Observador político - Impunidad y doble moral en la política de Morelos

Si Andrés Manuel López Obrador estuviera aún al frente del gobierno de México, es casi seguro que los ediles de Cuautla, Jesús Corona, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano, no sufrirían consecuencia alguna por su implicación con el crimen organizado en Morelos. Después de todo, el mismo AMLO nunca mostró interés real por las implicaciones de la relación entre los gobernantes locales y el narcotráfico, tal como lo demuestra su actitud ante el escándalo de las fotografías que comprometieron a su aliado Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, con criminales de diversas organizaciones.

CLAUDIA SHEIBAUM NO ES AMLO.- El caso de Cuauhtémoc Blanco es un claro ejemplo de la desidia de las autoridades federales bajo la administración de AMLO cuando los vínculos de políticos con el crimen organizado salían a la luz; y es que, el exfutbolista, al ser cuestionado sobre las imágenes en las que se le veía con narcotraficantes de renombre, respondió con una desfachatez que más que tranquilizar a la sociedad, mostraba su completa falta de compromiso con la justicia. "Soy tan buena gente que me saco fotos con todo el mundo", dijo. Esta justificación, tan banal como absurda, no solo minimizaba la gravedad de la situación, sino que revelaba una postura que prácticamente normalizaba las relaciones entre el poder político y el crimen.

En esas imágenes, Blanco Bravo posaba junto a Raymundo Isido Castro, “El Ray”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”, líder de Guerreros Unidos; y Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, cabecilla del Comando Tlahuica. Tres figuras relacionadas con diferentes cárteles que, lejos de ser un escándalo nacional, parecieron ser apenas un tropiezo para la administración de un gobernador que ya se había acostumbrado a la complicidad con la delincuencia.

Hoy, sin embargo, el contexto ha cambiado con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, por lo que la historia parece ser diferente, y es que si bien es cierto que la relación de los ediles de Cuautla y Atlatlahucan con el presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, Júpiter “N” (alias “El Barbas”), aún no ha generado consecuencias, también lo es que la postura de la actual mandataria es mucho más firme en cuanto a la exigencia de investigación y, si se comprueban delitos, un castigo ejemplar.

MANO FIRME CONTRA EL NARCO.- La diferencia entre el gobierno de AMLO y el de Sheinbaum en este tema no es solo política, sino moral, y es que mientras el gobierno anterior se limitaba a declaraciones vacías y una impunidad creciente, la actual administración ha mostrado una determinación por desmarcarse de esa complicidad histórica que ha caracterizado a ciertos sectores de la política mexicana, y más ahora que lo está vigilando el vecino presidente del norte, Donald Trump.

Si bien aún falta mucho por hacer en términos de justicia, el simple hecho de que se exija una investigación seria marca un cambio en el enfoque hacia la delincuencia organizada y sus vínculos con los poderosos.

La tragedia de Morelos no radica únicamente en las fotografías comprometedores de Cuauhtémoc Blanco ni en los presuntos nexos de los ediles de la región oriente con el Cártel de Sinaloa, sino en la normalización de la impunidad, y es que durante muchos años, los gobiernos locales y federales parecían mirar para otro lado ante los lazos evidentes entre políticos y criminales. Este patrón de complicidad solo perpetúa la violencia y la corrupción, y es por ello que el papel de Claudia Sheinbaum es crucial para erradicar las viejas prácticas.

En definitiva, el tema de la complicidad entre políticos y narcotraficantes no es algo que deba seguir siendo parte del paisaje político de Morelos ni de ningún otro rincón del país; la exigencia de justicia y transparencia es lo único que puede empezar a reconstruir la credibilidad en las instituciones, que durante tanto tiempo fueron cómplices de la descomposición social.

LA DESCOMPOSICIÓN DEL PODER EN MORELOS.- Lo sucedido en el estado de Morelos, donde los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano, se ven involucrados en un escándalo de presuntos vínculos con el crimen organizado, es una prueba más de la profunda descomposición institucional que permea en muchas partes del país. No se trata únicamente de un escarceo mediático, como algunos pretenden hacer creer, sino de un reflejo claro de la inseguridad jurídica, política y moral en que nos encontramos.

Basta recordar que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras la viralización del video donde se observa a los dos alcaldes reunidos con un presunto líder criminal, identificado como Júpiter "N" (alias "El Barbas"), miembro del Cártel de Sinaloa. Esta imagen, que rápidamente dio la vuelta al país, desnuda una vez más las complicidades y redes de poder entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

Aunque las imágenes por sí solas no son suficientes para culpar legalmente a los involucrados, como argumenta el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, lo cierto es que el hecho de que los involucrados sean autoridades locales no puede ser minimizado. El argumento de que "no hay pruebas suficientes" para pedir la destitución de los alcaldes es, a mi juicio, un escudo que oculta una realidad mucho más compleja: una total falta de voluntad política para hacer frente al crimen organizado que sigue controlando las instituciones, y que además, está demostrando que la justicia, si se llega a ejecutar, es a cuentagotas y bajo estrictas condiciones de conveniencia.

Es cierto que el principio de presunción de inocencia debe ser respetado, pero la pregunta crucial aquí es: ¿realmente existe una investigación imparcial o está siendo manejada bajo la lógica de proteger a los "pesos pesados" mientras se da la apariencia de justicia? En un estado como Morelos, donde las redes de complicidad entre políticos y criminales han sido una constante, es ingenuo pensar que este caso será tratado con el rigor que merecería.

Sabemos que, detrás de las puertas del poder, los intereses de los políticos suelen estar muy ligados a los de los narcotraficantes, y que las “investigaciones” a menudo son cortinas de humo que nunca llegan a nada.

El tema en cuestión no es un tema únicamente legal, sino ético y moral. ¿Cómo puede un municipio confiar en autoridades que podrían estar negociando con los mismos grupos que aterrorizan a la ciudadanía? ¿Es ético mantener a estos funcionarios en sus cargos mientras se trata de esclarecer su participación con el crimen organizado?

Hay muchas interrogantes difíciles de contestar… al final, podría ocurrir lo de siempre. Nada. Y la impunidad será lo que reine otra vez sobre la tierra de mi general Emiliano Zapata Salazar.

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