IMIPE de los abusos a la confianza ciudadana

Durante años, el órgano gubernamental encargado garantizar el derecho de acceso a la información en Morelos, se convirtió en un instrumento de abusos, complicidades y simulación de transparencia. Al menos de 2012 a 2020 la transparencia local encontró sus peores años.

Mientras en el IMIPE (Instituto Morelense de Información Pública y Estadística) se firmaban acuerdos y compromisos por la transparencia con alcaldes, partidos políticos o gobernador, los ciudadanos se enfrentaban a una institución que retrasaba e impedía ejercer el Derecho de Acceso a la Información.

Durante dos años, el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas insistió a través de solicitudes de información, para obtener datos sobre una denuncia presentada el 11 de junio de 2015 por probable peculado en el propio instituto. La denuncia fue por 2.7 millones de pesos de los que no se tenía respaldo que comprobara el uso de recursos, estos representaron cerca del 20% de su presupuesto anual. Por increíble que parezca, en el IMIPE se negaron a transparentar la información, por ello se tramitó un recurso de inconformidad ante el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y en 2019 ese instituto nacional obligó al IMIPE a entregar la información. También dimos cuenta que solo la comisionada Mireya Arteaga había realizado acciones para que la Fiscalía mantuviera la carpeta de investigación activa, ya que la tenía en “archivo temporal”.

Además de este hecho, en 2018, Morelos Rinde Cuentas en conjunto con la Reportera de Michelle Onofre de 24 Morelos exhibió en el reportaje “Los excesos del IMIPE” que existían abusos en la contratación de empleados y oficinas a amigos, familiares directos o de Diputados. Los gastos de representación incluían gastos en alimentos como pizzas, helados, donas, barbacoa y hasta menús infantiles tanto en días laborales como en fines de semana o periodos vacacionales. Los aviadores también eran una constante en la institución.

El daño del IMIPE no fue solo al presupuesto, lo más grave fue permitir que la opacidad garantizara que funcionarios se negaran a entregar información y obstaculizar la posibilidad de acceder a documentos que permitiera realizar una rendición de cuentas. El mejor ejemplo de protección a la corrupción se dio en el Congreso morelense con la 53 legislatura. Desde el IMIPE sus comisionados se encargaron de que los recursos de queja por falta de entrega de información no avanzaran. Toleraron la falsedad de que el Congreso no podía ingresar a sus instalaciones después del sismo de 2017 por el peligro que representaba. Se les entregó evidencia gráfica de que había actividad en el Congreso, aún así no hicieron nada y al concluir esa legislatura (2018) los documentos y equipo de cómputo con la información financiera del Congreso desapareció.

A pesar de que Morelos había avanzado en la intención de aplicar el Gobierno Abierto, durante la presidencia de la comisionada Dora Ivonne Rosales este ejercicio fue suspendido y el IMIPE se enfocó en dar talleres y eventos en escuelas primarias, principalmente en la que fue docente la comisionada Rosales antes de llegar al IMIPE.

A pesar del pésimo desempeño del Comisionado Víctor Díaz Vázquez (2012-2017), la comisionada Rosales Sotelo decidió recontratarlo como asesor de lujo en 2020, una vez que se quedó como única comisionada en el IMIPE. Las ponencias de los comisionados Díaz Vázquez y Rosales Sotelo incrementaron los atrasos de recursos de queja, que hoy podrían superar más de mil desde el año 2017. Para ellos, estar cerca de sus ponencias, atender a los solicitantes nunca fue prioridad, se dedicaron a los reflectores, a alabar a funcionarios y pasear por todo el país para hacer relaciones.

Por eso en 2020 sorprendió que el INAI contratara a Díaz Vázquez como Director General de enlace con autoridades laborales, sindicatos, universidades y personas físicas y Morales, no solo porque durante su cargo en el IMIPE no mostró ninguna empatía con la sociedad, sino porque en el INAI ya tenían el antecedente de lo que ocurría en el IMIPE. Pero, en fin, también a nivel federal pesan más las amistades que los resultados.

El IMIPE debe pasar de los abusos a la confianza ciudadana, debe convertirse en verdadero organismo autónomo y útil para el acceso a la información y debe convertirse en una útil herramienta para el combate a la corrupción y en fuente para mejorar la administración pública. En lo que resta del 2020 el IMIPE debe crear las bases de cómo atenderá el rezago de recursos, ejecutar acciones para que las instituciones no opten por aumentar el número de quejas y proponer mejoras en la Ley de Transparencia local. Su misión también será hacer cumplir la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y para ello puede ayudarle el involucramiento de la sociedad, en especial de los jóvenes.