Serpientes y escaleras - Impunidad

No hay que darle muchas vueltas: La inseguridad es producto de la impunidad.

Impunidad

Desde hace dos décadas la violencia y la inseguridad en Morelos han crecido al amparo de la clase política. Las pugnas de poder entre quienes ostentan el control de las instituciones han derivado en la permanente politización de las áreas de seguridad y el deterioro constante en la calidad de vida de los habitantes. Año tras año, sexenio tras sexenio, la constante ha sido la lucha por el poder, sin importar los métodos para obtenerlo. Esto da pie a un problema más grave: impunidad.

Desde hace cuatro sexenios (cinco con el actual), siete gobernadores han intentado sin éxito resolver el problema de inseguridad y violencia en Morelos. Jorge Carrillo Olea era un experto en la materia, llegó al estado luego de haber conducido la lucha nacional contra el narcotráfico y dirigido la seguridad nacional; su formación militar lo presentaba como la solución a un problema que en ese momento apenas florecía, pero a la vuelta de 4 años de su gobierno el problema se agravó.

De ahí vinieron dos gobernadores interinos (Jorge Morales Barud y Jorge García Rubí) y tres de elección (Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame Castillo y Graco Ramírez Garrido); cada uno intentó atajar el avance de los grupos delictivos y disminuir los niveles de violencia, pero ninguno lo logró. Desde hace seis años en Morelos se implementó una estrategia de seguridad que consistió en entregar el control de las policías municipales al estado con la finalidad de fortalecer a las corporaciones, pero los resultados no han sido satisfactorios.

En esta vorágine de violencia e inseguridad vale la pena analizar el problema desde un ángulo distinto, que no se ha observado con la seriedad suficiente. Cinco gobernadores han peleado utilizando la fuerza, pero ninguno ha combatido el factor que ayuda a los delincuentes y hace crecer a los grupos delictivos: la impunidad.

Revisemos el tema desde varios puntos: la lucha de la policía contra los delincuentes no sólo es un tema de fuerza e inteligencia, también tiene que ver con la normatividad operativa, el marco jurídico y la protección que brinda el poder judicial del estado a diversos grupos.

Desde el sexenio pasado el ejecutivo ha señalado a los jueces como piezas clave en el proceso de impunidad que ayuda a los delincuentes; varias veces de manera pública Graco Ramírez aseguró que era esa complicidad protectora la que impedía obtener mejores resultados en la lucha contra las mafias y por esa razón varias veces exigió a la titular del poder judicial (primero Nadia Luz Lara y luego Carmen Verónica Cuevas) que sus magistrados dejaran de prestarse al juego de la mafia.

La actuación de algunos jueces ha servido de blindaje para que personas y grupos que se mueven al margen de la ley puedan seguir delinquiendo, pero el poder judicial es sólo una de los varios eslabones que hay en la cadena de impunidad que opera en el estado. Otro eslabón es el de los políticos.

Desde hace años la clase política morelense ha sido cómplice de los grupos delictivos; muchos de los actores de poder en la entidad arrastran historias tenebrosas, los relacionan a grupos de la delincuencia y en algunos casos son señalados como cabezas de cárteles. El tema es vox populi: a lo largo y ancho del estado hay figuras en los ayuntamientos, en el congreso y en el servicio público a quienes se les vincula con la delincuencia organizada; ellos protegen a grupos criminales. De ahí surge un tercer eslabón: los partidos.

Para nadie es secreto que los partidos políticos se convirtieron desde hace varios años en un medio utilizado por la delincuencia para colocar aliados en el poder. Como lo dijo el fin de semana pasado el Obispo de Cuernavaca, los grupos delictivos financian candidatos y luego los extorsionan como autoridad, por eso la presencia de los cárteles ha aumentado y su actuar se ha diversificado: ya no se mueven solo en temas delictivos, también participan en la operatividad de los gobiernos, como el manejo de la obra pública o los sistemas municipales de agua potable.

