Observador político - Cuauh, impune… ¡Y las traidoras diputadas federales por Morelos!
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

En un escenario donde la política debería ser sinónimo de justicia, transparencia y defensa de los derechos humanos, dos diputadas de Morelos demostraron lo contrario, al traicionar los principios fundamentales de sororidad y justicia que tanto se luchan por alcanzar. Y es que, de las ocho curules que representan a la entidad, solo Sandra Anaya Villegas y Ariadna Barrera Vázquez, optaron por poner sus intereses personales y políticos por encima de la lucha de las mujeres y el pueblo morelense, al respaldar al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, un hombre con un largo historial de acusaciones por delitos graves.
GOLPE MORTAL AL FEMINISMO.- Cuauhtémoc Blanco, quien ha sido señalado en repetidas ocasiones por violencia familiar y abuso de poder, ahora enfrenta una acusación espeluznante: el intento de violación contra su propia hermana. Este hecho, si se confirma, sería un crimen aberrante, que debería ser motivo suficiente para que cualquier legislador que se jacte de defender los derechos de las mujeres se pronuncie de manera contundente en su contra, empero, Sandra Anaya y Ariadna Barrera decidieron no solo ignorar las denuncias, sino poner su respaldo político al exgobernador.
Es claro que la cercanía de estas dos mujeres con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, quien las apoyó durante su mandato en la gubernatura, pesó más que la sororidad y la defensa de los derechos fundamentales; ambas se fueron por la senda de la lealtad a un hombre acusado de una gran cantidad de delitos, entre ellos malversación de miles de millones de pesos, violencia intrafamiliar –incluso expuesta en videos por su propia esposa–, y una red de nepotismo que dejó a toda su familia en puestos clave dentro de la administración pública. Ahora, el colmo de la traición es que estas dos mujeres se alinearon con el protector de agresores.
LOS QUE VOTARON A FAVOR DEL DESAFUERO.- El resto de los legisladores y legisladoras, tanto hombres como mujeres, dieron un paso al frente para actuar con congruencia. En un punto aparte, se encuentra Meggie Salgado quien se resistió a las presiones de su coordinador y los “jefes políticos” de Morena en San Lázaro, por lo que el quitarle el sonido en su participación fue solo un ejemplo de la violencia política que se ejerció en su contra por manifestar su deseo de que Cuauhtémoc Blanco solicitara licencia al cargo y enfrente la justicia sin fuero.
Otros, como la diputada federal Cindy Winkler, Juan Ángel Flores Bustamante, Agustín Alonso Gutiérrez, Víctor Adrián Martínez Terrazas y Samuel Palma César votaron también a favor del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, demostrando, con su postura, que aún existen representantes políticos dispuestos a defender los derechos de las mujeres y a luchar contra la impunidad. Este grupo de legisladores y legisladoras entendió que la justicia no puede ni debe ser negociable, y que proteger a un agresor no solo es un acto de traición hacia las víctimas, sino también un acto de traición hacia el pueblo que los eligió.
No se puede ignorar el papel fundamental que han jugado las colectivas feministas en la denuncia de estos hechos. La colectiva Marea Verde no dudó en señalar la contradicción entre el color naranja, que muchos reconocen como un símbolo de lucha contra la violencia de género, y la realidad de que muchos legisladores y legisladoras, al votar en favor de la impunidad, fortalecen a quienes han abusado del poder. El pañuelo verde y morado, símbolos de una lucha genuina por los derechos de las mujeres, se ven vacíos y desprovistos de sentido cuando los intereses políticos prevalecen sobre la justicia.
SANDRA ANAYA Y EL PRECIO DE LA LEALTAD.- El panorama político de Morelos se ha visto empañado por una serie de hechos que ponen en evidencia no solo la falta de ética de algunos de sus actores, sino también la persistente cultura de la impunidad que sigue imperando en la entidad. Uno de los nombres que más resalta en este contexto es el de Sandra Anaya Villegas, quien, con su papel como empresaria, exfuncionaria y ahora diputada federal, ha tejido una trama de favoritismos y lealtades cuestionables que son difíciles de pasar por alto.
Sandra Anaya, quien hasta hace poco se desempeñaba como Secretaria de Administración del gobierno del Estado, tenía un sueldo mensual de 70 mil pesos, lo que representó un salario de 2,333 pesos diarios, sin embargo, su paso por el gobierno no terminó con el desgaste político de su cargo, sino con un generoso finiquito de 455,909 pesos menos impuestos. Tras su renuncia al puesto para emprender su carrera como candidata a diputada, Sandra Anaya se benefició de un pago de 347,840 pesos, que fue depositado directamente en su cuenta bancaria por Carlos Rodríguez Valles, director general de Recursos Humanos del poder Ejecutivo. Este acto no solo refleja una clara falta de transparencia en los manejos gubernamentales, sino que también ilustra cómo la lealtad política, más que el servicio público, ha sido una constante en la carrera de Anaya.
Sin embargo, lo más cuestionable de su trayectoria no termina con los sueldos y finiquitos de lujo. Sandra Anaya, también se ha visto implicada en la compra de cuatro predios en el Lago de Tequesquitengo, cuya adquisición está rodeada de irregularidades y actos de corrupción. A pesar de que el gobierno de Margarita González anunció acciones legales contra aquellos que se nieguen a devolver los terrenos, la ahora diputada federal se ha mantenido firme en su decisión de no regresar los predios, demostrando una vez más su poca disposición a someterse a los principios éticos.
OTRA TRAICIÓN DE ARIADNA BARRERA.- La actual diputada federal Ariadna Barrera, se ha convertido en una pieza más de la maquinaria de traiciones políticas que parecen ser la constante en la política morelense, su trayectoria, marcada por oportunismo y falta de compromiso con los principios de su propio partido, Morena, refleja una tendencia preocupante que no solo pone en peligro los ideales de la izquierda, sino que también fomenta la división y el descontento dentro de la militancia.
Durante su tiempo como diputada local, Ariadna Barrera fue una de las figuras más controvertidas dentro de Morena, pues, lejos de alinearse con las directrices de su partido, decidió mantener una alianza cómoda con el Ejecutivo estatal, abandonando las luchas y principios que originalmente motivaron su entrada a la política. Su obsesión por ser alcaldesa de Jiutepec, un municipio clave en Morelos, la llevó a dar un paso atrás en su lealtad partidaria, impulsando no solo sus intereses personales, sino también los de su familia, al proponer la candidatura de su propio padre, Quintín Barrera Miranda, como abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para una diputación local. Hoy su señor padre, ya fue expulsado por la dirigencia nacional de Morena por sus actos de traición al partido.
Este acto de nepotismo, claramente guiado por intereses familiares y económicos, evidenció su falta de compromiso con las bases de Morena y con el futuro de su municipio, al actuar de manera tan egoísta, sin importar las repercusiones para su partido y sus compañeros, por lo que no solo traicionó la confianza de quienes la habían respaldado, sino que también desvió los recursos y energías de la campaña electoral hacia su propio beneficio. Al final, el resultado fue claro: la alcaldía de Jiutepec fue perdida para Morena, en gran parte debido a la división interna que ella misma propició.
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