Escala de Grises - No pasa nada

En el 2018, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas le dio recomendaciones al Estado mexicano para frenar la violencia en contra de las mujeres. Dos años después, Amnistía Internacional (AI) denunció la falta de acciones por parte de las autoridades en materia de feminicidio, desaparición y violencia de género.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo entre enero y agosto de este año se han abierto 626 carpetas de investigación por feminicidio en México. En 2019, las fiscalías reportaron 934 carpetas. 4.8% más que en 2018. La violencia en contra de las mujeres no se detiene, crece. 

Sigamos con los números. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de 2015 al 2018 fueron asesinadas 12 mil 378 mujeres. Derivado de esos delitos, únicamente se abrieron 407 sentencias condenatorias por feminicidio. Durante ese mismo periodo (tres años) ocho entidades del país no reportaron ni una sola sentencia de asesinato por razones de género.

Todos los días, rostros de mujeres desconocidas inundan las plataformas digitales. Una postal exhibe sus características y señas particulares, la ropa con la que fueron vistas por última vez, el día de su desaparición y números para contactar a la familia en caso de tener alguna información.

Todos los días, las personas que empatizamos con esa tragedia compartimos el contenido, esperando que llegue a los ojos correctos y que esos mismos ojos no miren para otro lado, para el de la indiferencia.

Las desapariciones forzadas en México son uno de los tantos problemas que también están atravesados por el género. Mujeres de todas las edades desaparecen en todas las entidades del país y, en el peor de los casos, días meses o años después lo único que queda de ellas son sus cuerpos violentados, abandonados, sin justicia.

Las noticias sobre feminicidios, las historias de las mujeres a las que asesinaron hombres cercanos a ella o desconocidos circulan por los medios de comunicación (su columna de confianza incluida). Se crean etiquetas en Twitter con Justicia como la palabra compañera de los nombres que son pronunciados con un profundo dolor, como un primer nombre que todas deberían compartir, en lugar de Impunidad.

Las autoridades —en todos los niveles de gobierno— parecen no darse cuenta del problema. Organismos internacionales como la ONU han recalcado una y otra vez la importancia de generar protocolos e implementar acciones que ayuden a frenar este problema y, sin embargo, parece que nadie escucha.

Sherlyn Pérez

La mujer que le da título a este apartado tenía 17 años y vivía en el Estado de México. El 13 de julio, Jesús Antonio, su exnovio de 19 años, entró a su domicilio y le disparó porque no quiso regresar con él. Después de cometer el delito, subió a una motoneta y huyó. Hasta el momento en el que se redactó esta columna (tres meses después del feminicidio), no se tenía información sobre su paradero.

El noviazgo de Jesús con Sherlyn duró tres meses. Ella notó comportamientos agresivos en su pareja, dejó de sentirse cómoda y terminó con él. Los días siguientes él continuaba buscándola para pedirle que volvieran a estar juntos.

Quince días después, Jesús le llamó 67 veces, el último registro fue a las 7:54. Minutos después, irrumpió en casa de Sherlyn, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza. Sin embargo, sus familiares pudieron llamar a los servicios de emergencia para intentar salvarla.

Según la madre de la víctima, la ambulancia tardó más de 40 minutos en llegar. Sherlyn fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, donde no pudieron atenderla de forma correcta por ausencia de tomografías.

A pesar de las denuncias, el feminicida sigue enviando a la familia para amenazarles. La respuesta de las autoridades fue “no pasa nada”. Bajo esta misma línea, se negaron a darles acceso a la carpeta de investigación.

¿Quiénes, si no son las autoridades, son las personas indicadas para resolver estos delitos? ¿En quiénes se puede confiar cuando las personas responsables de encontrar justicia ni siquiera pueden llevar a cabo el debido proceso?

Hace ocho años, el feminicidio se tipificó como delito a nivel federal y solo 26 estados de la República cuentan con un protocolo para estos casos. Protocolo que, como hemos podido ver en esta y otras Escalas¸ no sirve de mucho.

Si no se tiene una intención y un protocolo de acción real para intentar frenar esta situación, los mecanismos, campañas, registros y capacitaciones son un vendaje superficial para una herida que lleva años abierta.

La violencia de género es un problema estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que atraviesa cada una de las esferas sociales, que está presente en las instituciones y que, en la mayor parte de los casos, sigue normalizada, invisible.

Los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres son una pandemia, el machismo y sus consecuencias son un problema de salud pública de cuyo riesgo no escapamos con usar cubrebocas o con la sana distancia, aunque muchos sigan insistiendo en lavarse las manos.

Cuando las autoridades dicen que “no pasa nada” tienen toda la razón. No pasa nada porque la impunidad la traemos tatuada, porque la injusticia está normalizada, porque no hay interés alguno en resolver este tipo de crímenes, porque no entienden a quién le gritamos cuando exigimos justicia.

Para resolver el problema no solo se necesita la cooperación de los gobiernos, se necesita tomar consciencia y ver con ojos críticos nuestras acciones, nuestros pensamientos. Identificar todo lo que reproduce el ciclo de violencia e irlo quebrando.

Esta es mi trinchera:

arendy.avalos@gmail.com

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