Serpientes y escaleras - ¿En manos de quién está la justicia?

Las niñas regresaron con su madre; quedó demostrado que la juez actuó mal.

¿En manos de quién está la justicia?

Desde hace años el Poder Judicial de Morelos ha estado envuelto en polémica; desde la época de Ricardo Rosas el TSJ ha sido objeto de señalamientos por ponerle precio a la impartición de justicia y vender sentencias al menor postor. Las críticas al desempeño de los jueces y magistrados morelenses no son nuevas, se les ha acusado por proteger delincuentes, por estar coludidos con el narcotráfico y ahora por separar a dos menores de su madre. Rubén Jasso está manchado y no tiene calidad moral para ocupar una magistratura. Debería renunciar al cargo.

Historias sobre el mal comportamiento de los impartidores de justicia de Morelos hay muchas y buena parte de ellas las han contado los propios magistrados; desde hace años unos y otros se acusan, se critican y ponen en tela de juicio la forma como trabajan. Los jueces son el principal objeto de sospecha, los últimos tres gobernadores los han señalado por actuar fuera del marco legal y estar al servicio de criminales.

El caso de las niñas Maya y Gal volvió a poner al poder judicial morelense en el ojo del huracán y a la juez que llevó el caso bajo sospecha por haber incurrido en un acto de corrupción. La madre de las menores ha dicho públicamente que hubo dinero de por medio a cambio del resolutivo, que tanto los peritos como la juez se beneficiaron económicamente del asunto y que la sentencia fue producto de un acto de corrupción. El hecho que la SRE actuara en sentido contrario de lo determinado por el TSJ morelense lo comprueba.

La juez Laura Galván fue defendida a capa y espada por el presidente del poder judicial Rubén Jasso; los argumentos del magistrado versan en el respeto al derecho internacional y a la obediencia de esos tratados, dijo que ellos solo acataron una orden y que su proceder fue supervisado por la cancillería. Ante la presión social y de los medios de comunicación el abogado reconoció que no se tomó en cuenta la opinión de las menores, ni se respetó el interés superior de las niñas.

El titular del tribunal superior de justicia se refugió en argumentos legales, pero olvidó las leyes que defienden los derechos de los niños; este asunto no fue como cualquier otro: tanto la enjuiciadora como el presidente del TSJ sabían que se trataba de un tema muy delicado, que habría una reacción social y a pesar de ello actuaron. La juez Laura Galván no se habría atrevido a tomar una decisión de este tipo sin la anuencia del presidente Jasso Díaz.

Luego de que las autoridades judiciales entregaron por la fuerza a las dos menores la historia se viralizó, hizo voltear los ojos al poder judicial morelense y nos recordó que muchas veces sus integrantes actúan de manera legal, pero injusta; el de las niñas es un caso que claramente refleja lo que es y lo que hace el TSJ.

A pesar de la gravedad del asunto, el problema del poder judicial morelense no está solo en el caso de las niñas Maya y Gal, sino en todos los demás asuntos que cada día se dirimen en los tribunales. Esta historia pudo haber pasado desapercibida como la mayoría, en donde los involucrados guardan silencio o no reciben la atención pública; la diferencia fue que los videos se viralizaron, y el abuso de la autoridad no pasó desapercibido como muchos que se cometen en complicidad con el presidente Rubén Jasso Díaz.

Hagamos memoria de algunos casos sonados en los tribunales Morelenses: hace algunos años un juez en estado de ebriedad atropelló y mató a una persona, la familia presentó pruebas del hecho y a pesar de la evidencia, al asesino, miembro de la familia judicial, no le hicieron nada. En otro momento se llevó a juicio a un grupo de secuestradores que fueron capturados en flagrancia: la fiscalía acreditó el delito, presentó las pruebas y un juez dejó en libertad a los plagiarios. Como estos hay más historias.

Operativamente hablando la situación no es mejor: la pandemia mostró que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos no está preparado técnica ni profesionalmente para trabajar con las nuevas tecnologías, ni supo reaccionar ante una eventualidad; peor: a mas de dos años de que inició la crisis de covid el poder judicial morelense no ha podido normalizar sus actividades y ello ha provocado un aumento exponencial en el rezago de expedientes y la afectación directa a miles de profesionistas del derecho. Una parte de esta situación tiene que ver con la falta de recursos económicos, pero otra razón es que el titular de ese poder no tiene la capacidad para modernizar ni para dirigir a la institución.

La sentencia que la jueza Laura Galván dictó en el caso de las niñas Gal y Maya se defendió desde un punto de vista jurídico bajo el argumento de que se respetaron los tratados internacionales; pero social y humanamente fue inconcebible que la juez y el presidente del TSJ no tomaron en cuenta los derechos de las menores y antepusieron la ley de otro país por encima de las nacionales que protegen su integridad y sus derechos como ciudadanas mexicanas. Al final, cuando las menores fueron regresadas a su madre por la SRE el argumento del poder judicial se vino abajo.

Muchas veces hemos visto procedimientos abusivos por parte de jueces y magistrados locales y siempre las historias quedan en impunidad porque quienes están encargados de impartir justicia son quienes vulneran la ley. El caso de estas niñas va más allá de la corrupción, representa un acto de violencia contra los derechos humanos de las dos menores de edad que fue exhibido a nivel nacional. Sería muy grave que esta acción con dolo, mala fe y sospechas de corrupción de los integrantes del TSJ Morelos quede sin castigo.

