Observador político - Protección a ediles: ¿seguridad o espectáculo?
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
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En un contexto marcado por la creciente ola de violencia que azota a diversas regiones del país, no es de extrañar que los alcaldes busquen garantizar su seguridad personal. Morelos no es la excepción, y cada vez más presidentes municipales requieren protección ante la escalada delictiva que se vive a nivel estatal y nacional. No obstante, la situación deja entrever un problema mucho más complejo: ¿realmente necesitan protección personal los ediles, o se están utilizando recursos públicos para alimentar una imagen de poder y autoridad?
LA FIGURA DE JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI.- Un caso emblemático es el de Nayeli Guadalupe Mares, presidenta municipal de Ayala, quien recientemente sufrió un ataque armado en su domicilio, lo que refuerza la idea de que la violencia ha llegado a todos los rincones del país, incluidas las esferas del poder. En respuesta, Juan Salgado Brito, secretario general de Gobierno, planteó que cada alcalde debe costear su propia seguridad. Un mensaje claro, que va cargado de una doble moral: mientras la sociedad enfrenta a diario la brutalidad de la violencia sin ninguna protección real, algunos ediles exigen recursos para su custodia personal.
Lo paradójico es que, mientras muchos presidentes municipales empiezan su administración exigiendo escoltas armados y vehículos blindados, algunos, como el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, demuestran que la austeridad y la cercanía con la gente son posibles. Urióstegui, quien se mueve por las calles de la ciudad y participa en eventos sin mayores medidas de seguridad, da una lección de humildad y ejemplaridad que parece no ser tomada en cuenta por sus compañeros.
La crítica aquí no se dirige al derecho legítimo de los alcaldes de protegerse, sino a la utilización de recursos públicos para montar operativos de seguridad que no hacen más que generar un espectáculo mediático, mientras la ciudadanía sigue siendo la principal víctima de la inseguridad. En lugar de promoverse una política de protección racional y responsable, muchos buscan sobresalir con la imagen de un poder blindado, mientras el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de la violencia.
El mensaje de Juan Salgado Brito es claro: los presidentes municipales tienen los medios suficientes para garantizar su seguridad, sin embargo, algunos parecen preferir la exhibición de un despliegue de fuerza, más que preocuparse por lo que realmente importa: el bienestar de la gente. En este escenario, la pregunta es si, en lugar de gastar en protección personal, no sería más apropiado destinar esos recursos a programas que realmente atiendan las causas de la violencia y mejoren la seguridad de la población en su conjunto.
ALCALDES DE MORELOS CON SHEINBAUM.- Hace dos semanas, la Ciudad de México fue el escenario de un encuentro significativo: más de dos mil 400 presidentes municipales de todo el país se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en el primer Encuentro Nacional Municipal; en esta reunión, de carácter protocolario pero de gran relevancia política, dejó en evidencia uno de los mayores desafíos que enfrentan las autoridades locales en el país: la inseguridad.
En este encuentro, un número significativo de alcaldes señaló, con justa razón, la necesidad urgente de apoyo para combatir la creciente violencia que afecta a las comunidades de sus respectivas jurisdicciones. Entre ellos destacó la intervención de José Luis Urióstegui, presidente municipal de Cuernavaca, cobijado con las siglas del Partido Acción Nacional, subrayó que la principal preocupación en su segundo periodo sigue siendo la inseguridad.
Ahí, José Luis Urióstegui aprovechó la oportunidad y no solo describió la situación de inseguridad como un problema local o regional, sino como un fenómeno que se extiende a lo largo y ancho de la república mexicana, una realidad seria y real con la que todos los municipios deben de lidiar día a día.
Lo que resaltó en sus declaraciones es la llamada a la coordinación de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, ya que para el presidente municipal de Cuernavaca, el trabajo conjunto es indispensable para enfrentar la violencia desbordada, pero lo que realmente hace falta son recursos financieros para poder combatirla. En particular, recursos destinados a la contratación de personal, la adquisición de armamento y patrullas, así como la capacitación constante de los elementos de seguridad. Sin embargo, aquí es donde surge la primera contradicción: el gobierno local, como tantos otros, depende en gran medida del apoyo federal, que es, irónicamente, insuficiente o, en el mejor de los casos, disperso.
Urióstegui también comentó sobre el crecimiento de la violencia en Morelos, causada por la confrontación de grupos de delincuencia organizada que, como una sombra alargada, se han apoderado de la región, generando no solo miedo, sino también un colapso institucional en términos de seguridad.
¿HAY ESTRATEGIA DE SEGURIDAD? En este contexto, es necesario reflexionar sobre el papel que deben jugar los municipios en la construcción de una verdadera política de seguridad, ya que si bien la colaboración entre diferentes niveles de gobierno es fundamental, no podemos ignorar que, a menudo, las políticas de seguridad se diseñan en despachos alejados de la realidad de quienes viven la violencia de forma directa.
Más aún, los municipios, con sus alcaldes y representantes locales, son los que mejor conocen las dinámicas de sus comunidades, y sin embargo, el poder central continúa tomando decisiones que, más que fortalecer, minan la autonomía y la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales.
La violencia, en lugar de disminuir, sigue creciendo, y las propuestas como las de Urióstegui Salgado, bien intencionadas, deben ser respaldadas pero además, se tiene que trabajar en acciones para poder revertir una tendencia que ha tomado dimensiones estructurales. De ahí que se requiere de un trabajo coordinado y destinar recursos a la compra de patrullas así como una estrategia de seguridad que vaya acompañada de personal capacitado y preparado para lograr una verdadera transformación, además de la importancia de que se invierta en educación, en desarrollo social, y en crear condiciones que erradiquen las causas profundas de la violencia.
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