Serpientes y escaleras - Relevo judicial

La reforma mostró las dos caras de la moneda en materia de operación política

Relevo judicial

Lo ocurrido en el proceso de renovación de la presidencia del Poder Judicial de Morelos es un ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe hacer en términos de operación política. Oficialmente fue un proceso interno, decisión exclusiva de magistrados, donde no hubo intervención externa, ni acciones que pretendieran impulsar o imponer a alguien en particular; en los hechos no fue así: hubo candidato oficial, ofrecimientos, apoyo y amenazas para que se atendiera una línea. Quien resolvió la crisis fue Rafael Reyes.

Entender lo ocurre al interior del Tribunal Superior de Justicia no es sencillo, ni puede hacerse a lo lejos; la mejor manera de conocerlo es a través de los ojos de quienes están ahí y participaron en esta trama, los que desde hace años recorren esos pasillos y saben que como en casi todos los casos, existen varias versiones sobre una misma historia.

Al hablar del Poder Judicial de Morelos lo primero que viene a la mente es una entidad sin voz, cuestionada desde hace muchos años y acusada por los últimos tres gobiernos estatales de mantener fuertes vínculos con grupos de la delincuencia organizada. Eso, y que en su renovación estuvo envuelta en polémica y señalamientos de tipo económico y padrinazgo político.

Precisamente porque hablamos de un poder sin voz, sin capacidad para comunicar ni unidad interna, los hechos recientes han dañado aún más su imagen y colocado a sus integrantes una situación de alta vulnerabilidad, porque en lugar de referirse a ellos como los responsables de impartir justicia, se les ha etiquetado como mercaderes de la ley, personas que venden sentencias, que liberan delincuentes y se coluden con grupos criminales. Aunque en algunos casos no lo sean.

La reforma judicial pudo ser el camino para transformar de fondo al TSJ, para mejorar su funcionamiento, para modernizarlo, para crear espacios de evaluación permanente que transparentaran sus acciones y cerrara el paso a intereses personales. Contrario a ello lo que se hizo fue una reforma insulsa cuyos dos únicos elementos sustantivos fueron la elección de jueces y magistrados por voto ciudadano y el cambio de presidente.

En este último punto lo ocurrido fue un glosario de errores que generaron inestabilidad política, lastimaron la imagen de la gobernadora, dividieron más a los magistrados y lastimaron a todo el Poder Judicial. Aunque se niegue, en el proceso de renovación del TSJ hubo intervención externa, existió línea en favor de un magistrado y surgieron amenazas contra de la integridad de quienes se opusieron a la instrucción.

El primer error en la operación política implementada en el TSJ fue convencer a la gobernadora de que debía intervenir en el proceso impulsando a alguien; el segundo fue la elección de quien. En la renovación del poder judicial Margarita González Saravia no tenía porque apoyar a un personaje en particular, porque ninguno de los integrantes del pleno son afines a ella, en todo caso el camino era buscar al menos distante, a quien no representara intereses políticos o delictivos o dificultara el entendimiento entre poderes. Y no fue ese quien apoyaron.

Luego vino una sumatoria de errores montados en la misma premisa: impulsar a quien no podía ser y amenazar a los que no estaban de acuerdo. Un bloque de once magistrados dejó muy claro desde el principio que estaba dispuesto a aceptar la línea oficial, pero había dos figuras con quienes no transitarían: Javier Mujica y María del Carmen Aquino. Quien avisa no engaña, reza el dicho popular, y eso fue justamente lo que desde el arranque de las pláticas dejó claro el G11: avanzamos con cualquiera, menos con ellos.

Entonces apareció la figura de Javier López, alguien que no tiene buena imagen ni relación dentro del poder judicial, operando para Javier Mújica a sabiendas que este no contaba con el apoyo ni de su propio bloque; la línea oficial mantuvo la narrativa de que él era el elegido de la gobernadora y que debía ser apoyado a como diera lugar, pero en lugar de convencer intentaron imponer, amenazaron y ahí fracasó todo.

Ese fue un nuevo punto de conflicto entre magistrados, porque a decir de los once, en lugar de dialogar para persuadir, hubo coacciones y referencias a acciones jurídicas que se emprenderían contra ellos si no obedecían. “Fueron varias reuniones en el mismo tono y eso en lugar de amedrentarnos, hizo que nos uniéramos más... Y entonces el bloque de once creció a catorce”.

La acumulación de errores llegó a un punto crítico, tanto que se le cerró la puerta al operador oficial y luego de 24 sesiones intentando lograr acuerdos los magistrados acudieron al congreso en busca de ayuda. El camino que encontraron para destrabar el entuerto fue el coordinador parlamentario de Morena, quien conocedor del problema que ya se había generado intervino sin apoyar a alguien en particular, sino buscando un punto de coincidencia entre ambos bandos, para que las cosas avanzaran y el problema dejara de dañar la imagen del Poder Judicial, del estado y de la gobernadora.

Lo que hizo Rafael Reyes en esta historia fue totalmente opuesto a lo que se hizo al inicio: en lugar de amenazar, concilió y en lugar de tratar de imponer, buscó coincidencias; la operación política del diputado permitió que el problema no siguiera creciendo y el poder judicial se mantuviera en crisis. De su parte, dicen, no hubo peticiones particulares, ni cuotas de ningún tipo, todo se resumió al llamado a la cordura, la conciliación y reencuentro institucional más allá de intereses particulares. Y lo logró.

