Escala de Grises - Problemas burocráticos

Después de que se confirmó la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) por decreto de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim) pasó a ser el organismo responsable de operar estrategias para, como su nombre lo indica, combatir la violencia de género en el país.

A pesar de la reorganización, parece que los cambios administrativos y el tiempo de adaptación por parte de las instituciones no avanza de manera ideal, especialmente en lo que respecta a cuestiones de presupuesto. De acuerdo con lo establecido por el poder Ejecutivo, el Conavim sería responsable de implementar estrategias en diferentes estados de la República con una inversión de 719 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo con Animal Político, ese monto no les fue otorgado hasta el pasado mes de abril, por lo que los primeros tres meses del año operaron sin los recursos suficientes (289 millones de pesos) para llevar a cabo el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).  Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para poder distribuir el presupuesto a las entidades contempladas.

¿Qué significa eso? En resumen, un retraso significativo en la operación de los institutos de mujeres a nivel nacional. La ausencia de recursos también implica que no se han dado a conocer las reglas de operación, las propuestas por parte de cada órgano, la aprobación de éstas y, por lo tanto, la falta de acción en materia de violencia de género.  

Las consecuencias, por supuesto, pueden contemplarse en el contexto actual que enfrentan [enfrentamos] las mujeres a nivel nacional. A pesar de que la situación de violencia ha inundado la agenda durante los últimos meses (no digamos los últimos años), las autoridades responsables no encuentran un sentido de urgencia suficiente para agilizar el proceso.

Como si eso no fuera suficiente, también se dio a conocer que los 75 centros de la Red Nacional de Refugios (RNR) continúan sin recibir los 430 millones de pesos correspondientes debido al mismo problema burocrático. ¿Qué significa eso? Que o solo están detenidos los planes para prevenir la violencia de género, también las posibilidades de contener y atender casos particulares de maltrato, abuso y hasta amenazas de muerte.

Actualmente, la RNR presenta deudas con proveedores de alimentos y medicamentos, así como la opción de trasladar a mujeres e infantes víctimas de violencia a lugares seguros dentro o fuera del país. ¿Qué posibilidades quedan, entonces? ¿Cuáles son las alternativas para quienes deben permanecer lejos de sus agresores, pero no cuentan con el apoyo de las instituciones destinadas para eso?

El problema de la violencia, como le he dicho siempre, es sistemático. No hay mejor ejemplo que éste. De acuerdo con las decisiones por parte de la presente administración, la violencia en contra de las mujeres no es una de las tantas prioridades que deben atenderse. ¿Por qué? Porque, según el imaginario colectivo, no es un problema tan grave y, de acuerdo con el mismísimo presidente de la República, todo es culpa del neoliberalismo.

Sin embargo, el panorama es desolador cuando volteamos la mirada a los feminicidios ocurridos durante las últimas tres décadas, por decir lo menos. Ahora, si contemplamos aristas como la violencia económica, física, emocional, psicológica y sexual, resulta más que evidente (desde aquí) la necesidad de resolver, contener y prevenir que las cifras de mujeres violentadas sigan aumentando.

No necesitamos irnos tan lejos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros tres meses del 2022 se incrementó un 9.5% el número de mujeres víctimas de algún delito. El pasado mes de marzo se acumularon más de 10 mil casos, una cifra que no se tenía desde enero de 2015.

En lo que respecta a los estados con los números más elevados, el Estado de México continúa en la posición número uno con casi 6 mil víctimas; seguido de Guanajuato, Jalisco, la Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Chihuahua y Puebla. A pesar de que las 32 entidades del país no aparezcan en los primeros lugares, consideremos que la violencia de género está presente en cada rincón de México.

El mismo problema que enfrenta la Conavim se vive todos los días en las fiscalías y en los ministerios públicos. La negligencia por parte del personal para atender una sola denuncia de desaparición, abuso sexual o acoso se ha dado a conocer hasta el cansancio y, como ocurre con la violencia de género per se, se ha normalizado al grado de volverse invisible.

Ahora, si contemplamos las faltas que las instituciones y las autoridades han acumulado hasta el momento en lo que respecta a la protección, seguridad e integridad de las mujeres, culpar al Estado por los feminicidios, las desapariciones y la violencia de género en el país ya no suena tan disparatado.

¿Y si ya ordenan su papeleo?

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