Escala de Grises - Violencia deportiva

Este lunes 25 de agosto, el diario Animal Político reveló que la colectiva “Ni Una Atleta Más”, impulsada por Teresa Ixchel Alonso García (ex-seleccionada nacional de natación artística), busca reformar la legislación federal para tipificar la violencia deportiva y la violencia contra deportistas como delitos específicos.

Como sobreviviente de violencia deportiva, el objetivo de Teresa Alonso es que exista una sanción clara para “agresiones psicológicas, chantaje, agresión sexual u hostigamiento”, ya que ninguna de estas conductas está actualmente contemplada en el Código Penal Federal, lo que deja en riesgo la integridad de la comunidad de atletas.

Las agresiones y abusos en el ámbito deportivo mexicano no son ni nuevos ni recientes. En 2016 se registraron casi 30 mil casos de posibles delitos sexuales en el deporte de alto rendimiento. En 2022, el tema fue visibilizado con el estreno de "La caída”, una película basada en testimonios de varias deportistas.

Sin embargo, las autoridades además de no tipificar adecuadamente las denuncias existentes, también ignoran las necesidades de una comunidad que es víctima de múltiples abusos. Aunque es un secreto a voces, ni siquiera existe un censo nacional que registre estos casos de violencia en el deporte, no hay apoyo institucional y los obstáculos del sistema desincentivan a quienes buscan alzar la voz para exigir justicia.

Y, aún sin censos, los datos disponibles son alarmantes. De acuerdo con el INEGI, el 78% de las mujeres deportistas que han denunciado violencia no recibieron seguimiento en sus casos. Por otro lado, el 90% de quienes sufren hostigamiento o abuso dentro de su entorno deportivo prefieren guardar silencio por miedo a represalias.

A pesar de las cifras que se han recuperado en la última década, la falta de estadísticas actualizadas refleja, por sí misma, el desinterés institucional: no hay una base de datos oficial que contabilice las agresiones contra atletas, lo que invisibiliza la magnitud del problema y perpetúa la idea de que son “casos aislados” cuando, en realidad, el problema es estructural.

El fenómeno tampoco es exclusivo de México. En Canadá, un estudio realizado con más de mil atletas de alto rendimiento reveló que el 75 % sufrió algún tipo de maltrato durante su carrera, siendo el abuso psicológico el más frecuente, seguido por negligencia y acoso sexual.

La violencia en el deporte es un problema global. Sin embargo, en comparación con México, otros países están mucho más avanzados en generar diagnósticos y políticas públicas para enfrentarlo.

Incluso con integrantes del mismo gremio al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, parece que la normalización de la violencia y su invisibilización han puesto una barrera de pasividad que, junto a la ineptitud de las autoridades, ha logrado minimizar las denuncias, retrasar las investigaciones y negar lo que ocurre.

Reconocer que el maltrato no es parte del entrenamiento, sino una violación de derechos humanos, es el primer paso para desmantelar la cultura de impunidad que sostiene este sistema. La violencia en el deporte no es solo un problema de federaciones o entrenadores: es un asunto de salud pública y de derechos humanos.

Para sorpresa de nadie, la indiferencia institucional no se reduce únicamente a un vacío administrativo, es una absoluta negligencia que tiene un impacto tremendo a nivel individual que puede ir desde el abandono de la carrera hasta problemas severos de depresión o estrés postraumático. Si consideramos las repercusiones colectivas, además de la desconfianza en las instituciones, tenemos una formación de talento que está cada vez en mayor riesgo.

No basta con alabar el deporte como una parte fundamental de la vida ni con los murales para celebrar las medallas en competencias internacionales, no hay un solo gesto simbólico que compense los años de daños. Resulta urgente que las comisiones deportivas y las autoridades responsables de las fiscalías opten por tener una mirada complementaria para abordar cada denuncia.

Frente a esto, resulta indispensable construir alternativas reales que rompan con el ciclo de normalización y silencio. México necesita protocolos obligatorios y públicos, con mecanismos independientes de investigación, sanciones claras y presupuestos específicos para la prevención de la violencia deportiva.

También es urgente ofrecer acompañamiento psicológico gratuito a las víctimas, formar equipos especializados para atender denuncias y capacitar a entrenadores bajo estándares internacionales de respeto y ética. No se trata solo de generar reformas legales, sino de transformar la cultura deportiva para poner la dignidad y la seguridad de los atletas en el centro.

Ni una atleta más:
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@Arendy_Avalos en X y Threads