Serpientes y escaleras - La peor legislatura

Antes de irse, los diputados lanzaron el último zarpazo.

La peor legislatura

Los diputados locales encabezados por Francisco Sánchez, Julio César Solís, Eliacib Polanco y Andrea Gordillo dieron un último golpe antes de concluir su periodo; el bloque opositor cambió leyes e intentó nombrar magistradas a sabiendas que eso sería un exceso y una falta de respeto político. Al final no lograron todos sus objetivos, pero confirmaron que su ambición es enorme. La 55 es sin duda la peor y más corrupta legislatura de la historia de Morelos.

A lo largo de tres años los integrantes del congreso local hicieron de la representación parlamentaria un negocio multimillonario que tan solo en materia presupuestal rebasó los 1 mil 500 millones de pesos en tres años. Descontando el gasto corriente, el dinero que se destinó a los diputados representó el 80 por ciento del total, lo que significa que cada uno percibió en promedio 3 millones de pesos mensuales.

Recapitular los abusos de este congreso tomaría mucho tiempo, los hay en materia financiera a partir de la discrecionalidad como gastaron el dinero público e hicieron negocios con el presupuesto público, como cuando crearon un fideicomiso de obra para canalizar dinero a los municipios que ellos eligieron y en las cantidades que ellos decidieron, sin tomar en cuenta ningún parámetro social o de desarrollo.

También hubo excesos en la designación de magistrados del Poder Judicial, eliminando de un plumazo la obligatoriedad de contar con carrera judicial y sin tomar en cuenta a los profesionales del derecho; esta decisión quedó marcada por acusaciones de venta de espacios, señalamientos hechos por los propios diputados y multiplicados por muchos abogados.

Luego vino la designación de dos nuevas magistradas, ahora del Tribunal de Justicia Administrativa; ahí fue llamativa la manera tan apresurada como tomaron la decisión y la forma como se analizaron los perfiles. En este caso también hubo acusaciones públicas por la sospecha de que nuevamente se habría torcido la ley para nombrar a personas que no cumplían con los requisitos de ley.

Los diputados actuales se caracterizaron por hacer del congreso un arma política y de negocios para beneficio personal; cuando explotó el escándalo del fiscal Uriel Carmona los representantes populares inmediatamente se alzaron como sus defensores sin tomar en cuenta ninguna voz contraria, ni mucho menos analizar las acusaciones que había.

En el ánimo de proteger ese feudo se animaron a legislar para sostener legalmente la estructura del fiscal cuando este se encontraba tras las rejas y a través de Tania Valentina tejieron acuerdos entre el fiscal y los diputados que incluyeron la asignación de escoltas para legisladores y familiares con cargo a la fiscalía, además de plazas dentro de la FGE.

Vistos los abusos cometidos por la legislatura 55 el enfrentamiento con el gobernador Cuauhtémoc Blanco queda en segundo plano; en este punto se puede estar de acuerdo o no con el jefe del ejecutivo, pero la lucha entre ambos poderes lastimó severamente al estado, cambió el rostro de varias instituciones y representó un atraso sustantivo para la entidad en diferentes ámbitos. A pesar de ello esto no es lo peor que se le puede achacar a la legislatura.

La jugada de este lunes se suma a la lista de abusos cometidos y representa un intento de golpe de estado a la siguiente legislatura y al próximo gobierno estatal. Con los votos que ahora tienen, entre los que se cuentan varios diputados de Morena, el G15 cambió la Ley Orgánica del Congreso para evitar que la 4T tenga el control político y económico en la siguiente legislatura y modificó la ley para poder ser pensionados.

Este tipo de jugadas no se había visto desde 1999, cuando encabezados por Víctor Saucedo los diputados cambiaron la ley para dañar al gobierno siguiente. En esta ocasión el golpe es similar, con la salvedad de que a partir del 01 de septiembre Morena y sus aliados serán mayoría y podrán revertir los cambios que se acaban de hacer.

Pongámoslo en contexto para entender de qué hablamos: este lunes la 55 Legislatura reformó la Ley Orgánica del Congreso para que Morena no pueda encabezar simultáneamente la Junta Política y la Mesa Directiva, como sucede actualmente con el G15. Este cambio fue avalado por cuatro diputados que supuestamente son militantes o aliados de Morena: Paola Cruz, Macrina Vallejo, Alberto Sánchez y Tania Valentina.

El ajuste hecho al reglamento interno de la cámara obligará a la siguiente legislatura a revertir el cambio y eso implica conseguir los votos necesarios para ello, cosa que no es imposible, pero sin duda pondrá a trabajar al coordinador parlamentario de Morena.

Otra de los cambios de la sesión del lunes fue reformar la ley laboral y la ley del servicio civil para que los representantes populares, ellos, puedan pensionarse en su calidad de diputados y así acceder a jubilaciones muy por encima de las que recibe un trabajador promedio.

La tercera acción fue el intento de revivir una reforma planteada por el gobernador Graco Ramírez para abrir dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, justo donde hace un mes nombraron magistradas a la ex jefa de la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, Mónica Boggio y a Vanesa Gloria Carmona, esposa del presidente del Poder Judicial de Morelos.

