Observador político - Daños colaterales de “El Lobo”
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
La falta de preparación, las ocurrencias y los actos al margen de la Ley provocó que la pasada administración municipal en la capital incurrió en actos de gobierno sin importar atentar en contra de sus garantías laborales de alrededor de medio millar de familias que fueron las que sufrieron el despido injustificado y que hoy en día, siguen en pie de lucha por dignificar sus derechos.
¿Y LAURA MENDIZAL? No solo fue Antonio Villalobos Adán el exalcalde quien provocó una desaseo y un desastre financiero en la pasada administración sino su partido: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que a la postre les valió la derrota político electoral a manos de Acción Nacional que decidió cobijar a un ciudadano como fue el caso de José Luis Urióstegui Salgado.
Prácticamente todos, sin excepción vieron un exceso, un abuso y una arbitrariedad de gobierno la decisión del hoy inquilino del penal de Atlacholoaya, Antonio Villalobos que antes de las elecciones del 2021, haya decidido de manera conjunta con los integrantes del cabildo que lo respaldaron en todo y al final lo dejaron solo, haber despedido a cerca de 500 trabajadores del Ayuntamiento.
El punto no fue que los haya despedido; el conflicto político, social y económico fue que lo hizo sin haber atendido los requerimientos mínimos de una liquidación como lo mandata la Ley Federal del Trabajo y que por tanto, heredó otro grave problema a quien hoy lo sucedió en el cargo en razón de que el asunto se mantiene en litigio.
Los argumentos que ofreció en su momento el Lobo, fue que tan solo para realizar el pago de la nómina se destinan más de 800 millones de pesos mensuales, recursos que resultaron para él insuficientes y pese a la inconformidad –y complicidad de algunos- sindicatos, decidió hacer el recorte de la nómina.
Tristemente, el recorte de personal se dio cuando varios empleados decidieron ingresar su documentación para solicitar su jubilación, al tener 30 o más años de servicio; otros tenían 15 años laborando para el ayuntamiento y fueron de los cinco sindicados. Jamás hubo ningún tipo de negociación y quien llevó la voz cantante de decidir quiénes se iban fue Laura Mendizal Grijalva, Jefa de Oficina de la Presidencia, quien tomó el control y la decisión del recorte a diestra y siniestra sin que jamás se les haya ofrecido su liquidación o cartas de renuncias
La señora funcionaria quien se sentía la alcaldesa era quien decidía las personas que entraban a trabajar y lo mismo las que tenían que ser despedidas; Laura Mendizaval fue de las personas que más daño le hicieron a Villalobos y la que hoy se ha refugiado en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado sin que sea investigada por los abusos y excesos que cometió en contra de cientos de empleados.
Ella junto al exedil y varios regidores que hoy buscan alcanzar su pensión sin que hayan trabajado como empleados ya que casi siempre fueron patrones, provocaron muchos daños colaterales que bien vale la pena revisar su actuar y el daño que ocasionaron para reparar afectaciones.
DOLORES DE CABEZA AL MUNICIPIO.- Sobre todo, porque recientemente y tras casi dos años de su despido alrededor de 300 extrabajadores del ayuntamiento de Cuernavaca, siguen en su lucha porque se les restituya su cargo o porque se les liquide conforme a derecho, sin que ocurra ninguna de las dos peticiones.
Entre las afectadas está María Cristina Luna una de las afectadas por el recorte de personal en la administración de Antonio Villalobos Adán, quien recordó que hace dos años despidieron a más de 500 empleados y 120 fueron reinstalados, además de que 80 laudos fueron resueltos a favor de la comuna. Hoy en día están detenidos más de 300 expedientes en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
De ahí que siguen en lucha exigiendo se resuelvan sus casos en razón de que están prácticamente “congelados” sus asuntos laborales.
El SAPAC tiene una deuda de mil millones de pesos, además de las que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca y por lo tanto, no tienen 300 millones de pesos para pagar 800 demandas laborales heredadas reconoció el edil panista José Luis Urióstegui Salgado quien recordó a menos de un año se han logrado atender 100 que fueron ya liquidadas.
DEJAN FUERA DEL CONGRESO A COELCTIVOS.- Ayer, se pudo percatar a muchas mujeres que pertenecen a diversos colectivos y organizaciones feministas que intentaron ingresar al Congreso del estado y al final, se quedaron esperando porque dentro del recinto legislativo estaba a su máxima capacidad.
Además de que les faltó diálogo a los representantes populares para que alguien saliera y les avisara el motivo del por qué se les impidió el acceso, también debieron prever ese problemas que generó por las porras que los diferentes comparecientes llevaron en lo que fue todo un “show legislativo”, los diputados que estaban a favor del comisionado José Antonio Ortiz Guarneros como del secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado y en contra parte, aquellos que llevaban consigna para cuestionar por todo al fiscal Uriel Carmona Gándara.
Entre las personas que quisieron ingresar sin lograrlo estuvo la directora del Instituto de la Mujer del gobierno de Cuernavaca, Elizabeth Castillo, quien se pronunció al respecto: “justamente a eso venimos, a escuchar los argumentos de los funcionarios para saber que están haciendo en el tema de la violencia en contra de las mujeres así como de las estrategias que están implementando para atender las demandas de la ciudadanía; desgraciadamente en el Congreso no tuve la oportunidad de entrar porque no me permitieron el acceso a pesar de tener más de una hora pidiendo de manera muy respetuosa la solicitud.