Serpientes y escaleras - ¡Renuncie!

Le fue mal al fiscal general en su encuentro con los diputados. Pero no pasará nada.

¡Renuncie!

Una vez más el fiscal general del estado dialogó con los diputados locales; la charla no fue cordial (pocas veces lo ha sido), por el contrario, hubo reclamos y la exigencia inmediata de resultados. Morelos es tierra fértil para la delincuencia organizada, fustigaron los representantes populares a Uriel Carmona Gándara, quien con motivo del primer informe de labores del gobernador Cuauhtémoc Blanco acudió al recinto legislativo. No tiene ninguna justificación, le dijeron, ¡No da resultados! ¡Renuncie!

La historia de Carmona Gándara como titular de la FGE es corta, pero ha estado plagada de problemas; desde el principio ha sido acusado de ser defensor de los intereses del gobierno pasado y por no contar con el perfil que requiere un funcionario de su tipo.

Recordemos que el julio del 2016 el abogado Carmona recibió del gobernador Graco Ramírez una patente de notario; un par de años más tarde, en febrero del 2018, el titular de la Notaría 6 de Cuernavaca fue designado Fiscal General de Morelos por los siguientes nueve años; en ese mismo acto el congreso local nombró a Juan Salazar Núñez, ex Consejero Jurídico del gobierno estatal como Fiscal Anticorrupción.

Para muchos las designaciones de Carmona Gándara y Salazar Núñez en las fiscalías General y Anticorrupción fueron una jugada del exgobernador perredista para blindarse al término de su mandato; ambos siguen siendo gente cercana al tabasqueño y forman parte de una estructura institucional diseñada para impedir que los graquistas sean procesados o perseguidos. En esta lógica se apuntan también varios magistrados del Poder Judicial, encabezados por la presidenta Carmen Cuevas.

La figura de Uriel Carmona Gándara ha estado en el ojo del huracán no solo por su cercanía con el tabasqueño, al notario se le atribuye (junto con Juan Salazar) el retraso en el análisis y judicialización de las carpetas den investigación en contra de exfuncionarios acusados de corrupción y su falta de resultados en materia de seguridad y procuración de justicia.

En varias ocasiones desde que inició este nuevo régimen se ha hablado de destituir del cargo a Uriel Carmona Gándara, pero eso no ha sido posible porque los diputados no se han podido poner de acuerdo para juntar los votos necesarios para hacerlo. Por alguna extraña razón, desde que arrancó la Legislatura 54, el grupo parlamentario de Morena se ha opuesto a ese cambio, de ahí que en distintos momentos se ha especulado que existe un pacto entre Morena y el exgobernador perredista para mantener en su puesto a los fiscales e impedir que avance cualquier proceso contra la corrupción.

La comparecencia del Fiscal General del Estado en la cámara de diputados no fue cómoda, pero tampoco representa un peligro real para el servidor público. El fiscal conoce el juego, apechuga con la crítica y aguanta vara en momentos complejos porque está consciente de que los diputados no irán más allá; Carmona sabe que no existen acuerdos sólidos de ningún tipo, ni el interés real del parlamento para removerlo del cargo. Es pan y circo, para acabar pronto.

Y es que frente a la incomodidad que le provocan los reclamos de algunos diputados (solo algunos) está el abultadísimo presupuesto con que cuenta la fiscalía y las generosas condiciones legales que le regaló el gobierno anterior; en caso de ser destituidos por cualquier circunstancia, los fiscales Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez continuarían percibiendo su mismo salario de por vida, además de que por varios años serían dotados de un equipo de seguridad para salvaguardar su integridad. Ese contrato contractual no lo tuvo ni Obama.

Hoy la Fiscalía General del estado de Morelos tiene autonomía y un presupuesto superior a los 730 millones de pesos al año, pero en se ha convertido en un ente incapaz de procurar justicia, de generar paz social o siquiera de actuar correctamente; en los últimos meses la FGE ha cometido errores muy serios, como entregar un cuerpo equivocado como resultado de un mal proceso de identificación; las denuncias por parte de quienes acuden a esa dependencia se han multiplicado, señalando abusos, amenazas, maltrato y actos de intimidación, sin contar con el hecho de que cada día aumenta la percepción de que tenemos una dependencia vinculada a la delincuencia.

Todos estos puntos (y otros más) fueron señalados al fiscal Carmona por parte de los diputados; los y las legisladoras trajeron a colación hechos de violencia, situaciones de crisis y fallas muy serias en la FGE. El recuento de los daños concluyó con expresiones que emularon aquella frase de Alejandro Martí que decía “Si no pueden, renuncien”, al tiempo que afirmaban que sin tratarse de “algo personal”, lo prudente, lo digno por parte del abogado, era renunciar “porque le queda grande el cargo”.

La de Uriel Carmona fue la primera comparecencia con motivo del Primer Informe y seguramente será la más ruda de todas; al fiscal se le dejaron ir varios legisladores afines al régimen, empezando por Rosalina Mazari, lo cual evidenció la línea política que existe y el interés se ubicar el problema de inseguridad en la cancha de la fiscalía y no en la Comisión Estatal de Seguridad.

Pero aunque el encuentro fue ríspido y las expresiones fueron rudas, no hay mucho que esperar después de ello, porque Morena y sus cuatro diputados no apoyan la remoción del Fiscal General del Estado y solo por llevarle la contraria al gobernador, el bloque de siete legisladoras que encabeza Tania Valentina tampoco prestará sus votos para que se hagan cambios en las fiscalías.

