Observador político - Huitzilac, uno de los municipios más violentos del país

Huitzilac, no es sólo un municipio atrapado por la violencia, es el reflejo de un modelo fallido, de un Estado ausente y de autoridades locales que se desentienden del sufrimiento de su pueblo mientras posan para la foto con la bandera de la “nueva política”.

ENTRE EL ABANDONO Y LA IMPUNIDAD.- Desde secuestros, robos, tala ilegal, feminicidios y asesinatos —incluyendo el del propio secretario del Ayuntamiento, Alejandro Mancilla Cueto—, hasta el saqueo de tierras y recursos, la realidad que vive este municipio debería escandalizar a cualquier gobierno. Pero parece que ni siquiera logra incomodar al alcalde César Dávila, de Movimiento Ciudadano, quien ha demostrado una alarmante incapacidad —o peor aún, indiferencia— frente a la descomposición social que ocurre bajo su mandato.

Ante la violencia que se ha disparado durante su administración, el edil no ofrece respuestas claras ni acciones contundentes, es más, no presenta estrategias municipales, no convoca al pueblo, no rinde cuentas y solo evade a la prensa, minimiza la situación y traslada la responsabilidad al Ejército y a las fuerzas federales. Un acto cobarde que deja a la ciudadanía a merced del crimen organizado, mientras él se esconde detrás de operativos que, como ha demostrado la historia reciente, no resuelven el problema de raíz.

La militarización de la seguridad pública, repetidamente impuesta como “solución” desde el centro del país, no ha devuelto la paz ni en Huitzilac ni en ningún otro rincón de México; de ahí que el uso de fuerzas armadas en tareas civiles ha sido una receta para más abusos, más miedo y más impunidad. Mientras, el alcalde, en lugar de fortalecer la organización comunitaria, la vigilancia ciudadana y las policías locales con control democrático, prefiere delegar la seguridad a las mismas instituciones que han sido rebasadas por el crimen o corrompidas desde dentro.

OPASIDAD MUNICIPAL.- Aún más preocupante es la negación rotunda del alcalde ante la presencia de prácticas como la extorsión o el cobro de piso, al afirmar que “gracias a Dios” no hay presión de grupos criminales en Huitzilac, en medio de un contexto donde el miedo y el silencio reinan, es un insulto a la inteligencia del pueblo y a la memoria de quienes han sido asesinados.

Indudablemente no se puede normalizar la impunidad ni la incompetencia institucional, por ello se necesitan gobiernos que escuchen a su gente, que construyan paz desde abajo, que asuman con dignidad la responsabilidad de proteger la vida, el territorio y los derechos colectivos. Y cuando esos gobiernos no cumplen, como es el caso de César Dávila, se debe denunciar, organizarse y exigir su salida, como algunos sectores del municipio ya están exigiendo por tanta incompetencia.

Huitzilac no necesita más promesas ni más operativos. Necesita justicia, memoria y un proyecto comunitario que devuelva el poder al pueblo.

¿MUNICIPIO MÁS VIOLENTO? Aun año de las elecciones del 2024, la violencia no cesa en y de forma cotidiana sigue tiñendo de sangre las calles como ocurrió en Huitzilac, ya que en 24 horas a mediados de enero de año pasado, se registraron siete homicidios dolosos. Esta situación ubicó al estado en el deshonroso primer lugar nacional en violencia, superando incluso a entidades con fuerte presencia de crimen organizado como Sinaloa y Michoacán.

Sobre todo, porque el Ranking Delictivo Municipal 2024, elaborado por el Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, revela que la violencia en Morelos no es un fenómeno aislado ni azaroso. Desde hace un año, los mismos diez municipios —incluidos Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Temixco— son los que concentran la mayor incidencia delictiva en la entidad.

Este panorama desnuda el abandono institucional al que han sido sometidas las regiones más vulnerables; la violencia crece mientras la capacidad del Estado para prevenirla y sancionarla se desmorona con todo y el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado que heredó una institución desacreditada y saturada de carpetas de investigación sin resolver.

Por tanto, la promesa de “mayores resultados” suena vacía si no se acompaña de una transformación profunda en la procuración de justicia y una depuración real de los cuerpos policiales.

Pero el discurso oficial insiste en depositar la responsabilidad en la ciudadanía: “acudan a denunciar”, “confíen en las instituciones”, dicen desde el Consejo Ciudadano. ¿Cómo pedir confianza cuando las comunidades enfrentan un aparato judicial lento, ineficaz y muchas veces coludido? ¿Cómo creer en una policía que, lejos de proteger, extorsiona o ignora?

OTROS MUNICIPIOS VIOLENTOS.- El reciente “Índice de Violencia en Municipios”, elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, reveló una verdad que ya no es noticia, sino herida abierta: tres municipios de Morelos -Yautepec, Cuautla y Temixco- figuran entre los más violentos del país.

Más allá de las estadísticas frías, esta radiografía expone con brutal claridad el fracaso del modelo neoliberal de seguridad, la complicidad del poder político y la precarización sistemática de la vida.

Cuautla no se queda atrás: lidera en extorsiones y se ubica entre los tres primeros lugares en violaciones. Temixco y Jiutepec cierran este panorama desolador, donde la vida cotidiana se vive con miedo, y donde ser mujer es particularmente riesgoso en un contexto de impunidad e inacción estatal.

El Estado —y no sólo el gobierno en turno, sino todo el aparato político y económico que ha sostenido la violencia estructural durante décadas— ha fallado; de ahí las cifras que no son accidentes ni anomalías: son consecuencias directas de un sistema que ha convertido a la seguridad en un negocio, que ha privatizado lo público y que ha dejado a la población expuesta, desprotegida, despojada.

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