Pifia de diputados salva a “pensionados dorados”
Omitieron el derecho de audiencia en al menos 43 casos; deben repetir un proceso que dura años
- Los beneficiados serán varias decenas de cercanos a Graco Ramírez que mantendrán sus ingresos
-El error fue cometido en la Comisión del Trabajo, presidida por Tania Valentina Rodríguez
Juan Lagunas
A consecuencia de "omitir" el derecho de audiencia, un juez ordenó -al Congreso local- reponer el análisis de, al menos, 43 pensiones "doradas” abrogadas (que habían beneficiado a colaboradores del otrora gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido).
De esta forma, el actual parlamento debe reabrir ese cúmulo de expedientes. La Comisión del Trabajo, que encabeza aún Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aportó al Pleno esta información: con deficiencias.
Ese órgano colegiado pretextó que así se votó en la máxima tribuna; “no hay error”; sin embargo, el proceso tiene que volverse a encauzar. En algunos casos, como es del conocimiento de la opinión pública, hay amparos a favor del demandante, como es el caso de Jorge Michel Luna, antes secretario de Hacienda.
Ahora, de acuerdo con opiniones de abogados, el curso de este nuevo esquema va a durar de dos a tres años, cuando esta Legislatura expire.
La misma Comisión justificó que el mandato emergió del Pleno, en octubre: que se pidieran los “documentales a los municipios. Así lo hicimos”. Lo que se ordena en este instante, “no es un tema terminado. El juzgado le dice al congreso del estado que reponga el procedimiento”. Cada jubilación “dorada” va a comenzar desde el principio.
Continuó con las justificantes: “el procedimiento es muy sencillo… Vamos a reiniciar otra vez (sic)… Abrimos todas las jubilaciones doradas…” y se vuelven a pedir las pruebas a las presidencias municipales. Entonces, se irán llamando a cada uno de los involucrados, para cumplir con el requisito de la audiencia.
En esa lista se encuentran extrabajadores, quienes “se dicen ser de Puente de Ixtla, de Cuautla y de otros…”. El juez no acusa ni aduce que hubo un “mal procedimiento”; empero, sí pide que se haga una revisión, a raíz de los amparos que se han suscitado.
Cabe decir que, en octubre del 2018, la Comisión solicitó estos datos a los ediles; pero, en enero, cuando arriban las nuevas autoridades concejales, “se tardan mucho tiempo” en aportar las plicas, por los procesos de entrega-recepción que se estaban llevando a cabo. El dictamen está “claro”.
El pago a los pensionados “depende de los jueces; la mayoría estaba cobrando ya…”. En suma, una de las “tantas” promesas hechas por los integrantes de este constituyente, se habrá de restablecer, conforme al juez federal.
