Serpientes y escaleras - El negocio de la política

En opinión de Eolo Pacheco

Serpientes y escaleras - El negocio de la política

Ser político dejó de ser una vocación para volverse un lucrativo negocio personal

 

El negocio de la política

De unos años para acá la política es más un negocio que una vocación; acceder al poder ha dejado de ser una opción solo para políticos, pues con dinero y apoyo cualquiera puede obtener un cargo de elección popular. Desde que se popularizó la idea de ciudadanos al poder, bajo el argumento que todos los políticos eran malos, la política ha cambiado drásticamente y no necesariamente para mejorar. En veinte años ha quedado confirmado que algunos ciudadanos son iguales a muchos viejos políticos. O peores.

Fue en la elección del año dos mil cuando Acción Nacional enarboló la bandera del cambio y propuso que una nueva generación de ciudadanos-no-políticos renovaran los gobiernos y todas las posiciones de elección popular. La oferta era llamativa porque veníamos de periodos aciagos en materia de gobierno: a nivel federal se respiraba fuerte el olor a putrefacción que dejó el salinismo y localmente la ciudadanía detestaba a figuras como Jorge Carrillo Olea, que abiertamente habían protegido a la delincuencia.

Bajo esa lógica el PAN y luego los demás partidos comenzaron a postular figuras que nada sabían de la administración pública: empresarios, intelectuales, artistas, deportistas, amas de casa, estudiantes y toda clase de persona con interés en participar en labores de gobierno; la única condicionante era no militar en ningún partido político, especialmente ell PRI.

Por esa vía llegaron a Morelos figuras como Sergio Estrada Cajigal, Javier Bolaños, Tito César Sagahón, Claudia Mariscal, Marco Adame y muchos otros actores de la iniciativa privada que de la noche a la mañana se convirtieron en actores preponderantes del escenario de poder local. Junto a ellos llegaron otros a las representaciones locales y federales, a las administraciones públicas municipal, estatal y federal, ocupando los espacios que anteriormente tenían personas con muchos años en el servicio público.

Renovar la clase política fue solo el primer paso: de la mano de los nuevos actores de poder llegaron sus amigos, sus familiares y aliados que se incrustaron inmediatamente en posiciones de la administración pública, la mayoría sin conocimiento alguno de los temas, pero con todo el respaldo de las nuevas autoridades. Eduardo Becerra, Andrik Ruíz de Chávez, Sergio Beltrán Toto, Gerardo Becerra, José Manuel Sanz, Antonio Villalobos y Andrea Gordillo son algunos claros ejemplos de ello.

El cambio panista comenzó desde lo salarial: primero en el ayuntamiento y luego en el gobierno estatal Sergio Estrada elevo exponencialmente los sueldos de los funcionarios de primer y segundo nivel bajo el argumento que “debían ganar bien porque no iban a robar”; también se instauraron los “bonos de productividad” que se entregaban de manera discrecional sin tomar en cuenta ningún método para evaluar el desempeño o los resultados de quienes recibían este recurso; fue una manera rápida y sencilla de obtener más dinero. Los sueldos de 30 a 50 mil pesos que obtenían los funcionarios del gabinete se elevaron hasta los 200 mil pesos mensuales a partir del régimen azul.

La premisa de que un funcionario bien pagado no roba fue falsa, lo mismo que aquella de que todos los empresarios son honestos y la de que a las personas ricas no les interesa robar. Por el contrario: con el arribo del panismo a las obras, a los contratos y a los servicios se les pusieron comisiones superiores al 35 por ciento y casi todas se canalizaron a los amigos y familiares de la nueva clase gobernante.

Los nuevos gobiernos a partir del PAN se dieron a la tarea de desmantelar las instituciones y correr al personal de niveles intermedios que tenía muchos años laborando en la administración pública haciendo el trabajo de escritorio; en su lugar colocaron a recomendados sin experiencia, sin conocimiento, pero dispuestos a acatar sin chistar todas las indicaciones que les dieran, por absurdas que fueran. “Son compromisos de campaña” era la excusa para despedir y recontratar nuevo personal.

Este periodo de renovación gubernamental y política dio paso a la etapa más oscura en materia de corrupción e ineficiencia pública; contrario a lo que se prometía, que con gobernantes no-políticos las cosas mejorarían, el cambio dio paso a un estado inseguro, retrasado del desarrollo nacional, empobrecido y con instituciones profundamente corruptas.

Esto se ha visto en el gobierno estatal, pero también en todos y cada uno de los municipios; la bancarrota financiera en la que se encuentran la mayoría de los ayuntamientos es consecuencia directa de ello: los presidentes municipales se asumen como reyes chiquitos, como figuras omnipotentes que utilizan los recursos a su cargo de manera discrecional sin considerar los efectos de sus decisiones en sus gobiernos y en las siguientes administraciones.

En casi todos los gobiernos municipales hay casos claros de corrupción, ineficiencia, ilegalidades y frivolidad; lo hubo en Cuautla con Sergio Valdespín y Jesús Corona, en Jiutepec con Miguel Ángel Rabadán y Manuel Agüero, en Puente de Ixtla con Julio Espín y muchos en Cuernavaca, como Manuel Martínez, Rogelio Sánchez Gatica, Jorge Morales y Antonio Villalobos. La lista es interminable.