A pesar de que la juez Laura Galván y el magistrado Rubén Jasso reiteren que actuaron conforme a derecho y obedecieron un tratado internacional, resulta inconcebible que los encargados de impartir justicia en Morelos pasen por alto la voluntad de las dos adolescentes, que no les concedan opinión en un tema que afecta su vida y no tomen en cuenta sus derechos como ciudadanas mexicanas, mujeres y menores de edad.

Ésta es la justicia que hoy tenemos en Morelos y la doble moral de algunos servidores públicos que hablan del respeto de los niños para elegir sobre su sexualidad y libre pensamiento, pero no los dejan opinar respecto a su familia y su futuro.

Los argumentos del poder judicial morelense fueron desechados por la cancillería, por eso Gal y Maya regresaron con su madre.

La decisión de los abogados Laura Galván y Rubén Jasso fue incorrecta, ilegal, inmoral, inhumana y debe ser castigada.  

• posdata

El discurso de moda entre los actores políticos versa sobre valores universales como el respeto, la inclusión, la tolerancia, la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos… moda, digo, porque en la mayoría de los casos se trata de palabras al viento que no sirven de nada, porque no existen acciones concretas que las respalden.

Ahora que el poder judicial ha entablado un juicio para lograr su autonomía financiera y reclama a los otros dos poderes que les entreguen más dinero para su operación es momento de que los diputados observen lo que pasa en los tribunales morelenses y tomen cartas en el asunto.

Muchas veces las autoridades del estado, los alcaldes y los diputados se han referido a la incompetencia y parcialidad de algunos funcionarios del poder judicial, a la mala impartición de justicia y la sospecha generalizada de que en el TSJ Morelos se cometen arbitrariedades y actos de corrupción.

Asuntos como el de las menores de edad deberían hacer voltear a nuestros representantes populares hacia ese poder, para revisar la manera como trabajan, para que a la par del fortalecimiento económico del Poder Judicial se haga un ejercicio profundo de profesionalización, para que el proceder de los impartidores de justicia no solo sea legal, también sea justo. El abuso contra estas dos niñas, por cierto, ocurrió un día después del día internacional de la mujer.

Entendamos algo: los profesionales del derecho saben que existen lagunas jurídicas que permiten caminar en el borde de la ley o saltarse las normas, que a partir de ciertas inconsistencias procesales o manejo de tiempos se puede hacer lo que se quiera. Por eso el señalamiento reiterado en materia de seguridad: la policía detiene a los delincuentes, pero por errores procedimentales los jueces los dejan libres.

Muchas veces esos “errores” son provocados, es decir, son los mismos jueces quienes indican a los abogados el camino a seguir y al hacerlo ponen la justicia al servicio de quienes quieren. Los representantes del Poder Judicial se defienden diciendo que actuaron “conforme a derecho” pero es obvio que actúan con dolo y sin ánimo de hacer justicia.

Revisar el proceder de los jueces y magistrados podría ser un gran logro de la actual legislatura y ayudaría a que miles de personas obtuvieran un mejor y más justo trato en los tribunales.

Hoy está a la vista el escandaloso caso de dos niñas que fueron obligadas, contra su voluntad, a dejar a su madre. ¿Cuántos casos como este existen sin que tengan la explosividad mediática que hoy vemos?

• nota

Es interesante el planteamiento que el viernes pasado hizo la secretaria de hacienda en su comparecencia ante diputados del congreso de Morelos; su propuesta fue promover “impuestos al vicio”, es decir, gravámenes que se aplicarían de manera específicamente a las bebidas alcohólicas, casinos y negocios relacionados con este giro.

“El que tiene dinero para ir a jugar (apostar) es porque tiene dinero para pagar”; se trata, señala, de gravámenes que no dañan a la sociedad en general, que podrían fortalecer las finanzas del estado y servirían para ayudar a los sectores más marginados. “Todos piden más, pero es necesario encontrar la manera de generar más ingresos que nos permitan atender a todos; si no lo hacemos nos quedamos en las mismas: dándole un poquito a todos para cumplir, pero haciendo poco y dando pasos muy pequeños”.

La idea no es mala y los argumentos son válidos.

• post it

Trabajamos de la mano de la SER, dijo el magistrado Rubén Jasso a manera de defensa a la actuación de la juez Laura Galván en el caso de las hermanas Gal y Maya. Unas horas más tarde el propio canciller Marcelo Ebrard echó por tierra el argumento del presidente del poder judicial de Morelos al informar que las menores ya se encontraban reunidas con su madre y celebraba el hecho como “una buena noticia”

Una vez más el tribunal superior de justicia de Morelos quedó exhibido y se demostró que la decisión de la juez Laura Galván fue legal y humanamente incorrecta, por eso la SER tuvo que corregir el fallo local. A pesar de que en algunos casos los integrantes del TSJ actúan “conforme a derecho”, están muy lejos de impartir justicia.

Rubén Jasso no merece presidir al poder judicial y Laura Galván no debería continuar siendo juez. Ambos deberían ser castigados por sus actos.

• redes sociales

El gobierno de Cuernavaca revivirá la emblemática Feria de la Flor. Será, dijeron, un espacio de exposición y venta de artesanía, de plantas y de convivencia social con un toque cultural, como lo era hace muchos años.

No habrá venta de bebidas alcohólicas, ni gallos, ni la fayuca que ya era característica de la Feria de la Primavera; la de la Flor es una apuesta por la identidad y la convivencia familiar.

La iniciativa del alcalde José Luis Urióstegui en este tema es plausible, pero para que el evento tenga éxito, además de buenas intenciones se requiere que la feria se promueva, se conozca y sea atractiva.

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