Reafirmó UAEM su compromiso por espacios libres de violencia

En el marco del Foro "Voces que Transforman: Liderazgo y Participación de las Mujeres por la No Violencia" en conmemoración del 25N, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, dijo que por medio de este tipo de acciones se refrenda el compromiso por articular la perspectiva de género en la planeación institucional y en la gestión universitaria, para contar con espacios libres de violencia y discriminación.

Teniendo como sede el Centro Cultural Teopanzolco, el acto fue encabezado por la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, con la presencia de la secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manríquez, la de Educación, Karla Aline Herrera, así como funcionarias y funcionarios universitarios, estatales y municipales.

La rectora de la UAEM enfatizó en que cada 25 de noviembre se recuerda que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni anecdótico, sino un problema estructural que atraviesa hogares, escuelas, espacios laborales instituciones y comunidades.

"En la UAEM creemos que la educación es una de las herramientas más poderosas para prevenir y erradicar las violencias", dijo la rectora, al tiempo de destacar que en alianza con la Secretaría de las Mujeres y el gobierno del estado, llevan conocimiento, capacitación y acompañamiento a los territorios, las colonias y comunidades donde muchas veces la violencia se vive en silencio.

Viridiana Aydeé León Hernández insistió en qué como máxima casa de estudios, la UAEM tiene la responsabilidad de ser conciencia critica y motor de cambio. "El compromiso es con la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias se expresa en nuestras aulas, en nuestros protocolos, en nuestros programas de estudio, en nuestros proyectos de investigación y vinculación".

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia, informó que en Morelos el 50 por ciento de los delitos que se cometen son contra las mujeres, de tal suerte que reconoció la voluntad de los diversos sectores por trabajar en acciones de conocimiento y preventivas hacia los diferentes delitos.

González Saravia informó que desde el gobierno del estado se trabaja en acciones de contención como son los programas Corazón de Mujer y ahora Calmecac para apoyar a los más de 80 mil niños de secundaria en identificar situaciones de drogas, alcohol y alcoholismo.

Finalmente, Yndira Sandoval Sánchez, activista y defensora de derechos humanos presentó la ponencia "Ley tres de tres contra la violencia y la participación en la toma de decisiones”, en la que lamentó la ola de violencia que cada día atenta contra las mujeres que buscan participar en un cargo de elección popular. "Ni un hombre violentador al poder", citó.

A este acto acudieron servidoras y servidores públicos del gobierno del estado, académicas y académicos de la UAEM y mujeres integrantes de los Centros Libres en los 16 municipios del estado, además se entregaron tres reconocimientos a mujeres que recibieron la capacitación respectiva.

También estuvieron en el presídium, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Martha Sánchez Osorio; la secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique y la conferencista Yndira Sandoval.

La violencia contra las mujeres universitarias en México es un problema grave y persistente, que se manifiesta de diversas formas dentro y fuera de los campus, incluyendo acoso sexual, discriminación y, en casos extremos, feminicidio. Este fenómeno no solo amenaza su integridad física y psicológica, sino que también limita su pleno desarrollo académico y profesional, creando ambientes de estudio hostiles e inseguros. A menudo, las estructuras patriarcales y la normalización de conductas machistas en las instituciones perpetúan un clima de impunidad, donde las denuncias son desestimadas o las víctimas revictimizadas.

El entorno universitario, que debería ser un espacio seguro para el pensamiento crítico y la igualdad, frecuentemente refleja y magnifica las desigualdades de género presentes en la sociedad mexicana en general. La dinámica de poder entre profesores y estudiantes, o entre compañeros, a menudo se presta para abusos que quedan encubiertos por la "autonomía universitaria" o por el temor de las víctimas a represalias académicas o sociales. La falta de protocolos claros y efectivos para manejar estas situaciones ha sido una barrera histórica para abordar el problema de frente.

En los últimos años, ha habido una creciente visibilización y denuncia de estos actos de violencia, impulsada en gran medida por movimientos feministas y colectivas estudiantiles. Estas colectivas han utilizado la protesta social, los tendederos de denuncia y las redes sociales para romper el silencio institucional, exigiendo acciones concretas por parte de las autoridades universitarias y gubernamentales. Esta presión ha sido fundamental para que el problema deje de ser un tema tabú y se posicione en la agenda pública y educativa.

Como respuesta a esta presión social y a la necesidad imperante de acción, diversas universidades e instituciones han comenzado a implementar medidas concretas. Se han desarrollado y puesto en marcha protocolos de género para la prevención, atención y sanción de la violencia, buscando establecer rutas de denuncia claras y confidenciales. Además, se han creado defensorías de los derechos universitarios con perspectiva de género y se han implementado cursos y talleres de sensibilización para toda la comunidad académica, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto e igualdad sustantiva.

A nivel legislativo y de políticas públicas, también se han observado avances, aunque el camino por recorrer sigue siendo largo. La tipificación del feminicidio y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia proporcionan un marco legal, y se ha instado a las instituciones educativas a adherirse a estándares más estrictos de derechos humanos y no discriminación. Si bien estas acciones representan un progreso significativo y marcan un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la violencia de género en el ámbito académico, su implementación efectiva y la erradicación total del fenómeno siguen siendo desafíos prioritarios que requieren un compromiso continuo y recursos adecuados.