Escala de Grises - Los demonios del Edén
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos 
Hace quince años, se imprimió por primera vez el libro que le da título a esta columna. En él, la periodista Lydia Cacho expuso delitos como pornografía, prostitución infantil, corrupción y pederastia en México, a manos de empresarios y funcionarios públicos.
Unos cuantos meses después, fue detenida en Quintana Roo, pues se le acusaba de difamación y calumnia. Se trasladó a Puebla vía terrestre y, durante más de 20 horas, fue víctima de tortura psicológica y amenazas de muerte.
El 16 de enero de 2006, la periodista fue exonerada de los delitos. Sin embargo, ahí no terminó el peligro. Cacho se vio obligada a salir del país en agosto del 2012, luego de recibir otra serie de amenazas.
Dos años atrás, el Comité de Derechos Humanos pidió a México reparar los daños (tortura, violencia de género y detención arbitraria) contra la también activista. A principios del 2019, el Gobierno mexicano brindó disculpas por la persecución sufrida en 2005 y se reconocieron las omisiones del Estado (violación del derecho a la libertad de expresión, detención arbitraria, tortura, violencia y discriminación de género; impunidad y corrupción).
Hace casi un año, el 21 de julio, dos hombres allanaron la casa de la periodista para robar una gran cantidad de información. Del incidente, nació la iniciativa #CasoLydiaCacho en el portal change.org para exigirle al Estado mexicano la reparación integral del daño a Cacho Ribeiro. El video que acompaña la petición sigue como publicación fija en la cuenta de Twitter de la escritora.
Si usted siente que está en un déjà vu, no se asuste. Efectivamente, el recuento de los acontecimientos más significativos del caso Lydia Cacho fue publicado en la Escala de Grises titulada “La verdad nadie se la roba” (véase 23/07/2019). Sin embargo, el horror para la defensora de los Derechos Humanos parece prolongarse cada vez más.
En abril del 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo ordenó la aprensión de Mario Marín, exgobernador de Puebla; Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla; y Kamel Nacif Borge, empresario acusado de participar en la tortura hacia la periodista y colaborar en delitos como trata de menores y pedofilia. Aunque desde mayo de ese año la Interpol emitió la orden de buscarlo en más de 190 países, sigue prófugo.
El fin de semana pasado, Alejandro Gertz Manero afirmó en un programa de radio que la Fiscalía General de la República (FGR) envió una solicitud de extradición a Líbano, por un personaje vinculado con el caso de Lydia Cacho. A pesar de que no se mencionó el nombre de Nacif Borge, no hace falta darle muchas vueltas al asunto.
Luego de esto, Lydia Cacho publicó un tuit, en el que acusó al fiscal de ponerla en peligro: “Miente Gertz Manero, Kamel Nacif fue ubicado por mí y la FGR confirmó su ubicación hace un año. NO ha sido arrestado. Acuso al Fiscal General de haber roto el sigilo de mi caso y, con ello, ayudar a mi torturador y tratante de niñas a escapar de su escondite”.
Lo construido durante tres lustros parece desmoronarse, pues la estrategia que las autoridades mexicanas, las organizaciones involucradas en el caso y el equipo de la misma periodista han quedado expuestos.
Ahora, no pequemos de inocencia. Este no es el primer error que comete Gertz Manero. A pesar de que el fiscal figura entre las filas de la Cuarta Transformación, parece que la realidad y la complejidad de su cargo lo superan. En una entrevista, Cacho Ribeiro mencionó que, tal vez, el fiscal tiene algún “interés en que el caso no llegue hasta las últimas consecuencias”.
No sé si a usted también le resulte un poco obvio, pero me daré el lujo de mencionar que el caso de Lydia es una pieza fundamental para empezar a derrumbar —a nivel nacional e internacional— los delitos que ha documentado y denunciado en sus obras. No se puede desvincular su caso con una red que se mueve por terreno internacional. Sin embargo, ya vimos que la impunidad tiene permitido pasear por todas las fronteras.
Ahora, el Gobierno mexicano tiene la responsabilidad de pagar con justicia una deuda que lleva generando intereses desde hace quince años. Entregarle a Lydia Cacho un chaleco antibalas no se acerca ni tantito a las medidas de protección (y garantía a la libertad de expresión, de paso) que se requieren para abordar el problema.
Pretender que la violencia ejercida en contra de la periodista (una de las más importantes en los últimos años, me atrevo a decirlo) no está relacionada con delitos más complejos, sería —como dice el cliché— querer tapar el sol con un dedo.
La recomendación: Para conocer más al respecto y tener todos los elementos a su alcance, consulte Los demonios del edén. Entre las páginas escritas por Lydia Cacho encontrará datos y testimonios acerca del abuso sexual infantil, la corrupción y otros eslabones de una de las cadenas más peligrosas del mundo. Dolorosísimo de leer, pero completamente necesario para exigir justicia.
La verdad nadie se la roba:
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