La impunidad es el factor que más ha impedido que las estrategias de seguridad den resultados; para muchas autoridades resulta más cómodo hacerse de la vista gorda y evitar el tema, pues atacarlo implica señalar a diferentes actores de poder, echarse en contra a grupos políticos y exhibir el grado de putrefacción en el que se encuentran las instituciones públicas.

Mientras no se combatan de manera frontal todos los rostros de la impunidad, mientras la autoridad no decida proceder contra quienes protegen a los grupos delictivos sin importar el cargo público o posición que ocupen, mientras la lucha sea únicamente contra los delincuentes sin tocar a quienes los protegen, es imposible que las cosas mejoren.

La lucha contra la incidencia delictiva y la violencia no debe ser solo en las calles contra los criminales, la batalla más importante para ganar la guerra está en el blindaje político e institucional que tiene la delincuencia organizada, esa ante la cual todos los gobiernos hacen oídos sordos.

De nada sirve que se cambie de estrategia de seguridad o que se exija más a los  policías, si la protección más fuerte de los criminales sigue intacta.

• posdata

La doble victimización es un problema común en Morelos. A las agresiones que sufren miles de personas de manos de la delincuencia se añade otra victimización por parte de las autoridades.

Este es un problema de fondo, pega de manera directa en el ánimo de los ciudadanos y se convierte en el principal motivo de que la gente desconfíe.

La denuncia, han dicho de manera reiterada las autoridades locales y federales, es el primer paso en cualquier estrategia de seguridad, “Necesitamos que la gente pierda el miedo, que denuncie; las mejores cámaras que podemos tener son los ojos ciudadanos” dice el jefe de la gubernatura José Manuel Sanz. Cierto.

Pero para que los ciudadanos denuncien lo primero que debe existir es confianza en las autoridades y en las instituciones… y eso no existe actualmente en el estado porque son las autoridades quienes de manera cotidiana se encargan de aniquilar la seguridad de la gente.

Veamos dos ejemplos:

1. Los ministerios públicos son el primer punto de encuentro entre las víctimas de algún delito y el gobierno; la labor de estos funcionarios es clave desde cualquier ángulo, a ellos corresponde armar de manera adecuada los expedientes para que procedan jurídicamente, pero también son ellos quienes tienen el primer contacto con los afectados, los que los atienden en el momento más crítico y los tratan en su estado más sensible. ¿Y qué hacen regularmente los MPs?  Maltratan a los ciudadanos, los tratan como si ellos fueran los delincuentes (y no las víctimas) y al hacerlo provocan un reacción que se traduce en una frase muy escuchada: ¿Para qué denuncio si no sirve de nada?
2. La Comisión de Atención y Reparación a Víctimas es otro ejemplo concreto de ineficiencia y abuso gubernamental. La CEARV es una institución clave en el proceso de ayuda a las familias de quienes han sido tocadas por la violencia, su trabajo es sustantivo para mucha gente y determinante en la confianza que la ciudadanía tiene en el gobierno. En Morelos la titular de esa área, Nadxieelii Carranco Lechuga, es una mujer que no tiene el perfil para el cargo: corrupta, prepotente, insensible y negligente, la robusta funcionaria ha lucrado con el dolor de la gente y se ha enriquecido a costa de los recursos para los afectados. Su mal desempeño es razón primaria para que la gente desconfíe de las autoridades.

El llamado que hacen las autoridades a la población para que denuncien actos ilícitos  es fundamental en la lucha contra la delincuencia, pero dicha petición no será escuchada mientras el gobierno no atienda estos aspectos.

La protección de la que gozan algunos grupos delictivos en el Poder Judicial es igual de grave que la actitud de servidores públicos que maltratan a las víctimas y acaban con la confianza ciudadana. Si el nuevo gobierno quiere sumar a la sociedad, lo primero que tiene que hacer es concientizar a los ministerios públicos de la importancia que tiene el trato que dan a las personas.

Tienen que cambiar a la titular de la CEARV.