El legislador morenista entró a escena de manera circunstancial, cuando se lo solicitaron los propios magistrados y ante un escenario que en ese momento ya era sumamente complicado; el estira y afloja había llegado al límite: Gamboa y Mújica perdieron terreno y aunque el otro bloque alcanzó a sumar 14 votos, no estuvieron en condiciones ni ánimo de comprar al que les faltaba, “porque no estábamos dispuestos a entregar las finanzas de la institución” (sic).

A Rafael Reyes le tocó conciliar en dos pistas: dentro del poder judicial con los magistrados de los dos bandos y en el congreso con sus correligionarios para que lo apoyaran con los votos necesarios para encontrar el camino legal para solucionar el problema. Lo hecho por el diputado fue adecuado porque no solo corrigió los fallos de operación iniciales, sino porque también dejó las bases para que en lo subsecuente las decisiones en el Poder Judicial se tomaran por mayoría simple, lo cual evitaría una nueva crisis.

Lo que pasó en el TSJ es un ejemplo claro de buena y mala operación política, de lo que se debe y no se debe hacer. Al principio se cometieron muchos errores que derivaron en la cancelación mutua de los grupos, situación que trabó todo y dejó a los magistrados incapacitados para nombrar a su líder.

Luego vino la intervención del congreso a petición de uno de los grupos y ahí se recompusieron las cosas, hubo acuerdos y se eligió al nuevo presidente.

Si a Rafael Reyes le hubieran encomendado la operación política desde el principio, el estado y los poderes se habrían evitado muchos dolores de cabeza.

Pero el hubiera no existe.

·         posdata

El 2027 es el año en el que la oposición puede colocar los cimientos para recuperar la gubernatura de Morelos; del lado de Morena hay confianza absoluta en la marca, asumen que el triunfo vendrá como resultado del impacto de los programas federales y que hay tiempo de sobra para planear la elección intermedia.

Como en el 2024, la oposición puede aprovechar ese exceso de confianza para construir desde ahora la plataforma electoral, para cerrar alianzas y acordar candidaturas. La clave es no pelearse.

Desde ahora se ve que el PRI no formará parte de la siguiente alianza opositora, pero su lugar podría ser tomado por Movimiento Ciudadano. Los priístas andan enojados con el PAN porque consideran que no se cumplieron los acuerdos y por todos lados refieren que en el 2027 caminarán solos.

Si eso sucediera la oposición se debilitaría, pero dependiendo del enroque que haga el FAM, su rentabilidad electoral aumentaría, porque Movimiento Ciudadano es una mejor marca que el PRI.

La oposición tiene el control de 30 municipios, gobierna al 75 por ciento de los morelenses, maneja la zona metropolitana y las zonas de mayor desarrollo económico, empezando por Cuernavaca.

Nada está escrito aún, pero Morena no tendrá una elección sencilla en el 2027.

·         nota

En su intento de mantenerse al frente del poder judicial a través de otro, afirman en los pasillos del TSJ, Jorge Gamboa intentó pactar con los exgobernadores Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco. Ese movimiento hizo que las cosas se complicaran, porque ninguno de los dos tenía los votos necesarios para inclinar la balanza y en el caso del segundo, tampoco tiene el tacto ni la habilidad para operar.

Lo visto en ese proceso fue una relatoría de errores, de falta de oficio para negociar y equivocaciones graves en los caminos que se siguieron. Al inicio el bloque de once magistrados estuvo dispuesto a aceptar una sugerencia, siempre y cuando no fueran Javier Mújica o María del Carmen Aquino, el problema es que se empeñaron en el primero y luego amenazaron en lugar de convencer.

La llegada de Juan Emilio Elizalde no es mala para el ejecutivo, porque se trata de un hombre mayor, institucional, que no tiene las ambiciones económicas de otros, ni pretende una nueva posición al término de su periodo.

La actitud del nuevo magistrado presidente con la jefa del ejecutivo es correcta: es institucional, prudente y hasta servicial; la personalidad de Juan Emilio le impide ser diferente: no buscará pleito con nadie, tratará de poner en orden la institución y de cerrar con decoro su periodo.

El decano sabe que ya ganó, porque la presidencia le cayó de rebote y además le ampliaron el periodo para el cual fue nombrado; hacia adentro debe mostrar firmeza al actuar y decisión para que sus críticos no se le suban a las barbas. Hacia afuera su labor es igual de importante: no basta ser institucional, tiene que demostrar con hechos que es capaz de avanzar en temas que importan a ambos poderes, empezando por acabar con la puerta giratoria.

Por preparación, experiencia y capacidad, Juan Emilio Elizalde puede cerrar con mucha dignidad su periodo en el Poder Judicial y apoyar con acciones concretas a que el trabajo de pacificación del estado avance.

·         post it

Se avecina la renovación de la mesa directiva del congreso local y Morena se mantendrá al frente; dos figuras que harían un buen papel en ese espacio son Rafael Reyes e Issac Pimentel.

·         redes sociales

Pensemos en una figura que profesionalmente ayudaría mucho a la gobernadora Margarita González Saravia, al gobierno y al estado. Se me viene a la mente Alejandro Villarreal.

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