Para las dos nuevas plazas del TJA la propuesta inicial estaba integrada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Israel Hernández Cruz, hombre cercanísimo al fiscal Uriel Carmona y al exgobernador Graco Ramírez y por Penélope Picazo, esposa del exdiputado priísta Hugo Manzo. Al final se cambió el nombre del Ombudsman por el de Roberto Soto Castor, esposo de la exdiputada Hortencia Figueroa y se mantuvo a la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, impulsada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

La operación política de último minuto en la cámara de diputados logró evitar que se concretaran las magistraturas, pero no que se modificaran las leyes; el estira y afloja de esa tarde también evidenció que el duelo político va más allá de la cámara de diputados, porque hubo figuras ajenas al congreso que intervinieron del lado del G15 y actuaron abiertamente en contra de Morena y de la gobernadora Margarita González Saravia.

La que parecía hace unos días una transición política tersa hoy luce muy diferente. Dentro del congreso es evidente la ambición desmedida de los diputados y quedo claro una vez más que el motor de los acuerdos es el dinero. Tres de los actuales diputados que impulsaron estas reformas estarán en la siguiente legislatura, una de ellas, en teoría, formando parte del bloque de la 4T.

Visto lo ocurrido este inicio de semana en el congreso local y las figuras políticas que intervinieron, la bancada de Morena y la gobernadora deben ser muy cautelosos en su actuar, porque ha quedado claro que para algunos actores de la vida pública local no hay lealtades.

Este último golpe legislativo confirma porqué Morena debe ir por el control total de la cámara de diputados.

·         posdata

La administración de Margarita González Saravia privilegiará la política, así lo ha confirmado varias veces la propia gobernadora. La apuesta de ese gobierno será el diálogo con todas las fuerzas políticas, lo cual no implica sumisión ante nadie.

Las dos figuras que sobresalen en este tema son la de Juan Salgado Brito y la de Javier García, el primero un operador político nato con una amplia experiencia y conocimiento del estado y el segundo un estratega político que entiende perfectamente el funcionamiento de los tres poderes del estado.

La postura de la legislatura actual debe ser entendida como una señal de la oposición de cara al inicio de la siguiente administración, porque tanto del lado del PAN, como del PT y Movimiento Ciudadano hablamos de figuras claves de los partidos.

Digámoslo como es: Francisco Sánchez y Andrea Gordillo son ambiciosos, pero responden directamente a la línea que les ordenan los hermanos Martínez Terrazas. Julio César Solís, es presidente de su partido y brazo derecho de la excandidata a la gubernatura de MC. Tania Valentina es dirigente y propietaria de las siglas y actúa en función de sus intereses: en el sexenio de Graco Ramírez se declaró públicamente como su defensora y con Cuauhtémoc Blanco pasó de aliada a enemiga; en esta nueva etapa presume ser parte de la 4T, pero no tuvo ningún empacho de apoyar reformas que dañarían a Morena y a la próxima gobernadora.

Con estas señales los operadores políticos del siguiente gabinete deben tener claridad de con quién hablan, pero también de la volatilidad de los acuerdos; ni los panistas, ni los petistas ni los de MC son confiables, todos ellos se mueven en función de su beneficio.

Dos caminos tienen el equipo político del futuro gobierno en un escenario así: comprar voluntades o construir una mayoría que vaya más allá de personas que son capaces de traicionar por dinero.

·         nota

Un dato más para entender la forma como se ha movido la actual legislatura: para este 2024 los diputados se aprobaron a ellos mismos un presupuesto anual de 580 millones de pesos; en seis meses han ejercido más de 460 millones, lo que significa que a la siguiente legislatura les dejarán, en el mejor de los casos, 120 millones.

Dignificar el servicio público será una de las prioridades de la siguiente bancada de Morena, dijo hace un par de semanas su coordinador Rafael Reyes Reyes.

Visto todo lo que ha sucedido en los últimos tres años y lo hecho esta semana, es imposible suponer que se dignifique la imagen del congreso si no se hace una revisión puntual a la forma como ha operado la legislatura 55.

Pasar por alto las faltas no solo es demagogia, significaría complicidad.

·         post it

El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, replicado por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia judicial parte del principio de austeridad.

Siguiendo esa línea, la apertura de dos nuevas magistraturas en el TJA es un absurdo, cuando lo que realmente se necesita es personal que ayude a sacar el trabajo, no magistrados que engrosen el gasto.

Más claro: al TJA le sobran generales, lo que requiere es tropa.

·         redes sociales

Hablando de corrupción: ¿Hasta cuándo seguirán dormidas las denuncias que el gobierno capitalino interpuso contra el exalcalde Antonio Villalobos ante la Fiscalía Anticorrupción por los múltiples abusos cometidos en ese gobierno?

Resulta absurdo que antes de sancionar al corrupto, la FECC actuó contra José Luis Urióstegui por la caída del puente colgante del Paseo Ribereño.

Para el fiscal Juan Salazar los ladrones son amigos y las víctimas son culpables.

Con razón muchos piden su salida de dicha dependencia.

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