Serpientes y escaleras - Complicidades

Estados Unidos acusa complicidades criminales en México. Y no le falta razón

Complicidades

Cuando la Casa Blanca dijo en un comunicado que el gobierno de México tenía alianzas con grupos criminales, razón por la cual el presidente Donald Trump imponía el 25 por ciento de aranceles a los productos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la acusación y reviró la responsabilidad del problema delictivo al gobierno norteamericano. Ambos presidentes tienen razón.

El lunes, después de una charla entre mandatarios, se acordó pausar los aranceles a cambio de que el gobierno mexicano enviara diez mil elementos a la frontera para frenar la migración y contener el tráfico de fentanilo. Esa era desde el principio la demanda del presidente Donald Trump… y la consiguió.

Lo que se discute en el plano internacional es un asunto que los ciudadanos vemos todos los días en nuestro entorno. Bajo un patriotismo hipócrita podemos rechazar la acusación norteamericana, pero todos sabemos que lo que dice la Casa Blanca no es falso, ni está alejado de la realidad que vivimos en casi todo el territorio nacional. Veamos:

En Morelos llevamos tres sexenios donde los jefes del ejecutivo han aceptado que existen vínculos entre actores de la vida pública y la delincuencia organizada; Graco Ramírez dijo que el de Marco Adame era un “narcogobierno” y Cuauhtémoc Blanco repitió durante seis años que el tabasqueño estaba coludido con el narco.

En lo municipal la historia no es distinta: uno tras otro los titulares de seguridad estatal han confirmado que la mayoría de los alcaldes están coludidos o relacionados con grupos criminales y es secreto a voces que en muchas partes de la entidad, incluida la capital, se cobra derecho de piso. Pruebas: al iniciar esta semana apareció una narcomanta al lado de un cuerpo sin vida acusando al alcalde de Jiutepec, Eder Casillas, de proteger a un grupo criminal.

Esta historia no es nueva, se ha escuchado una y otra vez en todos los municipios, relacionando a figuras de todos los partidos y de los tres niveles de gobierno. Más aún: en videograbaciones han quedado expuestos elementos de la policía cometiendo delitos, actuando en favor de organizaciones delictivas y utilizando patrullas, armamento y equipo oficial para delinquir.

La acusación de la Casa Blanca es dura, pero no por ello falsa. No me refiero al gobierno de Claudia Sheinbaum, sino a una situación nacional que viene desde hace varios años, que rompe la frontera de los sexenios y se ubica en todos los partidos. De Manlio Fabio Beltrones, pasando por Manuel Barttlet hasta Cuauhtémoc Blanco o Rubén Rocha en la actualidad, hay muchos personajes de la vida pública que han sido relacionados con cárteles. Y nunca ha pasado nada.

Es imposible negar que exista complicidad entre delincuentes y autoridades cuando de manera constante vemos que sujetos detenidos en flagrancia por hechos graves, como tráfico de estupefacientes, asesinatos, secuestro o extorsión, son liberados por jueces y magistrados por “errores procesales”. A los impartidores de justicia les preocupa que se cumpla a cabalidad la praxis y olvidan que en muchos casos se trata de asesinos, traficantes, secuestradores o extorsionadores. Lo olvidan o son cómplices.

Bajo un humanismo mal entendido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador definió una estrategia de seguridad permisiva, tolerante y notoriamente benéfica para los criminales; a la par estableció una política migratoria de puertas abiertas que dejó entrar a México a miles de personas provenientes de muchos países que llegaron a formar nuevos grupos delictivos, como los colombianos, que extorsionan, secuestran y asesinan.

La lucha contra la inseguridad es una tarea titánica que no logrará buenos resultados en el corto plazo y siempre será polémica. En estos primeros cuatro meses de gobierno en Morelos la situación es compleja y cuando parece que las cosas mejoran, ocurren hechos de violencia que echan por tierra todo el trabajo y modifican la percepción.

Otro ejemplo: el fin de semana circuló el video en donde se aprecia a elementos de la policía de Jiutepec deteniendo a dos personas a bordo de una motocicleta, en las imágenes se aprecia cómo los uniformados someten de forma violenta a los motociclistas y ello generó una oleada de comentarios sobre el uso excesivo de la fuerza.

Posteriormente se supo que los jóvenes, menores de edad ambos, presumían ser parte del grupo delictivo conocido como El Enjambre y habían huido de un retén policiaco, por ello se les persiguió y detuvo; ambos fueron puestos a disposición y unas horas más tarde los liberaron, cuando sus padres acudieron por ellos y firmaron la responsiva.

¿Hubo abuso de autoridad y fuerza excesiva? ¿Los policías debieron tratarlos con más cuidado porque eran menores de edad? ¿Cómo sabría un policía que dos sujetos con casco huyendo en motocicleta eran menores de edad? ¿Cómo saber que estos presuntos miembros de un grupo delictivo no iban armados?

