repetitivas y poco relevantes, por lo que no le queda tiempo para darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor.

Mientras no se ponga un alto a este tipo de prácticas y se castigue a quienes hacen mal uso de los recursos públicos, la historia se repetirá no importa que la cabeza del gobierno sea individualmente honesta. La impunidad es el abono natural de la corrupción, es el detonante de la complicidad y el motivo que permite que todos evadan la ley, porque saben que al final nunca pasa nada.

Reza el dicho popular: el amor, el dinero y lo pendejo no se pueden ocultar. En Morelos los funcionarios se enriquecen a la vista de todos.

·         posdata

Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización han sido instancias decorativas, elefantes blancos. A pesar de lo que presumen sus titulares y de que eventualmente lanzan alguna declaración llamativa basada en las “observaciones” que realizan, nada de lo que dicen y hacen se traduce en castigo a los corruptos.

Una y otra vez hemos visto o escuchado como ambas instancias confirman actos de corrupción, dicen que encontraron irregularidades por cientos de millones de pesos y que por ello emprenderán acciones legales contra exfuncionarios. Y al final nada pasa, parecería que las declaraciones son parte de una estrategia para espantar a los responsables con el objetivo de que se acerquen a negociar.

Piensa lectora lector querido: ¿De cuántos casos de corrupción has escuchado hablar de los últimos años? Recuerdas las acusaciones contra Manuel Martínez Garrigós, contra Antonio Villalobos, contra Graco Ramírez, contra Cuauhtémoc Blanco, contra Manuel Agüero, contra Tadeo Nava, contra Julio Espín, contra Andrik Ruíz de Chávez, contra Sergio Beltrán Toto, contra Alexis Ayala, contra Patricia Izquierdo… ¿Alguno de ellos está en la cárcel o regresó lo robado? No, ninguno.

Esa es la efectividad de la ESAF y la FECC.

·         nota

Fernando Bahena ocupó la titularidad la Ceama (hoy Ceagua) al final de la administración del gobernador Marco Adame Castillo; a él le tocó llevar a cabo la ejecución de un paquete de obras de tratamiento de aguas residuales cuyo objetivo, se dijo en ese momento, era rescatar el rio Apatlaco.

La inversión en las plantas fue multimillonaria, el gasto se ejerció, pero las tratadoras nunca funcionaron; la siguiente administración observó el caso y destacó que las plantas estaban a medio concluir o nunca se conectaron. El caso se denunció, pero las denuncias nunca avanzaron.

Años más tarde Fernando Bahena reapareció en Jiutepec, lo nombraron titular del sistema de agua potable y hoy el gobierno de Eder Rodríguez lo acusa de haber cometido acciones fraudulentas que “hicieron un boquete bastante grande” al sistema de agua, algo que en términos financieros representa un daño al patrimonio municipal superior al millón y medio de pesos.

Por instrucciones del presidente municipal, dice el nuevo director de la dependencia, se van a presentar denuncias penales.

Si la tradición continúa, seguramente no pasará nada.

·         post it

Los incendios en Tepoztlán son fuertes, pero no tanto como los de años anteriores. Durante casi una semana el discurso oficial ha sido que no hay riesgo para los ciudadanos, que el fuego está controlado y que se está atendiendo. ¿Si todo está bien para que insistir tanto?

Queda claro que en semana santa la información baja y hay que hablar de lo que sea.

¿No sería mejor que estos días la gobernadora bajara el ritmo de sus actividades y aprovechara el tiempo para descansar?

Su equipo se lo agradecería.

·         redes sociales

La gobernadora y el alcalde de Cuernavaca revisaron la obra de remodelación del mercado Adolfo López Mateos. Si lo hicieron con los ojos abiertos, seguramente constataron que ese proyecto fue negocio de los exfuncionarios.

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