Gobierno tras gobierno los morelenses hemos sido testigos de historias de corrupción, de actos fuera de la ley y escándalos en los gobiernos; del Helicóptero del Amor hasta las orgías organizadas por la familia Ramírez Cepeda, muchas cosas han sucedido sin consecuencias. Eso sin descontar los innumerables negocios que se hacen al amparo del gobierno, las decisiones políticas que se toman con el estómago, en un arranque de ira o los desquites personales que ejecutan a través de las instituciones públicas y el presupuesto oficial.

Los congresos no quedan fuera de esta historia de demolición: una tras otra las legislaturas locales se han ido superando en abusos, robos y torpeza. La máxima de “no puede haber un congreso peor” se ha convertido en una maldición local, porque cuando pensamos que no hay algo más putrefacto, corrupto y nocivo en el terreno parlamentario, aparece una nueva camada de congresistas, como los actuales, cuyo único objetivo es enriquecerse rápidamente.

La clase política que teníamos antes del año dos mil no era buena, precisamente por ello la gente opto por un cambio radical a sabiendas del riesgo que ello implicaba. Lamentablemente los políticos-no-políticos superaron los abusos y en veinte años figuras de todos los partidos hicieron palidecer las tropelías del pasado. Incluso en el terreno de los ataques o disputas entre actores de poder la historia es diferente: antes se agredían a través de los medios de comunicación, se boicoteaban sus actos públicos y se ponían el pie en el partido. Hoy se mandan matar.

De cara a un proceso electoral en puerta será importante reflexionar sobre lo que ha representado para Morelos esta nueva clase gobernante, una generación política sin ideología, sin identidad partidista ni valores personales. En su gran mayoría se trata de personajes que se mimetizan con el momento, que aprovechan la circunstancia y que no tienen empacho en cambiar de siglas si ello conviene a sus intereses personales. Los panistas se volvieron priístas, los priístas perredistas y hoy todos dicen orgullos de estar con Morena.

Apostar por un cambio a partir de las siglas es un error, porque se trata de los mismos políticos con un color distinto, de viejos-nuevos personajes que ofrecen renovación, valores y compromiso, pero que una vez en el cargo lo único que les interesa es enriquecerse lo más rápido posible. Peor: en algunos casos detrás de estos funcionarios y representantes populares existen intereses oscuros que los utilizan para influir y beneficiar a los grupos delincuenciales.

Muchos de nuestros políticos actuales prometen todo, lloran, se rasgan las vestiduras, pero son iguales a quienes critican. O peores.

·         posdata

La dinámica política ha cambiado en los últimos años, aunque no en todos los casos; los robos que antes se quedaban en el anecdotario, ahora comienzan a volverse acciones penales en contra de quienes violentan la ley. Aunque lenta, la lucha contra la impunidad se ha vuelto efectiva en contados casos.

La Fiscalía Anticorrupción debería ser el ente que combata las acciones ilegales cometidas por servidores públicos, la que ponga un alto a los abusos y consigne a quienes actúen fuera de la ley. Lamentablemente la oficina está muy lejos de ello: solo actúan cuando se trata de un tema personal del fiscal y se vuelve omisa o cómplice en todos aquellos asuntos que interesan a Juan Salazar. El último ejemplo de ello es el de Sergio Beltrán Toto, un graquista que pisó la cárcel por enojo del fiscal y salió de ella con la complicidad del propio fiscal, cuando su jefe Graco Ramírez se lo ordenó.

La renovación del poder judicial estatal y la llegada de un magistrado con un perfil distinto fue al principio una luz de esperanza, hizo suponer que el desempeño de los jueces y de los magistrados sería diferente al visto desde hace al menos una década. Hoy el TSJ morelense es tildado de corrupto, de vender la justicia al mejor postor y de alinearse a los intereses de los delincuentes. El propio Jorge Gamboa lo denunció en algún momento, pero hoy como titular del poder lo ha olvidado.

Erradicar la corrupción no es tarea fácil en Morelos, porque en ella participan los tres poderes y están inmiscuidos los tres niveles de gobierno; item más: ha sido tan desaseado el manejo de nuestros gobernantes, que los impartidores y procuradores de justicia son resultado de acuerdos políticos momentáneos, es decir, se elige a figuras que convienen a quien toma la decisión.

¿A quién puede sorprender con ello que las cosas estén tan mal?

·         nota

El alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui ratificó los últimos días de diciembre la solicitud de juicio político en contra de su antecesor Antonio Villalobos por los delitos cometidos al frente de la comuna; el objetivo, dijo la consejera jurídica municipal, es que se inhabilite al funcionario (hoy preso en el penal de Atlacholoaya), pero sobre todo que se le obligue a resarcir el daño patrimonial causado a la ciudad.

Por delitos similares el gobierno de Jiutepec demandó hace más de tres años al exalcalde José Manuel Agüero, pero a diferencia de lo que ha hecho el abogado que gobierna Cuernavaca, en Jiutepec se ha dado carpetazo al proceso en contra del expresidente municipal y permitido que la impunidad prevalezca.

·         post it

Cuestión de modas: hoy muchos políticos se dicen obradoristas, promotores de la cuarta transformación y fieles a la ideología del presidente de México; saben que ese es el camino más seguro para ganar en el 2024. Olvidan que como ellos hay muchos, muchímos más que quieren una candidatura.

En Morelos el nuevo dueño del partido tiene apartadas las mejores candidaturas para sus amigos y contlapaches.

¿Qué harán aquellos a los que no les toque nada?

·         redes sociales

No pasa nada, no nos importa que nos peguen ni que nos critiquen… la gente conoce y valora nuestro trabajo porque les damos apoyos.

Así hablaban los integrantes de las legislaturas pasadas al defender sus tonterías.

¿Dónde están ahora?

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