Sirve esta situación para ejemplificar el tamaño del problema que se vive en México y que enfrenta Morelos. Las redes de complicidad de los grupos delictivos son enormes, están en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del estado, abarcan todos los sectores, constantemente reciben la protección de la clase política y utilizan a menores de edad o mujeres como parte de su estructura operativa.

No se puede aceptar a la Casa Blanca una acusación directa como la que hizo, señalando alianzas del gobierno con grupos criminales, pero entre mexicanos sabemos que lo dicho no es mentira, quizá no aplica al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum o al de Margarita González Saravia, pero sí ha existido en administraciones como las de Felipe Calderón, Enrique Peña, Andrés Manuel López Obrador y muchos gobernadores de todos el país, incluyendo a los últimos cinco de Morelos.

Como mexicanos nos ofende que un gobierno extranjero nos catalogue como criminales, pero como ciudadanos estamos a merced de múltiples grupos delictivos que operan en las calles, que controlan regiones enteras, que están en todos los partidos, controlan políticos y manejan gobiernos enteros.

La actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum fue correcta, firme, digna, pero al final hizo lo que el gobierno norteamericano quería; no se trata de un acuerdo entre iguales, ni de una lucha pareja, Estados Unidos amenaza y muchos países, México entre ellos, tenemos que actuar en consecuencia.

El problema arancelario ya se contuvo por un mes y podría prolongarse de manera indefinida si México cierra sus fronteras, como lo exige el vecino del norte. Internamente la lucha es otra, empieza por las redes de protección y las complicidades de los grupos criminales y afecta a millones de personas que vivimos a merced de la impunidad como operan los delincuentes.

La lucha contra la inseguridad es permanente y no se reduce a un duelo entre policías y ladrones, hay que frenar las redes de complicidad.

·         posdata

A la gobernadora no tiembla la mano al momento de remover a integrantes de su gabinete que traicionen al proyecto o “caen en la tentación”, ergo: se corrompen. Antes de protestar como jefa del ejecutivo cambió a dos personas que ya había designado como secretarios y en cuatro meses ya removió a tres funcionarios de su gobierno.

El mensaje de Margarita González Saravia es claro y congruente: desde que se postuló como candidata dijo que no permitiría actos de corrupción en su gobierno, ni toleraría traiciones al proyecto de la cuarta transformación.

Muchos dentro de su equipo piensan que se trata del mismo discurso de siempre, de retórica política y promesas al aire, porque siempre ha sido así.

Hablo de aquellos que visiblemente están traicionando al proyecto, que utilizan el nombre de la gobernadora para hacer negocios y recurren al argumento de que “hay que pagar los compromisos de campaña”, para ganar dinero a través de una red de empresas que a la vista de todos son una nueva red de corrupción, similar a la que armó Rodrigo Gayosso o Ulises Bravo, solo que más burda.

Poco a poco la gobernadora se ha ido dado cuenta que no todos en su gobierno creen en su proyecto, ni comparten su honestidad. Frente a sus ojos hay personajes que venden de todo, que están formando nuevas empresas, convocando a inversionistas y poniendo cuotas a las obras. Nada distinto a lo que en el pasado hicieron el hijastro y el hermanastro incómodo.

Los cambios hechos en el gabinete son plausibles, reflejan la congruencia de la gobernadora, pero no han tocado a aquellos que ya se hicieron fama de intermediarios del gobierno.

Cuando la jefa del ejecutivo se dé cuenta de que estos personajes la engañan y negocian en su nombre, seguramente tomará medidas correctivas.

Margarita González Saravia puede equivocarse, pero no aceptará corrupción. Menos en su nombre.

·         nota

En cuatro meses ya vimos tres ceses fulminantes en el gabinete estatal, pero no hay claridad sobre las acciones que el nuevo gobierno llevará a cabo contra las supuestas acciones ilegales de la administración anterior.

La promesa de más denuncias contra funcionarios de una administración donde hubo “corrupción generalizada” como afirmó el consejero jurídico, se quedó en el aire y los señalados en lugar de mostrar preocupación se burlan de sus acusadores, presumiendo en sus redes sociales su nivel de vida o su incorporación al gabinete federal de Morena.

El destino de las denuncias presentadas depende de la capacidad profesional del consejero jurídico y de la contralora, ambos fueron instruidos por la gobernadora para que no dejaran pasar ningún acto ilegal y la confianza depositada en ellos solo puede ser devuelta con resultados.

·         post it

El problema no es solo que algunos funcionarios sean corruptos, lo peor es que además son ambiciosos y tontos.

Por eso se notan tanto.

·         redes sociales

Estados Unidos catalogó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas; lo mismo hizo el gobierno de Canadá y la Unión Europea parece ir en el mismo sentido.

La presidenta Claudia Sheinbaum considera que catalogar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas no ayuda a combatirlos.

Los cárteles mexicanos operan con armas de alto calibre, atacan con drones, han utilizado misiles de medio alcance, colocan autos bomba y operan en varios países a la vez. Todo aparte de su consabida crueldad y el daño social y económico que provocan sus actos.

¿Por qué no considerar terrorista a quienes lastiman tanto a la gente?

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