Juego de Manos - Es un ciclo sin fin

Buenas noticias al otro lado del Atlántico. Este martes, la Ministra de Igualdad española, Irene Montero, llevará al Consejo de Ministros una ley que tiene como objetivo la expansión de los derechos de las mujeres. La propuesta es importante pues, aunado al derecho de interrupción del embarazo, se contemplan garantías de menstruación digna y segura, lo que incluye: que los centros educativos provean productos de higiene menstrual, el acceso a estos productos de manera gratuita por parte de la población más marginada, la eliminación del IVA para los mismos y, a su vez, el derecho a incapacidad médica por 3 días en casos de menstruación dolorosa o dismenorrea.

Desde nuestra perspectiva como hombres puede ser difícil de comprender la severidad de las afectaciones que trae la menstruación. Sin embargo, debemos comprender que esto no se trata de un dolor equiparable a una gastritis o un malestar abdominal común. La menstruación puede causar dolores que llevan, incluso, a una cita en el hospital. Por lo tanto, no deben subestimarse las dificultades que pone sobre las mujeres.

A nivel internacional, diversas movilizaciones de mujeres han llevado a posicionar los derechos inexistentes o no garantizados de este sector en la agenda, con la finalidad de ejercer presión sobre las autoridades para que se lleven a cabo acciones que den solución a estas problemáticas. Y es que, el primer paso para desarrollar políticas públicas es detectar un problema y llevarlo a la agenda pública, con la finalidad de alcanzar un apoyo social que sustente las decisiones que se van a tomar para llegar a un fin determinado.

Este proceso, en la teoría, se desarrolla a partir de un análisis del contexto actual y de la medición de los impactos que tienen distintos fenómenos sobre la vida de las personas. No obstante, en la práctica, este asunto se lleva a cabo de manera distinta, ya que existen diversos factores que lo modifican y giran el timón en dirección a objetivos alternativos y —el ambiente político—la problematización suele convertirse en un análisis de rentabilidad, a partir de la cual se busque obtener una simpatía que se traduzca en votos electorales.

Este hecho no es nuevo. Actualmente, podemos verlo con el debate en torno al derecho a abortar en Estados Unidos, que ha dividido la opinión pública y el sistema político en dos posturas, una que está a favor de que las mujeres deciden sobre su cuerpo y su maternidad, y quienes buscan derogar este derecho a partir de argumentos diversos. Independientemente de las ideologías, la discusión pública está siendo utilizada para perseguir votos en favor de elefantes y burros.

Es grave, aunque completamente previsible, la actual politización de derechos fundamentales de las mujeres, dada la relevancia de la materia en la agenda presente. No obstante, la lucha es y debe seguir siendo atemporal, para generar resistencia a las fuerzas políticas que buscan hacer uso de ella con fines políticos electorales. Los reclamos de justicia no deben subordinarse antes los mensajes políticos triunfalistas, y las respuestas superficiales no deben ser vistas como una victoria en la materia. La residencia y la perseverancia son características fundamentales para alcanzar un cambio verdadero en nuestra sociedad.

Pero, ¿y en México? La existencia de grupos sociales y colectivas en favor de los derechos de la mujer ha llevado a cambios importantes como la Ley Olimpia, la persecución de personas que han ejercido violencia de género o la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la penalización aborto, al que declaró inconstitucional en el país; lo que representa un precedente importante para la homologación de las leyes locales con respecto al derecho de las mujeres a tomar decisiones acerca de su maternidad.

Asimismo, la Ley de Ingresos de este año contempla una tasa del 0% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los productos de gestión menstrual. Esta medida, referida con la etiqueta #MenstruaciónDigna, impactó directamente en los precios de toallas sanitarias, tampones, pantiprotectores y copas menstruales; con la finalidad de hacer más accesibles dichos artículos.

El proceso de transformación social es cíclico. Históricamente, los avances en materia de Derechos Humanos han tenidos puntos de avance y de retroceso, es decir, que los logros que se han alcanzado están sujetos a modificaciones. Finalmente, las reglas del juego se crean, mantienen y derogan por la voluntad de personas y; en este sentido, son sujetas a los cambios sociales. Es la insistencia social la que mantiene la temática de los derechos de las mujeres en la agenda y, por ende, da combustible a la maquinaria política que genera cambios en su favor. En otras palabras, e inspirado en la premisa de Vicente Fernández, mientras sigan gritando, se seguirá avanzando.

Por cierto

A manera de ejemplo para lo anteriormente enunciado, en estos últimos meses hemos visto algunos casos que dan señales de una modificación en cuanto al actuar de las autoridades frente a las movilizaciones sociales. Si nos remontamos al inicio de esta administración federal, podemos recordar cómo las protestas de todo tipo estaban prácticamente exentas de medidas que restringieran su desarrollo; de ahí que la mayor parte de las actividades que se autodenominaban de protesta se desarrollaban sin mayor complicación. No obstante, con el transcurso de los años se han desarrollado medidas que ponen límites al actuar ciudadano.

Veamos la toma de casetas, que fue motivo de reclamo a las autoridades carreteras toda vez que representaba pérdidas millonarias periódicas al presupuesto público y, con el paso del tiempo, optó por acciones más violentas contra las y los automovilistas. Ojo, aunque en un primer momento estas acciones pudieron tratarse de causas legítimas que, ante la falta de apoyo, se dirigían a la población en busca de recursos, pronto se dio a conocer la participación de grupos relacionados con el crimen organizado en estas manifestaciones. Así, en febrero de este año la Ley de Vías Generales de Comunicación, que sanciona con hasta 7 años de cárcel y multas de 9 mil a 48 mil pesos a quienes tomen casetas y hagan cobros de manera ilegal.

Aquí, la reflexión se aleja de filias, fobias y juicios de valor, para señalar que, aunque en la inmediatez pareciera que se camina con firmeza hacia la construcción de nuevas realidades, no debemos perder de vista que, históricamente, el progreso no es lineal y los pasos se pueden dar en cualquier dirección.

… que nos mueve a todos [y a todas]:

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