Primer Informe Presidencial, sin demagogias

Primer Informe Presidencial, sin demagogias

El pasado primero de septiembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó por escrito ante el Congreso de la Unión su Primer Informe de labores en cumplimiento y observancia a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

Hay varios puntos relevantes que resaltar del Primer Informe Presidencial, rendido por el primer presidente de izquierda y el primer presidente con la mayor legitimidad social que ningún otro haya tenido en los últimos tiempos.

Desde Palacio Nacional y fuera de todo acto protocolario del viejo régimen, Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje a todos los mexicanos sobre el estado que guarda el gobierno federal en cada una de sus áreas administrativas y políticas.

En cada uno de los rubros de la administración pública federal, Andrés Manuel López Obrador fue objetivo en revelar cómo encontró al gobierno y de qué forma se está empezando a cambiar y a transformar a México.

Más allá de la paulatina recuperación en la producción petrolera, del combate al huachicol, de la inversión social en beneficio de los adultos mayores y de los jóvenes, el Presidente de México no tuvo empacho en reconocer lo que no se ha podido lograr en estos primeros nueve meses que van de su gobierno.

Y me refiero a dos temas en específico: Desarrollo económico y seguridad pública. En el primer tema Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha sido poco el crecimiento económico de nuestro país. Esto, demuestra que el Presidente no va a utilizar la vieja retórica demagoga para pretender engañar a los mexicanos y que enfrentará a sus detractores y las críticas objetivas.

Efectivamente, no se puede ocultar que el crecimiento económico de México es poco y lento. Sin embargo, se contuvo la depresión del peso y se mantuvo la misma inflación del año pasado. Aumentaron las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera hacia México, y se logró un superávit financiero que evitará que México contrate más deuda. 

Las finanzas públicas son sanas y se mantienen en equilibrio presupuestal gracias a las políticas de combate a la corrupción y de austeridad que ha implementado el gobierno lopezobradorista a pesar de las molestias e inconformidades que ello ha generado dentro y fuera del servicio público.

En el tema de la seguridad pública, Andrés Manuel López Obrador admitió que a pesar de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, como nuevo modelo policial para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no se han logrado contener lo actos de violencia que se registran en todo el país.

Y es que en realidad la Guardia Nacional tiene apenas dos meses de entrar en funcionamiento y esto ha implicado sacudir viejas estructuras y de reagrupar al Ejército y a la Marina en una policía nacional. Esa transición no ha sido fácil, mucho menos cuando en distintos Estados del país, incluyendo a Morelos, se han desplazado elementos de la Guardia Nacional para contener el espiral de violencia con muy poco éxito.

Evidentemente no hay plazos fatídicos para lograr pacificar al país. No obstante, si hay una clara estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrado encaminada a recuperar la paz. Esa estrategia no sólo es policial, sino jurídica y está diseñada a combatir a la delincuencia, no con más violencia, sino con instrumentos legales que habrán de debilitarlos en su economía y patrimonio.

Y en esta estrategia nacional, se requerirá forzosamente que los gobernadores de las entidades federativas asuman su responsabilidad y se dejen de escudar en la Guardia Nacional. De nada va a servir que desde el gobierno federal se construyan estrategias para frenar al crimen organizado, si los gobiernos estatales continúan actuando con complicidades.

De acuerdo a las recientes encuestas, hay confianza ciudadana hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrados, hacia el Cambio Verdadero y hacia la Cuarta Transformación. Los índices de aceptación a sus políticas públicas y a las decisiones que ha asumido como estadista son del 70%; porcentaje que refleja una legítima aprobación del pueblo de México.