• nota

La violencia y los altos índices delictivos también tienen que ver con actos de corrupción de las autoridades municipales. Así lo dijo Carlos Loret de Mola en un reportaje transmitido por Televisa:

“Vecinos afirman que las autoridades no responden a sus peticiones de supervisión o de clausura, que la policía tampoco acude en caso de disturbios. Muchos bares de Cuernavaca, en Morelos, operan fuera de la ley.

Sin permisos ni licencia, sin salidas de emergencia y sin personal de seguridad, es cómo funcionan bares que están ubicados a unos metros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca

- Llegan desde el martes, miércoles, jueves y viernes a veces desde las 2 de la tarde y terminan hasta las 3 de la mañana, su volumen de decibeles es altísimo… Esto provoca anarquía; cada quien pone su bar y cada quien pone su estancia

El equipo de Despierta ingresó a algunos de estos establecimientos: Uno se llama Yupi, está arriba de una tienda de conveniencia y el único acceso al lugar es por una escalera de caracol; no hay quien revise a las personas que ingresan, ni comprueban que sean mayores de edad. La ventilación es mínima, pero no hay impedimento para que sus asistentes fumen; por las noches los encargados cierran la puerta de acceso con candado y si alguien quiere salir, tiene que comprobar que ya pagó su cuenta.

A otro establecimiento lo conocen como El Spa, también tiene una sola puerta de acceso y salida, la terraza desde donde alguien podría salir en caso de emergencia tiene alambre y navajas; al igual que en el bar Yupi no hay quien revise a las personas que entran. El gobierno de Cuernavaca, a cargo de la supervisión de los bares en Morelos, admite que estos lugares operan fuera de la ley.

Andrés Remis, Secretario de Turismo de Cuernavaca- No cuentan con licencias, hay lugares que ni siquiera están dados de alta, entonces tiene que ser un operativo en conjunto con todas las instancias del ayuntamiento.

Los vecinos de la colonia Chamilpa, donde está la universidad, aseguran que las autoridades no responden a sus peticiones para que supervisen y clausuren esos antros. La policía tampoco llega cuando les reportan disturbios.

- Nunca han respondido a nuestro llamado, nos dicen que no pueden responder porque no es un estado de emergencia como para que ellos puedan venir y auxiliarnos.

Hay otro que no parece bar, se anuncia como una antojería, pero al bajar por unas escaleras se ingresa a un patio donde hay varias mesas para beber cerveza.

Andres Remis- Hay lugares que tienen licencia de fonda o antojería y están trabajando de bar; esto no puede ser.

En uno de esos bares fue vista con vida por última vez Mariana, una joven de 22 años que estudiaba en la UAEM y que fue asesinada el 10 de mayo pasado.

- La última hora en que la vieron ahí fue a la 1:30 de la mañana; a las 7 de la mañana de ese día la chica apareció muerta en Xochitepec.

El gobierno municipal dijo a Despierta que la problemática de los bares en esta zona ya se planteó en las mesas de seguridad que tienen con el gobierno del estado, pero hasta ahora no hay operativos de supervisión.”

• post it

El desconocimiento de la cultura local y la falta de identificación con el estado ha impedido que las estrategias de seguridad funcionen; explico: del sexenio de Jorge Carrillo a la fecha los planes institucionales han fallado consecutivamente, en buena medida, porque los encargados de las diferentes áreas del gobierno no han comprendido la importancia de conocer al pueblo que gobiernan.

En algunas ocasiones el problema ha estado ligado a la improvisación de los funcionarios, a la falta de conocimiento del territorio y la incapacidad de quienes están al frente de las dependencias; a ello se suma la lucha por el poder, una batalla que empieza en las campañas y se prolonga a lo largo del sexenio en un pleito sin cuartel que utiliza aspectos muy sensibles para la sociedad como instrumento para debilitar al rival.

Si queremos que nuestra realidad de violencia cambie y las estrategias funcionen, es imprescindible que los funcionarios entiendan a la gente que gobiernan.

• redes sociales

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