Observador político - ¿Se impondrá la justicia de género en el Congreso?

A solo tres meses de que inicie el proceso electoral en Morelos, lo único cierto es que existe una incertidumbre política en el Congreso de Morelos; sobre todo, porque la situación continúa siendo caótica, ya que la lucha interna entre sus legisladores está lejos de llegar a su fin. Esto ha dejado en un limbo el futuro político de varios de ellos, quienes podrían ver su participación en el próximo proceso electoral amenazada.

EL INICIO DEL CONFLICTO.-  Todo esto está pendiente de la decisión que tome la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a la acción jurídica presentada recientemente por la diputada de Morena, Mirna Zavala en contra de sus colegas.

Hay que recordar cómo se desató esta polémica. En primer lugar, el presidente del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, y los diputados de Morena, Alejandro Martínez, Paola Cruz y Macrina Vallejo, podrían ser incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política por Razón de Género. Esto ocurriría si se confirma en un tribunal de alzada la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEEM), lo que los dejaría fuera de la contienda electoral futura.

En su momento, el TEEM notificó al Poder Legislativo la sentencia emitida el 28 de marzo, en la cual se determinó que estos cuatro legisladores dieron un trato diferenciado y discriminatorio de manera reiterada a su compañera de partido, Mirna Zavala Zúñiga. A pesar de que Zavala Zúñiga cumplió con los requisitos en tiempo y forma, fue rechazada para formar parte de la fracción parlamentaria de Morena.

LA REVOCACIÓN DE LA SALA REGIONAL.- A pesar de los recientes acontecimientos en el Congreso local, donde la mayoría de los diputados han mostrado un flagrante desprecio por los derechos políticos de sus colegas, la revocación de la sentencia por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la Ciudad de México ha dejado mucho que desear.

La sentencia revocada se refería a la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género de las diputadas de Morena, Macrina Vallejo Bello y Paola Cruz Torres, así como del diputado Francisco Erik Sánchez Zavala. Sin embargo, los magistrados del TEPJF argumentaron que el Tribunal Estatal de Morelos no tenía la competencia para tomar una decisión sobre este asunto, ya que se trataba de "actos interparlamentarios".

Aunque es cierto que la integración de las fracciones parlamentarias debe ser decidida por los propios legisladores, sin intervención externa, es igualmente importante considerar la violencia política de género y la necesidad de combatirla; parece que los magistrados del TEPJF optaron por dar prioridad a la autonomía del Parlamento sobre la protección de los derechos de las mujeres en la política.

En su momento, la magistrada presidenta del TEPJF, María Guadalupe Silva Rojas, afirmó que "no todas las desavenencias parlamentarias pueden ser revisables por la jurisdicción electoral". Esta afirmación es preocupante, ya que implica que los actos de violencia política de género pueden no ser considerados como un tema de competencia electoral, lo cual es un claro retroceso en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en la esfera política.

La revocación de la sentencia por parte del TEPJF ha dejado un sabor amargo en cuanto a la protección de los derechos políticos de las mujeres. La priorización de la autonomía parlamentaria sobre la lucha contra la violencia política de género es preocupante y refleja la falta de compromiso de nuestras instituciones para garantizar la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se tomen medidas concretas para abordar y erradicar esta forma de violencia, asegurando que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos sin temor a represalias.

EL DESAFIO DE MIRNA ZAVALA.- En medio de un clima político agitado y a solo tres meses de que inicie el proceso electoral 2023-2024, la diputada y catedrática universitaria Mirna Zavala Zúñiga ha decidido enfrentar un fallo que considera una violación a sus derechos políticos. La Sala Regional de la Ciudad de México ha sido el centro de la controversia al no reconocer los actos de violencia política de género dirigidos hacia Zavala Zúñiga y otros legisladores, quienes podrían enfrentar sanciones que les impedirían continuar en la vida política.

Es fundamental destacar que la lucha de la diputada Zavala Zúñiga es un intento por hacer valer los derechos de las mujeres en el ámbito político y frenar la impunidad en casos de violencia política de género. En esta ocasión, Zavala Zúñiga ha recurrido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar un recurso de reconsideración ante la última resolución de la Sala Regional.

El fallo de la Sala Regional, que determinó suspender la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para sancionar a los legisladores acusados de violencia política, ha generado preocupación sobre la protección de los derechos políticos de las mujeres en México; en este sentido, Zavala Zúñiga ha resaltado que la decisión final recae en la Sala Superior, la cual tiene la potestad de incluir a los legisladores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La falta de reconocimiento y protección hacia las mujeres que sufren este tipo de violencia socava los principios democráticos y limita su participación en la esfera política, por lo que es crucial que las instituciones encargadas de impartir justicia actúen con imparcialidad y diligencia para garantizar que las víctimas de violencia política obtengan la justicia que merecen. El caso destaca la importancia de erradicar la violencia política de género y promover una sociedad más equitativa y democrática.

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