Observador político - No dará el Estado seguridad personal a magistrados

En un país donde la inseguridad es uno de los principales problemas que aqueja a millones de mexicanos, no deja de resultar indignante que, mientras la población se ve cada vez más vulnerable ante el crimen, los servidores públicos, con salarios exorbitantes, sigan siendo los principales beneficiarios de medidas de seguridad financiadas con recursos del pueblo. Este privilegio no solo es moralmente cuestionable, sino que también refleja la desconexión entre las élites políticas y las realidades que enfrenta el ciudadano común.

LA INSEGURIDAD Y EL PRIVIEGIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- La inseguridad es, sin duda, el talón de Aquiles de los gobiernos en todos los niveles; la creciente ola de violencia y delincuencia ha dejado claro que no hay lugar seguro: desde las grandes urbes hasta los municipios más pequeños, todos estamos expuestos a ser víctimas. Empero, parece que lo único que se ha logrado garantizar es la protección de aquellos que se encuentran en el poder, de ahí que la crítica es contundente: no se trata de estar en contra de la seguridad personal para los servidores públicos, sino de cuestionar por qué este beneficio no es accesible para la gran mayoría de los ciudadanos que también enfrentan amenazas y violencias en sus comunidades.

El escándalo comienza cuando se observa que los recursos públicos, es decir, el dinero de todos, se destina a pagar escoltas para funcionarios que, en muchos casos, se encuentran mejor remunerados que la mayoría de los mexicanos. Un gobierno que no es capaz de garantizar una seguridad pública eficaz para todos, está fallando en su responsabilidad fundamental; en lugar de enviar policías a las calles a prevenir delitos, muchos de estos elementos están asignados a tareas de escolta, protegiendo a personas que, a menudo, no se encuentran en riesgo real, sino que simplemente disfrutan de un privilegio que está lejos de ser una necesidad.

Los ciudadanos comúnmente afectados por la delincuencia no son noticia; sus demandas y derechos a ser protegidos pasan desapercibidos; la misma sociedad que ve cómo la inseguridad se desborda en las calles, ve cómo a funcionarios como el presidente del Poder Judicial en Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea o exdiputados locales, como fue el caso de Julio César Solís Serrano, les fueron asignada seguridad personal las 24 horas, mientras que los cuerpos de seguridad pública deben hacer malabares para enfrentar la creciente ola del crimen.

Es una ironía trágica que, en lugar de utilizar a los efectivos policiales para prevenir la delincuencia en las calles, muchos de estos recursos sean usados para vigilar a quienes, de hecho, son responsables de crear políticas públicas que deberían, en primer lugar, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos; la falta de presencia policial en las calles se debe, en gran parte, a que los agentes son enviados a cumplir con funciones de protección personal que deberían recaer en el ámbito privado.

EL PRIVILEGIO DE SEGURIDAD: ¿PARA QUIÉN? La reciente denuncia de tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, quienes han sido víctimas de amenazas y violencia, ha reavivado el debate sobre la inseguridad en el país y, en particular, en nuestro estado; si bien condenamos enérgicamente cualquier ataque o intimidación hacia quienes ejercen funciones judiciales, la situación plantea una grave interrogante sobre la desigualdad en el acceso a la protección y la justicia en un contexto de creciente violencia y desamparo para las grandes mayorías.

Los magistrados Martha Sánchez Osorio, Cecilia Verónica López y Arturo Loza Flores han sido claros en señalar las amenazas que han recibido, incluyendo un ataque armado contra uno de sus domicilios; la denuncia es válida y requiere la acción de las autoridades. Nadie debería sentirse vulnerable o en riesgo mientras ejerce una función pública de relevancia, empero, lo que resulta verdaderamente alarmante en este caso es la solución propuesta, que pasa por la asignación de recursos públicos para garantizar la seguridad personal de estos funcionarios.

Es irónico, por decir lo menos, que mientras estos magistrados ganan sueldos que superan los 100 mil pesos mensuales y reciben aguinaldos generosos al cierre de cada año, sean los recursos del pueblo los que se destinen a financiar su protección. ¿No sería más lógico que, si desean estar custodiados, estos servidores públicos se encarguen de financiar su propia seguridad? Existen una serie de mecanismos legales y privados que les permitirían contratar los guardaespaldas que consideren necesarios, pero el pueblo, que lucha por sobrevivir con salarios mínimos, que financie su seguridad, sería un insulto y una muestra clara de la desigualdad estructural que enfrentamos.

Este tipo de medidas son especialmente condenables cuando, en paralelo, la población común se enfrenta a la falta de seguridad en sus propias calles, los recursos del Estado, destinados a la protección de los servidores públicos, deberían priorizar a la ciudadanía, que se ve desprotegida en las colonias y barrios donde la delincuencia avanza a pasos agigantados, sin que las autoridades logren generar una estrategia efectiva de prevención.

NO HABRÁ PROTECCIÓN ESPECIAL A TOGADOS.- En un contexto de creciente violencia en muchas regiones de México, resulta desconcertante y profundamente revelador la postura que ha tomado el gobierno de Morelos respecto a la seguridad de los magistrados del Poder Judicial, sobre todo, cuando el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, descartó que el Estado asigne seguridad personal a los magistrados, a pesar de las amenazas que han denunciado algunos de estos funcionarios. Su justificación: los recursos del Estado deben destinarse a la protección de la ciudadanía, no de los servidores públicos.

Es cierto que el gobierno tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y garantizar su seguridad, aunque, este discurso, que parece lógico a primera vista, que evidencia la posición de la administración de Margarita González Saravia que reflejar un compromiso con la justicia social para garantizar seguridad a todos en general, sin importar si son o no servidores públicos.

Los magistrados, al igual que otros altos funcionarios, gozan de salarios elevados y otras prebendas que los separan de la realidad de las mayorías empobrecidas, mientras la población sufre la falta de protección en las calles, por lo que los funcionarios judiciales si así lo deciden, pueden protegerse "por sus propios medios", recomendando que, si así lo desean, contraten seguridad personal a su costo. Este mensaje es claro: la seguridad está reservada para aquellos que pueden permitírselo.

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