Juego de Manos - Los grises de la salud pública

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud, debido al uso de los vapeadores en todas sus modalidades. Ello, a partir de un estudio realizado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que señala la presencia de acetato de vitamina E en personas que consumen estos productos.

Como paréntesis, es importante señalar que en México los vapeadores —vapes, cigarros electrónicos o derivados— no cuentan con la regulación correspondiente para hacerlos productos de uso seguro; por ello, su distribución irregular y alto índice de consumo es un punto de alerta en cuanto a salud pública y regulación de mercado.

El uso de estos dispositivos, especialmente aquellos que son desechables, es hoy una práctica sumamente común por su disponibilidad, precio y sabores. Hace unos años eran pocos los espacios en donde era posible acceder a ellos, por lo que su venta se realizaba principalmente a través de redes sociales y en algunos puntos físicos (como máquinas expendedoras); no obstante, con el paso del tiempo se han hecho accesibles a la gran mayoría de la población. Ahora, existen comercios establecidos que los distribuyen, y su accesibilidad ha llegado al punto en que su venta se realiza por parte de personas vendedoras ambulantes o por personal de restaurantes y centros nocturnos.

Por otro lado, los materiales y contenidos de estos cigarros electrónicos (baterías de litio, plástico y nicotina) son, a su vez, sumamente dañinos para el medio ambiente y, de no ser desechados correctamente, estas afectaciones medioambientales se incrementan exponencialmente. Es decir, que aunado al riesgo sanitario que implica la laguna legal en que se encuentran, debemos tomar en consideración las consecuencias que tienen los vapeadores en materia ecológica, con la finalidad de hacer un análisis que permita regular, a su vez, sus componentes y desecho.

Esta no es la primera vez que los cigarros electrónicos se encuentran en boca de las instancias federales. La Cofepris ha emitido en diversas ocasiones alertas con respecto al uso nocivo de estos productos, así como ha desmentido ciertos mitos que existen alrededor de ellos, como que representan una alternativa segura para dejar de fumar cigarrillos convencionales. Recordemos que a finales del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la restricción impuesta por la Secretaría de Salud y Cofepris, la cual prohibía la importación y comercialización de cigarros electrónicos en México; bajo el argumento de que la prohibición absoluta es una medida desproporcionada e inconstitucional. El presidente, a partir de ello, señaló que dicha determinación antepuso los intereses mercantiles sobre la salud.

Por lo tanto, con la continuidad de este tema en la agenda —y la reiteración de los riesgos sanitarios y ecológicos que estos productos presentan— queda clara la imperatividad de hacer una regulación integral de la producción, importación, venta, consumo y desecho de los vapeadores (recargables y desechables). La inacción legislativa abre una ventana de oportunidad para lucrar con estos productos sin mayor responsabilidad, poniendo en riesgo a personas y ecosistemas por igual.

Cuidarnos bien

Hay que poner atención en las modificaciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo, que incluyen —dentro de otros puntos— el que los hospitales psiquiátricos del país serán convertidos en hospitales generales. Desde el argumento del secretario de Salud, Jorge Alcocer, estas medidas siguen una lógica mundial de reformar las prácticas del pasado que no funcionaba, como lo era el aislamiento involuntario, para pasar a nuevos modelos de tratamiento de condiciones mentales. Por ello, enfatizó la necesidad de que las personas que padecen estas condiciones sean atendidas de manera voluntaria en hospitales generales y, a su vez, en sus hogares.

Estas acciones no son ni blancas ni negras, sino que transitan por escalas de grises. Es verdad que el tratamiento psicológico a través de un internado involuntario era una práctica equívoca, violenta y que, a partir de ello, era necesaria la reforma de estas prácticas. No obstante, se comete un error al considerar el cuidado dentro del hogar como una alternativa o complemento viable para el cuidado de estas condiciones.

En este contexto, valdría la pena profundizar sobre el rezago que existe en torno al cuidado de la salud mental y, a su vez, a la consideración de personas neurodiversas. Si partimos desde el ámbito primerizo de nuestra sociedad, podemos ver que desde la niñez se presenta y reproduce esta problemática, toda vez que desde las escuelas las personas no neurotípicas enfrentan obstáculos particulares dentro de un sistema que —en su mayoría— no atiende sus necesidades. En sí, la atención a la salud mental y a la diversidad intelectual dentro de las escuelas es casi nula, ya sea por desconocimiento o por nulo reconocimiento de su existencia. Valdría la pena que el aspecto inclusivo del sistema educativo se extendiera también a estas necesidades.

Lamentablemente, el amor y la voluntad son insuficientes para hacerle frente a enfermedades tan comunes con la depresión o la ansiedad. También, el cuidado sin conocimiento de trastornos y patologías puede hacer más daño que beneficio. Es decir, procurar la salud mental requiere de conocimientos específicos que parten de una formación profesional y de experiencia. No se debe menospreciar el trabajo que realizan las y los profesionales en la materia. Si el tema fuera tan sencillo, la salud mental no sería un problema a nivel nacional.

Por cierto

La máxima instancia judicial del país aprobó por mayoría la Norma Oficial Mexicana (NOM) que permite a las víctimas de violación de entre 12 y 17 años realizar un aborto seguro, puesto que ordena a los hospitales públicos del país realizar estos procedimientos sin la necesidad de la autorización de padres y madres, o de una denuncia penal ante el Ministerio Público.

La medida ha sido bien recibida por agrupaciones feministas y personas luchadoras por los derechos humanos en el país, y parte del principio de buena fe, a través del cual se confía en el señalamiento de la víctima. Ahora, aunque este último punto pudiera alzar cuestionamientos sobre un posible “mal uso” de la medida (en el sentido de que existe la posibilidad de que se mienta para acceder al procedimiento), hay que tener presente que el aborto es un proceso sumamente complicado (tanto a nivel físico como emocional); por ello, es un error considerar que las personas gestantes busquen someterse a este procedimiento con ligereza.

Enhorabuena por los avances en materia de salud púbica:

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