La comparecencia del fiscal Carmona ante diputados fue un buen circo, generó un rato de entretenimiento político e hizo ver de manera fugaz que hay preocupación de parte de la clase gobernante por el problema de inseguridad. Desafortunadamente para todos, las diferencias políticas y los intereses partidistas son superiores a las necesidades del estado y todo quedará en eso, en un momento de reclamos, pero nada más.

Históricamente las comparecencias de funcionarios en el congreso han sido un circo; a veces un circo entretenido y otras aburrido, pero nunca han derivado en una acción concreta.

• posdata

Vaya bomba la que dejó caer la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México cuando Santiago Nieto dio a conocer en la mañanera de mitad de semana, entre otras cosas, que hay un funcionario estatal investigado por realizar “movimientos inusuales” por más de 700 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones.

El titular de la UIF no dio nombres (obviamente, porque se trata de una investigación en curso), pero se refirió el tema como “Caso primavera” y señaló que se trata de un jefe de oficina de la gubernatura. El personaje investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera habría reportado ingresos por 3.5 millones de pesos entre 2013 y 2018 y, según Nieto, entre octubre y noviembre del 2017 recibió 25.7 millones de pesos por el probable retorno de una cuenta personal en Suiza.

Santiago Nieto no dio nombres, pero la sola mención de que se trata del jefe de una oficina de la gubernatura y un “Caso Primavera” desató la polémica en varios medios nacionales, quienes de inmediato voltearon a ver a Morelos.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco bajó el balón diciendo que ni él ni su gobierno solaparán ningún tipo de abuso o acto de corrupción, que si alguien la debe la tendrá que pagar y que no tiene temor personal de cualquier investigación, porque siempre se ha conducido de manera recta y honorable. Aún así, molesto, el mandatario increpó a los reporteros pidiéndoles que no especularan, ni pusieran nombres donde aún no los hay. “Ni siquiera sabemos si la investigación es en Morelos” dijo.

El tema es espinoso y todavía dará mucho de qué hablar; por lo pronto Reforma, Milenio, Grupo Imagen y Julio Astilleros, entre otros, consideran que el funcionario investigado es José Manuel Sanz.

Si así fueran las cosas, cuentan los que saben, alguien que también deberá preocuparse por la investigación es el actual secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca.

• nota

Lo que sucede en la Fiscalía General del Estado es complejo y llama la atención de muchos; al fiscal lo tienen en la mira desde hace tiempo por su cercanía con el gobierno anterior, pero sobre todo porque, para algunos, la dependencia no ha dado resultados.

Uriel Carmona Gándara está confiado en que no existen los votos suficientes para removerlo del cargo, pero pierde de vista que en política los acuerdos pueden aparecer en cualquier momento; si eso sucediera los fiscales no solo podrían ser relevados de sus funciones, antes la legislatura podría llevar a cabo una contrarreforma para quitarles todos los beneficios que les concedió el parlamento anterior a petición de Graco Ramírez.

La situación del fiscal Carmona es delicada, principalmente, porque su oficina no tiene voz, porque sus acciones no se comunican de manera directa y toda su información se procesa a través de una tercera instancia. Así se entiende que en todos los casos a favor los aplausos se los lleve la CES (aunque no participe en los operativos) y las fallas sean imputadas a la FGE. Un caso concreto, dicen, es el rescate de Adrián Fernández.

Uriel Carmona apuesta su permanencia en el cargo a la falta de acuerdos parlamentarios, pero esa situación es poco fiable, porque vista la personalidad de los diputados actuales, en cualquier momento suman sus votos a un tema en particular a cambio de algún beneficio personal, como sucedió recientemente con el presupuesto.

El reto del Fiscal General del Estado no es solamente dar resultados como encargado de la procuración de justicia estatal, también necesita comunicar mejor sus acciones y diseñar una estrategia que vaya más allá de las coyunturas políticas.

Tal cual está el escenario hoy, la lógica seguirá siendo la misma: todas las acciones buenas se las contarán a la CES y todos los tropiezos se le achararán a la FGE.

• post it

También los abogados hablaron sobre lo que ocurre en la Fiscalía General del Estado; un grupo de profesionales del derecho entre los que destacó José Luis Urióstegui, se refirieron a lo que está pasando en la FGE y los severos problemas de violencia e inseguridad que padecemos en Morelos.

Así lo dijeron:

“… Las fiscalías forman un subsistema desordenado; de nada sirve que tengan tres, cuatro, o cinco corporaciones, sino está organizado sino tienen orden y principalmente si carecen de un programa. El sistema de seguridad pública está conformado por la prevención del delito y su investigación, que en la primera etapa que se lleva a cabo por las fiscalías General y las Especializadas, no obstante ahora estamos en una problemática que deriva del desorden, ya que a la fecha no conocemos un plan integral para la seguridad del estado.

… Los mismos titulares de las organizaciones preventivas no saben cuáles son sus obligaciones, también confirmamos que no tienen la capacidad para implementar operativos de vigilancia o incluso, para operativos de alto riesgo no están preparados.

… Tenemos que entender que todo tiene un orden para tener consecuencias eficaces, pero hasta la fecha seguimos esperando, no hay orden en las instituciones encargadas de la seguridad publica.”

• redes sociales

Lo dicen en los pasillos de poder nacional: no solo una persona es investigada por su manejo financiero; son tres.

Comentarios para una columna sonriente:

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