Serpientes y escaleras - Los magistrados de Graco

La justicia llega tarde, pero a veces llega.

Los magistrados de Graco

Una de las jugadas mejor planeadas por el gobierno pasado fue el acuerdo con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Experimentado en la cosa pública, en juicios políticos y conocedor de los caminos y recovecos legales de los poderes, Graco Ramírez supo desde que llegó a la gubernatura que la alianza con el Poder Judicial era clave para su tranquilidad. El TSJ es una parte muy importante en la red de protección de la administración anterior; la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años fue el pago que el mandatario hizo para que el blindaje en el TSJ fuera total.

Vamos por partes:

Graco Ramírez tenía claro lo que iba a hacer en el gobierno desde que se postuló como candidato. La suya no fue una campaña cualquiera, requirió de un trabajo profesional que incluyó un cambio de imagen personal, la construcción de un discurso para cada sector y una campaña publicitaria que comenzó tres años antes de que se instalaran las urnas.

La inversión del tabasqueño en su empresa fue enorme y los recursos se obtuvieron desde varios lados; el perredista hizo múltiples compromisos para obtener la candidatura y otros más después de que arrancó el proceso electoral. Estratégicamente hablando, el diseño de campaña de Ramírez Garrido fue perfecto, pero los compromisos que asumió el candidato fueron enormes.

A todo esto se sumó el acompañamiento familiar que desde el primer día tuvo el gobernador. El más grande compromiso de Graco Ramírez fue con su esposa, con quien cuentan los que han estado cerca del matrimonio desde hace muchos años, lo une más una relación política y de negocios que un afecto personal.

Elena Cepeda incluyó en el acuerdo nupcial a sus hijos y juntos hicieron del gobierno un negocio familiar en el que durante seis años no hubo quien les negara algo o limitara sus inmensas ambiciones. La prole del gobernador compartió el poder, utilizó los recursos públicos, intervino en las decisiones de gobierno, manipuló las instituciones, designó personal dentro de cada dependencia, se hizo cargo de las compras, palomeó los contratos y al final intentó proyectar a Rodrigo Gayosso a la gubernatura.

No había manera de que las cosas salieran bien en ese sexenio, porque la prioridad del matrimonio fue ganar dinero, aunque se violentara la ley. Elena Cepeda y sus hijos son los más grandes depredadores que ha padecido Morelos: lastimaron a muchas personas, utilizaron el gobierno para descargar sus odios y frustraciones personales, hicieron negocios a costa del estado, se robaron el dinero de la gente y reiteradamente violentaron la ley. Por esto último era fundamental cuidar la salida.

Al iniciar su sexenio el gobernador Ramírez trató tomar el control del Poder Judicial sin dar nada a cambio; Graco se asumió como un rey e intentó que los tres poderes de la entidad se doblegaran a sus designios. Así transcurrieron unos años de toma y daca con los magistrados, hubo momentos buenos y malos, encuentros y desencuentros, pero nunca una sumisión total del tribunal a los intereses del ejecutivo… hasta que llegó la nueva presidenta.

El arribo de Carmen Cuevas López no fue casual, su designación como titular del Poder Judicial de Morelos fue resultado de la división en el grupo de la entonces presidenta Nadia Luz Lara Chávez y de la intervención del gobierno estatal a través de algunos de sus diputados locales.

Con un escenario político y social que se le descomponía aceleradamente, con demandas, procedimientos contra su familia y gobierno, y con un panorama electoral que le daba la espalda, el gobernador compró un seguro a través de los magistrados: los jueces que eventualmente lo podrían juzgar, serían sus empleados.

El primer paso de la estrategia de blindaje del perredista fue la designación de Carmen Cuevas López como presidenta del Poder Judicial; el segundo fue el pago a los magistrados ampliando su periodo de 14 a 20 años.

En la edición del 24 de febrero del 2017 el periódico oficial Tierra y Libertad publicaba que los 22 magistrados en funciones del TSJ, TUJA y TJA “Por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes”.

