La violencia sexual como ejercicio de poder.

“Las mujeres poderosas para mi son las que luchan contra la desigualdad en su propia familia, en sus trabajos y en su vida cotidiana. Eso es lo que cambia las cosas”

Nawal al Sadawi en El País, 2017

En julio de este año, un colectivo de mujeres llamó la atención de los medios de comunicación sobre la vena misógina y machista que percibieron en el diputado del Congreso del estado de Morelos que en ese momento presidía la Comisión de Igualdad de género.

Más recientemente la Fiscalía General del estado, al pedir se inicie el proceso para el desafuero del mismo legislador para que enfrente una acusación por violación, nos dio elementos para confirmar tal percepción, y este fin de semana su separación de la citada Comisión realizada a instancias de sus pares mujeres, que lo conocen, lo confirmó.

Independientemente del desenlace que tenga la investigación sobre la presunta comisión, por parte del legislador, del delito de violación, es inconcebible que una persona con esas credenciales ostente representación alguna ante la máxima tribuna popular del estado. Sea o no responsable, debe separarse del cargo. Si no lo es, para que lo demuestre,  y si lo es… pues mucho mejor.

No obstante, que las acciones tanto de la Fiscalía como de las propias diputadas del Congreso son indicativas, por lo menos, del talante misógino del legislador, éste, arropado en su inmunidad legislativa, dijo en un rueda de prensa que las acusaciones de violación que pesan en su contra son parte de un entramado político, en venganza por las reformas que al Poder Judicial del estado y a la propia Fiscalía él impulsa desde el Congreso.

No dudamos que afectivamente, las reformas sobre el sistema de justicia que se están cocinando e impulsando en el Ejecutivo y que tiene como operadores a algunos legisladores como Zapotitla, toquen intereses extraprofesionales de quienes imparten y procuran justicia en Morelos, pero eso no le hace sombra a las acusaciones de violación que debe enfrentar este legislador.

Menos mal, que lo que se anunció como la legislatura de la paridad de género reaccionó para poner a salvo su dignidad y por lo menos se diera a la tarea de separar al diputado de la Comisión que tiene entre sus responsabilidades impulsar la perspectiva de género, porque hasta ahora no habían hecho honor a ese mote que se autoadjudicaron.

Desde el dislate de la desafortunada expresión de otro legislador machista que reclamó el activismo de sus pares mujeres, señalando que eso pasa cuando las mujeres llegan directo de la cocina a la curul, hasta su rechazo para legislar sobre los derechos de las mujeres trans. Es evidente que a todo el Congreso le urgen unos cuantos cursos de derechos humanos pero sobre todo de perspectiva de género.

De todos los tipos de violencia de género que padecen las mujeres, la violencia sexual y el feminicidio son las formas más extremas, por ello tan importante que la investigación sobre este presunto abuso del legislador se haga con apego a los estándares de derechos humanos y perspectiva de género y debe ser el Congreso del Estado, quien dé el primer paso al frente.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo una de cada tres mujeres ha padecido violencia física y/o sexual y existen países en los que la proporción aumenta a 7 de cada 10.

En México, 19.2 millones de mujeres fueron sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de violencia, y por cada 9 delitos sexuales cometidos contra mujeres hay uno cometido contra hombres, según lo establece en su  informe 2018, el Comité para la Eliminicación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al tiempo que lamentó que persistan altos niveles de violencia contra mujeres y niñas en nuestro país.

En ese mismo informe dado a conocer en noviembre de 2019, señaló que en 2018 711,226 mujeres fueron víctima de delitos sexuales, 40,303 sufrieron una violación sexual y 682, 342 fueron víctimas de hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento de violación, condición que se agraba en grupos sociales en situación de vulnerabilidad como migrantes, etnias, personas con discapacidad, niñas niñas y adolescentes, quienes viven en situación de pobreza, pues tienen más barreras para su acceso a la justicia.

A todo esto habría que agregarle, la cifra negra, la que no se denuncia porque está normalizada por patrones culturales que invisibilizan las agresiones, la violencia sexual que ocurre en las escuelas, en el seno familiar, en los templos, las oficinas y, probablemente, en el Congreso de Morelos….

Otro elemento que en México condiciona la impunidad en los casos de violencia sexual, es el diseño institucional y la normatividad que sanciona este tipo de delitos, pues en muchos estado de la República mexicana existen códigos penales  demasios laxos, con eufemismos como “atentados al pudor” o los que establecen la extinción del delito de estupro con el matrimonio, además de patrón cultural que culpabiliza a las víctimas.

El Congreso del estado, la “Legislatura de la paridad de género” tiene una triple responsabilidad: por un lado, debe impulsar una investigación que permita sancionar al presunto responsable de la violación denunciada, contra quien, escudado en la relación de poder y dominación que se supone tenía con la víctima previó la impunidad.

Debe también promover la creación de normas precisas que sancionen adecuadamente la violencia sexual e impulsar al interior de sus integrantes la construcción de una cultura de respeto al derecho de las mujeres, y al exterior promover una intensa campaña que sobre la transversalidad de la perspectiva de género en todos los actos de gobierno y en las políticas públicas.

Es el momento. Ojala la legislatura de la paridad de género haga honor a este mote.