Observador político - Los retos la legislatura 55

Tan sólo con dedicarse a trabajar los integrantes de legislatura 55 han logrado en únicamente dos semanas grandes e importantes reformas y aprobaciones legislativas, las que no hicieron sus antecesores en tres años. Sin embargo, ahora tienen un reto mayúsculo los parlamentarios sobre todo, para informar de las condiciones financieras en las que encontraron al Congreso a través de la aplicación de una auditoría y clarificar lo que realmente sucedió con lo de las famosas “pensiones doradas”.

¿HABRÁ AUDITORÍA AL CONGRESO? Máxime cuando ellos mismos, decidieron que tras la caótica situación por la que han padecido miles de habitantes de Cuernavaca por la carencia del vital líquido y sobre todo, porque el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) tiene una deuda por la cantidad de 265 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la entidad Superior de Auditoría y Fiscalización realice una revisión especial al órgano operador del agua por los años 2019, 2020 y 2021, tal como lo propuso el diputado Francisco Sánchez.

La decisión acertada y en la que en automático empezaron a involucrarse y buscando respuestas a los problemas que han permitido crecer de manera ofensiva las mediocres autoridades municipales de la capital que no han tenido la inteligencia, voluntad ni capacidad para atender los conflictos que se generan por sus malas administraciones.

De ahí que sus buenas acciones están obligando para que empiecen por su propia casa y se sepa, cómo se administraron mil 200 millones de pesos en solo tres años siendo diputados cuando en la legislatura 53, considerada como la peor en la historia del Congreso, se manejó un presupuesto menor aún y pese a que fue la última legislatura que tenía 30 integrantes.

Son los propios trabajadores sindicalizados del Congreso local quienes se quejaron porque no les dieron el pago correspondiente al pago proporcional del aguinaldo, los que señalaron de los malos y excesivos manejos financiera de la pasada legislatura local. Lo cierto, es que es indudable que 20 diputados (14 mujeres y seis hombres) manejaron a su antojo más de mil 200 millones de pesos, y pese a que se despacharon con la cuchara grande tal parece que nadie les dirá absolutamente, a menos que los actuales congresistas digan lo contrario.

¿Y las pensiones doradas, apá? El show político que montaron un grupo de la pasada legislatura al final se convirtió en circo y todo lo que habían prometido quedó en el olvido sin que realmente se haya hecho algo favorable en favor de los intereses de los morelenses. Basta recordar que los propios ex diputados habían anunciado que luego de que la Fiscalía en el Combate contra la Corrupción había judicializado 40 “pensiones doradas” serían removidas.

“LAS PENSIONES DORADAS”.- Estos payasos convertidos en diputados de la legislatura 53, como Pepe Casas, argumentaban que pese a que la mayoría de los beneficiarios estaban amparados no les serviría de mucho porque se había detectado diversas  irregularidades durante el proceso de las jubilaciones en las que también había funcionarios y ex legisladores. Lo que se buscó sin lograrlo, es que muchos empleados percibieran percepciones económicas elevadas sin haber devengado el trabajo.

Puente de Ixtla y Huitzilac, fueron los municipios donde se detectaron varias inconsistencias e irregularidades por ejemplo en la antigüedad, lo que provocó una cascada de al menos 18 amparos que fueron promovidos por ex funcionarios.

Sin embargo el show legislativo les duró poco a los ex diputados ya que a finales del año pasado, el Congreso perdió (¿a propósito?) la batalla jurídica por lo que en automático empezaron otra vez a cobrar sus pensiones los involucrados provocando que en automático les dieran la legalidad a esta prestación.

Es decir, para los profesionistas del derecho desde el Congreso se actuó con complicidad debido a que las demandas las presentaron mal, es decir, con diversas inconsistencias lo que les dio la oportunidad sin saber si hubo o no acuerdos, para que los involucrados presentaran en automático sus amparos.

Todo esto quedó oficializado en el periódico oficial Tierra y Libertad,  del número 5871, en el cual se publicaron los 15 decretos en los que se abrogan las determinaciones de los actuales legisladores locales de revocar sus prestaciones. Por lo tanto, sin tanto ruido, en los próximos dos meses cumplirán una año de estar cobrando sus jugosos salarios pese a la duda de que incumplían con los requisitos para obtener esos beneficios de por vida.

Por lo tanto, todos los integrantes de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la pasada legislatura (y que siguen ocupando una curul hoy en día), son corresponsables de que gente que incumplía con los requisitos para alcanzar una jubilación súper remunerada, hayan sido beneficiados con las denuncias que por estar mal integradas les dio la oportunidad legal a los acusados de ganar el proceso.

Todo ello, pese a que la Fiscalía Anticorrupción haya decidido judicializar diversas carpetas contra familiares de la política que mediante procedimientos legaloides, lograron obtener sus pensiones doradas. El reto es que los actuales diputados, dejen de lado sus intereses personales y familiares para dejar  correr las investigaciones de quienes al parecer utilizaron falsificación documentos.

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