Observador político - Lineamientos para erradicar violencia política contra mujeres

Desde el 18 de octubre del año 2020 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.  Es decir, los institutos políticos hacen caso omiso a estas recomendaciones por lo que en los dichos está bien pero en los hechos sucede lo contrario, sobre todo en aquellos que buscan candidaturas a diversos cargos de elección popular que en automático tendrían que estar
prohibidas al igual que los condenados por violencia
sexual, doméstica.

URGEN MEDIDAS URGENTES.- Y digo en los dichos porque en los hechos se  sigue incurriendo en estas violaciones a la normatividad jurídica y por ello,  diversas organizaciones de mujeres han denunciado en reiteradas ocasiones a
personajes al no poder ser candidatos y pese a ello han logrado registrarse. Lo mismo sucedió con las controvertidas candidaturas ciudadanas en las que tal parece, casi todos los aspirantes a un cargo popular son autóctonos.
En Morelos como el resto del país se deben de actualizar y armonizar las leyes dejando de lado las diferencias ideológicas para pensar verdaderamente en sus representados, de ahí que se tiene que poner especial atención en aquellas personas con interés de contender en la política y candidatearse para cualquier cargo de elección popular, simplemente cumpla con todos los requisitos y evite tapar algún recoveco jurídico para pese a todo, alcanzar a registrarse y
posteriormente competir.
Es importante mencionar que las leyes hoy en día son muy claras con quienes hacen caso omiso a sus obligaciones como padres, razón suficiente para que todos los que se resistan a pagar la pensión alimenticia de sus menores hijos, tal como lo señala el artículo 209 de la Ley establece: “El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos”.
Y la pena por incumplimiento de pensión alimenticia es ya considerado como un delito, por lo tanto, dejar de pagar los alimentos de sus menores hijos le obliga a que si en el plazo de dos a cuatro meses consecutivos no se ponen al corriente, les espera la prisión que dependiendo puede ser de tres meses, un año y más; y el castigo puede ser una multa de seis a 24 meses.
Sin embargo, muchas mujeres pese a padecer estos conflictos y conflictos dejan sin efectos estas leyes al momento de negarse a denunciar a sus exparejas y para quienes intentan competir por algún cargo y ya fueron previamente denunciados, se les puede investigar su situación en este apartado a través del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que no es otra cosa que se resisten a contribuir económicamente con el pago de los alimentos, renta, vestido, asistencia médica y educación.
Es decir, el deudor alimentario es aquél que tiene la obligación de proporcionar alimentos no sólo a los menores sino a los cónyuges, concubinos, padres, hijos, en las condiciones que dispongan los códigos civiles, y códigos y leyes para la familia de las entidades federativas que resulten aplicables como ocurre en Morelos.
De ahí que muchos de los deudores –en este caso, aquellos que buscan continuar en la política- incurren en actos reprobables y malas prácticas como por ejemplo, ponerse en una situación de ilocalizable, cambiar de residencia, dejar de prestar servicios a la empresa que retiene su salario la cantidad correspondiente a pensión alimenticia, ponerse de acuerdo con el patrón para declarar menos ingresos, trabajar por cuenta propia declarando menos ingresos de los reales, afirmar que está desempleado, no contar con bienes muebles o inmuebles
a su nombre, entre otros muchos argumentos más.

MUJERES VIOLENTADAS.-Recientemente,  Isela Chávez Cardoso, Presidenta
de la asociación civil "Mujer Nunca Permitas", hizo una declaración o denuncia pública grave, delicada, preocupante y en la que debe haber intervención inmediata no sólo de su agrupación sino de las autoridades estatales y municipales, sobre todo de los Institutos de la Mujer en la entidad y los Ayuntamientos.
A decir de la activista, tienen registrados de casos en los que se siguen cometiendo delitos de abusos sexuales y violaciones en contra de mujeres, muchas de ellas menores de edad, por sus parientes y gente cercana sin que proceda ni suceda nada por el temor existente entre las víctimas a presentar la denuncia penal correspondiente.
Los casos de los que dice tener conocimiento se han registrado en los altos de Morelos en donde se han detectado dijo, casos graves de abuso y violación contra mujeres así como la violencia intrafamiliar. Lo preocupante, es que son actos aberrantes cometidos de generación en generación, es decir, prácticamente estos delitos se han normalizado en esas comunidades en detrimentos de las jovencitas que lo padecen.
Isela Chávez Cardoso, no debe permitir nunca más que las mujeres sigan siendo objetos sexuales y para ello, debe dar parte a las autoridades como la Fiscalía General del estado, para su inmediata investigación sin importar si son sus padres, abuelos o quien sea y evitar que la impunidad siga siendo el principal impedimento para detener a estos personajes que atentan contra los principios de las jóvenes mujeres.
Ella, en entrevista, aseguró que tienen casos documentados en los que en algunas de estas comunidades de los altos de Morelos, las mujeres son objeto de abuso sexual y violación de generación tras generación.  
En algunos incluso refirió que han sido los propios familiares los que han cometido estos delitos sin embargo, les da miedo a denunciar porque son amenazadas y es ahí donde se están comprometiendo a darles todo su apoyo jurídico legal, de acompañamiento y tratamiento psicológico para superar estos daños.
Creo, a título personal, que no basta con estas acciones sino unificar a todas las instituciones de la prevención y el cuidado de las mujeres para impulsar políticas públicas pero de igual manera, impedir que en las comunidades alejadas se siga normalizando las conductas como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar y las violaciones, delitos que no se castigan porque se quedan en el anonimato y al final vence la impunidad.

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