Observador político - ¿Presentó Marco Alvear previamente denuncia en FGE por amenazas de muerte?

El reciente episodio de terror en Cuernavaca, marcado por la vil ejecución de Marco Alvear, presidente del IMIPE, no solo es una afrenta a la justicia y la seguridad, sino un doloroso recordatorio de la cruda realidad que enfrentamos día tras día; este acto de barbarie, perpetrado a plena luz del día en el corazón de la ciudad, refleja la alarmante impunidad que prevalece en nuestra sociedad.

JUEVES DE TERROR EN CUERNAVACA.- El jueves pasado, la inseguridad se apoderó de las calles, sembrando el pánico entre los ciudadanos; múltiples incidentes violentos, como el ataque en un bar en Vista Hermosa, el asesinato de una persona en una pollería y el macabro hallazgo en bolsas negras en la colonia Delicias, pintaron un cuadro desgarrador de la situación que enfrentamos. Sin embargo, ¿cuántos de estos casos capturan realmente nuestra atención?

El hecho de que el caso de Marco Alvear haya cobrado relevancia debido a su posición como funcionario de un organismo autónomo, mientras que otros actos igualmente atroces pasan desapercibidos, es un síntoma preocupante de la normalización de la violencia en nuestra sociedad. La sangre derramada en nuestras calles parece ser aceptada como parte de la cotidianidad, una realidad que debería indignarnos a todos.

Es crucial recordar que detrás de cada estadística de crimen y cada titular sensacionalista, hay vidas destrozadas y familias que sufren; la falta de avances significativos en la investigación de estos crímenes solo refuerza la sensación de impunidad que prevalece en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces más tendremos que presenciar estas tragedias antes de exigir un cambio real?

El llamado a la acción es claro: no podemos permitirnos ser espectadores pasivos de esta violencia desenfrenada, de ahí que exigimos respuestas concretas y medidas efectivas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y la justicia para todos los ciudadanos. Cierto es que la impunidad no puede seguir siendo la norma.

La normalización de la violencia en nuestra sociedad es un fenómeno que no podemos permitir que siga avanzando; no podemos acostumbrarnos a vivir con el miedo constante, ni tolerar la impunidad que rodea a los perpetradores de estos actos atroces; cada vida perdida, cada familia destrozada, merece justicia y acción por parte de nuestras autoridades.

DEBE FGE INVESTIGAR ANTECEDENTES DEL COMISIONADO.- En el tejido social de Cuernavaca y Morelos, la violencia se ha vuelto una sombra ominosa que se extiende con más fuerza en vísperas de eventos cruciales, como las próximas elecciones del 2 de junio; las calles, en lugar de ser el reflejo de la vida y la convivencia, se han teñido de sangre, sumiendo en la tristeza a quienes habitamos esta tierra.

El reciente asesinato de Marco Alvear, comisionado, ha desatado una ola de indignación y temor en la comunidad; la presencia personal del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en el lugar de los hechos, subraya la gravedad del suceso. Carmona Gándara no dudó en señalar que este homicidio fue un ataque directo, lo que arroja luz sobre la peligrosa situación de inseguridad que enfrentan los funcionarios en la región.

Resulta llamativo, sin embargo, que el fiscal Carmona Gándara haya anunciado una investigación sobre la posible existencia de amenazas contra el presidente del IMIPE (Instituto Morelense de Información Pública y Estadística) cuando al parecer, ya existía un expediente abierto desde el año pasado por denuncias por amenazas de este tipo que por alguna causa extraña no se le dio seguimiento y se mantuvo “congelada”. Este expediente, que al parecer fue presentado ante la Fiscalía General del Estado, debería ser un punto de partida claro para la investigación actual, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y la transparencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en nuestro estado.

La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades frente a estos actos de violencia y la aparente descoordinación entre las distintas instancias encargadas de la seguridad y la procuración de justicia generan una sensación de desamparo y desconfianza en la población. ¿Cómo pueden garantizar nuestras autoridades la seguridad y el bienestar de la ciudadanía si no son capaces de abordar de manera efectiva y transparente casos tan graves como este?

Es urgente que las autoridades actúen con diligencia y transparencia en la investigación de este y otros casos de violencia en la región; sobre todo porque la impunidad y la falta de rendición de cuentas solo alimentan el ciclo de violencia y perpetúan la vulnerabilidad de quienes habitamos en Morelos.

¿DIPUTADOS CORRUPTOS, DEBEN SER INVESTIGADOS? En medio del escenario político de nuestro estado, una voz valiente se alzó para denunciar las injusticias perpetradas por aquellos que supuestamente nos representan: Marco Alvear, comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), dio un paso al frente para revelar un caso de corrupción flagrante que amenaza con sofocar la labor vital de transparencia y rendición de cuentas en nuestra entidad.

El 1 de febrero de este año, Alvear Sánchez caminaba por los pasillos del Congreso del Estado con una carga de indignación justificada; en un acto que rayaba en lo inmoral y lo ilegal, los diputados decidieron asignar al IMIPE un presupuesto insuficiente para su funcionamiento, pero con una trampa siniestra: obligar al instituto a desembolsar millones en pagos por laudos inexistentes. ¿La consecuencia? El IMIPE, faro de la transparencia, se vería forzado a cerrar sus puertas en agosto, ahogado por la falta de recursos para cumplir con estas absurdas demandas.

La jugada maestra de los legisladores consistió en etiquetar siete millones de pesos para pagar dos laudos, uno de ellos dirigido al comisionado Roberto Yáñez Vázquez, otro al presidente del IMIPE. ¿La razón? Una sentencia que, según Alvear, es tan esquiva como el humo. ¿Cómo es posible que se ordene el pago de millones por laudos que ni siquiera han sido ratificados por la justicia?

Alvear, con la firmeza de quien no se doblegaba ante la corrupción, solicitó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado toda la documentación pertinente que justifique semejante arbitrariedad. ¿Dónde está la evidencia de estas supuestas sentencias? ¿Por qué se destinan recursos públicos a pagos que parecen surgir de la nada?

El IMIPE, bastión de la transparencia, se encuentra al borde del abismo financiero, con su capacidad operativa comprometida y su futuro en la cuerda floja. Y todo ello, ¿en aras de qué? ¿Por satisfacer los caprichos de unos pocos? ¿Por encubrir la voracidad de intereses oscuros que se alimentan de los recursos del pueblo?

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