Punto Kairo - Violencia escolar

El pasado 10 de enero de 2020 un estudiante de educación primaria en Torreón, Coahuila, disparó un arma de fuego en su escuela mató a su profesora y dejó al menos seis heridos, antes de suicidarse. Estábamos a poco más de dos meses de que iniciara oficialmente la suspensión de clases por la pandemia por Covid 19 en México. Fueron más de dos años de confinamiento. Sin embargo, las acciones violentas contra los estudiantes no cesaron. Por el contrario, el lunes 13 de marzo de este año, los medios de comunicación destacan el homicidio de Norma Lízbeth, estudiante de tercer grado de secundaria del estado de México, víctima de su acosadora quien la golpeó varias veces con una piedra en la cabeza.

El tema de la violencia escolar se ha instalado una y otra vez en la agenda nacional, se ha hecho visible, inevitable y recurrente, con nuevos escenarios y nuevas tecnologías. En el mundo entero se habla del entramado de la violencia escolar dentro y fuera de la escuela, desvaneciendo muros, límites y atribuyendo a factores sociales más generales, como resultado de las interrelaciones entre la escuela y la sociedad.

Es sabido que las soluciones más comunes que los directores de primaria y secundaria han dado a las situaciones de riesgo son las de involucrar a los padres de familia en la vigilancia de la escuela, implementar dispositivos de seguridad y vigilar a los estudiantes, pero es clara la falta de un enfoque concreto que ayude a brindan soluciones puntuales al problema desde una perspectiva transversal que incluya los planes y programas de estudio, como también la didáctica, la evaluación, la gestión escolar y la relación con las familias.

La Constitución Política Mexicana establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas, lo que implica garantizar la vida y la libertad.

El estado moderno tiene la obligación de preservar la vida y la seguridad de las personas, sobre todo en las instituciones que administra como es el caso de la escuela pública. Para el caso del estado de Morelos se cuenta incluso con una Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar en el estado de Morelos.

¿Cómo se logra la convivencia y la seguridad escolares? ¿Cuál es el papel de las instituciones? ¿Cuál el de los agentes escolares y por supuesto la de los alumnos?

Durante la década de los noventa se desarrollaron estudios en distintas escuelas del mundo que ponían énfasis a formas de violencia relacionadas con la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia religiosa, además de aquellas originadas por situaciones de exclusión, marginalidad y anomia como el desempleo, la pobreza y el consumo de drogas. Hoy, el concepto de violencia escolar abarca una amplia gama de situaciones, reconociendo su complejidad.

En dicha épica, la violencia escolar que gozaba, hasta cierto punto, de la aceptación de los diferentes actores del proceso pedagógico, era la ejercida hacia los alumnos (Nambo, et al. 2019); no obstante, comenzaba a visibilizarse y ejercerse en las más diversas direcciones, y aunque se pueden encontrar registros de que la violencia desde los orígenes de la escuela misma, su trasformación en la actualidad conlleva prácticas diferentes a las generaciones previas, pues van de los castigos y abusos más tradicionales hasta el pandillerismo extra e intra escolar, la drogadicción, amenazas que involucran al narcotráfico, secuestros, asesinatos a estudiantes, ataques a toda la comunidad educativa y a la institución como tal, y fenómenos nuevos como el uso de las tecnologías para mayor alcance como se observa en el ciberbullying, volviéndola una problemática de interés público y un tema a revisar en la agenda pública y política.

Dicho de otro modo, la violencia se ha vuelto un fenómeno difícil de eliminar, por lo tanto la búsqueda está ahora en los medios para reconocerla, lidiar con ella, enfrentarla, canalizarla, regularla, gestionarla y conducirla de tal forma que sea posible adaptarla a los estudiantes para reducir su impacto en ellos (González y Rivera, 2014), asumiendo la gran diversidad de posibilidades y formas que resulten, incluida la interdisciplinariedad y todas corrientes posibles que se vean involucradas en su atención.

La escuela, al llevar una especie de carga simbólica de confianza social, permite que al unirse los profesionales aplicando las estrategias posibles en la escuela sean mayores los alcances y las posibilidades de mejora (Carra y Mabilon-Bonfils, 2012), adaptando las condiciones no sólo de manera local, sino también nacional e internacional, para que las normas políticas y leyes sean apropiadas a los problemas de contexto.

Lo anterior incluye reformar a nivel sistémico no sólo la escuela, sino también contabilizar y abarcar los tipos de violencia que existen en la sociedad. Lo que implicaría trabajar el concepto de violencia escolar y sus diferentes vías de atenderla o gestionarla; la forma cómo se organizan las instituciones y los individuos para comprender la violencia escolar y apaciguarla o disminuirla a través de la convivencia, la paz e incluso a través de temáticas como la sustentabilidad (Nambo, Giles y Frias, 2016). La lucha contra la violencia escolar no está perdida; por el contrario, la sociedad del conocimiento muestra nuevas oportunidades para gestionar nuevas y mejores soluciones.