Con esta publicación el jefe del ejecutivo cerró su pacto de impunidad con los magistrados y se despreocupó de cualquier acción que llegara a los tribunales morelenses. Además de otro tipo de beneficios económicos personales, Graco Ramírez otorgó a sus aliados 6 años más de inamovilidad, contraviniendo la ley, la ortodoxia y el respeto que merecen todos los profesionales del derecho y miembros del poder judicial.

La ampliación del periodo de los magistrados fue severamente criticada por muchos sectores de la población y combatida jurídicamente por algunas personas e instituciones, como la CEDH. La resolución dictada hace un par de días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos es inapelable y como consecuencia se anula la ampliación del periodo, por lo cual seis magistrados deberán dejar inmediatamente el cargo.

Con esta resolución, además, cambiará la correlación de fuerzas al interior del Poder Judicial y los graquistas pierden fuerza; los efectos del fallo de la SCJN son jurídicos, pero las consecuencias de también son políticas y pueden alcanzar al ex gobernador y a su gente. Ítem más: después de ver esto, habrá que estar atento a la querella que un grupo de magistrados interpuso en contra de Rubén Jasso, porque fue nombrado presidente sin que se cumplieran los requisitos legales, empezando por el quorum necesario para llevar a cabo la sesión.

La determinación de la Suprema Corte llega en un momento políticamente interesante y podría generar una carambola política de muchas bandas. Al desmoronarse el bloque de magistrados que protegen a Graco Ramírez, la lógica que ha imperado en el poder judicial desde hace años va a cambiar y los pillos podrían ser llamados a cuentas.

Frente a figuras como Carmen Cuevas o Rubén Jasso, acusadas de corrupción y cuestionadas por la parcialidad de sus actos, hay magistrados como Carlos Iván Arenas y Andrés Hipólito, a quienes se les reconoce probidad y congruencia en sus actos. En ellos recae la esperanza de que el TSJ se recomponga.

Lo que viene para el poder judicial de Morelos es incierto, pero las cosas a partir de ahora podrían ser diferentes. El titular del TSJ pierde fuerza, se puede quedar aislado y está en incertidumbre por las denuncias y procedimientos que hay en su contra; desde un ángulo político, el ex gobernador Graco Ramírez perdió una batalla muy importante y su suerte podría cambiar, porque su escudo protector en el TSJ se ha debilitado.

Con el fallo de la SCJN y el reacomodo al interior del Poder Judicial, finalmente podríamos ver justicia en Morelos.

• posdata

Haciendo gala de una fuerza excesiva, con un operativo policiaco-militar superior al que se ha utilizado en algunas ocasiones para detener a miembros del crimen organizado, este lunes la Fiscalía Anticorrupción de Morelos llevó a cabo una diligencia en las instalaciones del gobierno municipal.

La actuación de la fiscalía llamó la atención de propios y extraños, porque quienes participaron en el operativo atravesaron camionetas en las calles para cortar la circulación, portaban armas largas y a decir de las autoridades de la capital, los encapuchados sustrajeron documentación que nada tenía que ver con la denuncia que motivó la acción, además de que se llevaron información confidencial de los trabajadores.

Del lado contrario, el fiscal anticorrupción Juan Salazar afirma que lo sucedido responde a la investigación que se sigue a cinco integrantes del gobierno de Cuernavaca, amén de que se procedió de esa forma porque en la alcaldía se negaron a cooperar y ocultaron la información que se les requería.

