Observador político - Litigantes piden frenar convocatoria de magistrados

Los diputados de la 54 legislatura local están en la recta final de su periodo para el cual fueron electos por el pueblo sabio. Y pese a que no ha sido un Congreso brillante, que trascienda y haga historia en relación a sus antecesores, aún está a tiempo de rectificar algunas fallas cometidas e intensificar los trabajos para cambiar la imagen negativa que han logrado acumular en dos años con la parálisis legislativa y los conflictos internos, por la falta de consensos y acuerdos. Por lo que urge, que dejen de lado sus intereses personales y de grupo por los de la ciudadanía.

ABOGADOS VS CONVOCATORIA DE MAGISTRADOS.- Hace tan solo unos días, se realizó la declaratoria de apertura del segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 54 legislatura del Congreso de Morelos, y los diputados deberán primero, de lograr la unidad y dejar de lado la división y enfrentamientos entre ellos mismos para, antes de que concluya su periodo, cumplan con la mayoría de los compromisos que anunciaron al inicio del primero periodo de sesiones en el 2018 y donde, se habían desmarcado de la entonces, hasta esa fecha, peor legislatura en la historia de Morelos.

Hoy, los compromisos de los diputados de las diferentes fuerzas políticas es enorme, porque tienen que definir en pleno proceso electoral (en el que varios o la mayoría va a participar) y en medio de una crisis económica y una delicada y peligrosa pandemia por el covid-19 que tiene a todos con el Jesús en la boca, la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, así como a los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), entre otros muchos pendientes.

Derivado del cese que hicieron el 14 de julio del año pasado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los seis magistrados del Poder Judicial de Morelos, luego mañosamente los diputados de la 53 legislatura local por instrucciones del exgobernador perredista Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, habrían reformado la constitución local para perpetuarse en el poder por lo menos 20 años en el Tribunal Superior de Justicia. Y por lo tanto, solo les avaló el periodo de nombramiento de 14 y no las dos décadas que por única ocasión intentaron consumar y por tanto, tuvieron que hacer sus maletas e irse del Poder Judicial: Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena, María del Carmen Cuevas López y José Valentín García. Y alcanzó esta determinación a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz.

Sin embargo, hoy en día, al igual que la mayoría de instituciones públicas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, vive una situación de crisis financiera compleja y como ejemplo, está que no logró cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo a sus trabajadores en diciembre pasado. Fue hasta inicios de este 2021 con apoyo financiero del Ejecutivo que logró salir de su compromiso laboral.

Por ello, ante la grave situación financiera que padecen, urge que haya un análisis de la viabilidad de que los magistrados se pospongan en su nombramiento al menos durante este año electoral 2021, a fin de que su designación no queden manchado y señalado como ya lo acusaron los profesionistas del derecho, quienes argumentan que están haciéndole un traje a la medida a los amigos de los diputados y por tanto, está amañado el proceso de selección.

RUBÉN JASSO DÍAZ.- Al respecto, el magistrado presidente del Poder Judicial, fue claro y contundente al precisar que hay algunos colegas suyos, como Carlos Iván Arenas Ángeles, se había pronunciado en el sentido de que no había necesidad de designar a los cuatro restantes. En este sentido, puntualizó antes de que fuera emitida la convocatoria por el Congreso del Estado, de que primero se tendrían que ver todos los expedientes y la carga de trabajo que existe actualmente para hacer un análisis minucioso y determinar, aclaró, viendo todos los números con los que se trabaja en la Sala así como en los lugares donde no se encuentran los magistrados. Reiteró, ante los cuestionamientos de ser o no necesarios los otros cuatro magistrados, que primero tienen que ver cuál es la actividad laboral y verificar si se puede o no suplir con los que hoy integran el Poder Judicial.

Mientras que la propuesta que a título personal hizo el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, va enfocada a que el Poder Judicial sí puede operar con dieciséis de sus integrantes, luego de hacer hincapié en las pésimas condiciones financieras y por ello, argumentó hace prácticamente dos semanas que en un ejercicio democrático de colaboración entre los poderes del estado, era oportuno que antes de lanzarla, primero consultara al Tribunal Superior de Justicia, la necesidad de requiere o no que se cubrieran las plazas. Obvio, jamás hubo algún tipo de atención hacia el TSJ.

Esta situación, puso en alerta a casi todos los profesionistas del derecho que por separado, señalaron, como lo advirtió Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de la Barra de Abogados, que no hay las condiciones para emitirla al precisar que la justicia no puede ser rehén de la política, sobre todo porque estamos en un proceso electoral y no es correcto emitir una convocatoria para elegir magistrados en estas circunstancias. Más aún, no se consensuó, tampoco se estipuló elaborar examen de conocimientos como lo solicitaron previamente y durante mucho tiempo se mantuvo esta iniciativa en la congeladora. Hoy en día, hasta que no haya los consensos los diputados deberían cancelarla y redireccionar el presupuesto salarial de los cuatro magistrados que perciben 100 mil pesos mensuales, al sector salud que tanta falta le hace ya que estamos atravesando grandes carencias por la pandemia.

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