Observador político - Sigue la crisis en el Poder Judicial... de vacaciones

La reciente reforma al Poder Judicial en Morelos, diseñada para poner fin a la división y parálisis que aquejan al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha generado tanto expectativas como controversias. Y de resolverá hasta después de vacaciones.

El PODER JUDICIAL EN MORELOS FRAGMENTADO.- Actualmente, el TSJ está fragmentado entre dos presidentes autoproclamados: Luis Jorge Gamboa Olea, respaldado por 10 magistrados, y Juan Gabriel Vargas Téllez, con el apoyo del otro 50 por ciento. 

Esta división ha llevado a una parálisis funcional, afectando la impartición de justicia en el estado.​

Cierto es que el Congreso de Morelos aprobó por unanimidad la reforma constitucional que busca resolver este conflicto, con el respaldo del constituyente permamente, es decir, 28 de los 36 cabildos municipales, que representan la mayoría por cierto, lo voto a favor.

Sin embargo, la implementación de la reforma está pendiente de su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad" por parte del Ejecutivo estatal, lo que ha retrasado su entrada en vigor. 

Además, la reforma implica una reestructuración significativa del Poder Judicial, incluyendo la liquidación de 60 jueces y 22 magistrados, con un costo estimado de hasta mil 700 millones de pesos, según lo dio a conocer en su momento el magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea. ​

RECHAZO DE ABOGADOS.- Este proceso de reestructuración ha sido objeto de críticas, sobre todo de colegios y organizaciones de abogados quienes han analizado solicitar un juicio político contra Gamboa Olea, acusándolo de contribuir a la crisis judicial actual.

Entre los argumentos señalan que la lucha interna por el poder ha llevado a la acumulación de casos sin resolver, afectando a los justiciables pero además, la reforma ha generado preocupación en diversos sectores. 

Y es que el sector privado y entidades internacionales temen que la propuesta de elección popular de jueces, ministros y magistrados pueda comprometer la independencia del Poder Judicial, otorgando mayor control al Ejecutivo y afectando la estabilidad jurídica y económica del país. 

La implementación de la reforma también enfrenta desafíos prácticos ya que Gamboa Olea, plantea llevar un tiempo en armonizar las leyes locales con las disposiciones federales, requiriendo cambios normativos y ajustes en las leyes secundarias, por lo que este proceso es esencial para garantizar que la reforma sea efectiva y no quede en meras intenciones. ​

Por lo tanto, la reforma al Poder Judicial en Morelos representa un paso hacia la resolución de la crisis que afecta al TSJ, no obstante, su éxito dependerá de una implementación cuidadosa que garantice la independencia judicial, la transparencia en los procesos y la estabilidad del sistema de justicia en el estado. 

Por lo que es crucial que las autoridades involucradas trabajen de manera conjunta y transparente para superar los desafíos y resistencias que puedan surgir durante este proceso de transformación.

UNA ÉLITE JUDICIAL BLINDADA CON DINERO PÚBLICO.- En un estado como Morelos, donde los recursos públicos son escasos y la desigualdad es lacerante, resulta una ofensa a la ciudadanía que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya aprobado, a espaldas del Congreso, un “haber de retiro” equivalente al 70% del salario de jueces y magistrados.

Esta medida, que podría costarle al pueblo morelense más de mil 700 millones de pesos, evidencia el profundo desprecio de las élites judiciales por el principio de austeridad republicana y por la separación de poderes.

Desde una perspectiva de izquierda, esta situación es inadmisible.

Mientras miles de trabajadores sobreviven con sueldos precarios y pensiones raquíticas, los altos mandos del Poder Judicial pretenden jubilarse con privilegios dorados financiados por el erario. ¿Dónde queda el compromiso con la justicia social? ¿Quién defiende al pueblo trabajador cuando los jueces legislan para su propio beneficio?

La aprobación de este “haber de retiro” no pasó por el Congreso local, lo cual representa una clara invasión de competencias.

Por eso, tanto el Congreso como el propio Poder Judicial del Estado presentado 

controversias constitucionales ante la Suprema Corte.

Y es que la Corte deberá determinar si se violó el orden constitucional, pero más allá del aspecto legal, hay un principio político y ético ineludible: los privilegios judiciales son incompatibles con una democracia verdadera.

Resulta irónico que el propio presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, reconozca el descomunal costo que esta medida representaría, ya que si bien exige recursos al Legislativo, evade el fondo del problema: ningún servidor público debería tener una pensión de lujo mientras haya hambre, desigualdad y carencias en las calles.

Esta polémica no es sólo un tema jurídico, es un símbolo de lo que está mal en el país: un sistema de justicia secuestrado por élites que no rinden cuentas y que legislan para sí mismas.

Es urgente una reforma judicial que, en lugar de blindar a jueces y magistrados, los someta al escrutinio público y los obligue a responder ante el pueblo.

Porque justicia que se cobra privilegios a costa del pueblo, no es justicia.

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