Dos cosas me llaman la atención en esta historia:

1. La denuncia y los elementos que dieron pie a la investigación en contra del presidente municipal parecen surgir de alguien muy cercano a Antonio Villalobos; los detalles expuestos en la nota publicada hace unos días y los puntos específicos tras los que va la fiscalía, incluyendo las propiedades, los vehículos, las transacciones y los nombres de las personas vinculadas al edil como supuestos prestanombres, no son del conocimiento de cualquiera. Y
2. La rápida y explosiva acción de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos en esta denuncia se sale de la lógica operativa de esa oficina, es decir, rompe con la pasividad, tortuguismo y torpeza que históricamente ha caracterizado a Juan Salazar Núñez. Aunque con detalles confidenciales, la denuncia en cuestión no es la primera que presentan contra el alcalde, ni tampoco la única que existe contra figuras de la política. ¿Por qué la Fiscalía ahora sí actuó rápido y lo hizo con tanta fuerza?

Los hechos del lunes pasado son solo una parte de la historia que involucra a estos personajes de la vida pública. El tema es serio y como tal debe atenderse, el alcalde no puede minimizar esta acción, ni tampoco se debe confiar en que todo quedará en un escándalo mediático. Sean o no reales las acusaciones y las pruebas presentadas en su contra, Antonio Villalobos debe tener una sólida defensa legal, sin mencionar que también necesita un apalancamiento político, porque la reacción del fiscal es, por decir lo menos, inusual.

Si observamos estos hechos desde una óptica política, suponiendo que la denuncia ciudadana y acción de la fiscalía responden a un interés distinto al de hacer justicia, lo que sigue no es del todo claro, porque para dejar a Villalobos fuera de la contienda electoral del próximo año será necesario que las acusaciones se comprueben, el juicio concluya y el procedimiento lo inhabilite.

Si Villalobos sale avante de la embestida y libra la acción judicial con una estrategia legal, política y de comunicación eficiente, lo cual no es nada sencillo, de todas formas llegará debilitado a la contienda. Si el proceso en su contra avanza y lo quitan del camino político, su partido deberá buscar a alguien más con quien competir, de entre las pobres figuras que tienen en la capital de Morelos.

En cualquier escenario, quien pierde con las acciones de la Fiscalía Anticorrupción es Morena. ¿Ese es el objetivo real del fiscal?

• nota

Es oficial: el congreso de Morelos ha sido oficialmente notificado de que los magistrados Carmen Verónica Cuevas, Miguel Ángel Falcón, José Valentín González, Rocío Bahena y Ángel Garduño, dejaron de ser magistrados del Poder Judicial de Morelos. Lo mismo ocurre con los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Martín Jasso Díaz y Jorge Estrada Cuevas.

La historia puede no terminar aquí: algunos de los antes mencionados podrían intentar mantenerse en el cargo utilizando algún camino jurídico; otros como Carmen Cuevas deberán enfrentar desde fuera del TSJ las acusaciones y revisiones que aún existen por las decisiones tomadas como presidenta del Poder Judicial, particularmente por la manera como utilizó el dinero.

Así es el poder: un día estás al frente, ordenas y tomas las decisiones y al otro te quedas fuera y debes enfrentar lo mismo que le hiciste a otros.

Karma, le dicen.

• post it

Solo para contextualizar la manera como actuaba el poder judicial bajo las órdenes de Graco Ramírez con Carmen Cuevas como aliada, recordemos lo que José Manuel Sanz y Cuauhtémoc Blanco declararon unos días después de haber asumido el cargo.

“De enero a septiembre de este año, de las cárceles del estado de Morelos dejaron en libertad a más de 1 mil 20 personas, es una situación que tendremos que analizar en conjunto con el Poder Judicial para ver si esta gente que quedó en libertad cumplieron sus condenas o por qué las dejaron en libertad, creo que es parte de una situación para desestabilizar al estado” Sanz.

“La Administración pasada ha dejado (en libertad) varios presos, para que estén enterados, por eso hay ésta inseguridad que se vive el día a día, el día a día que ustedes lo viven y lo palpan en sus colonias, así como yo cuando era joven, cuando tenía seis, siete años y también tenía inseguridad y créanme que en eso vamos a trabajar, no vamos a parar hasta darles paz” Blanco.

• redes sociales

Los carniceros de hoy serán las reses de mañana.

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